“Si ven cuestiones irregulares, ya saben dónde acudir”: Diez defiende su Plan de Control Financiero de las críticas

“El Plan de Control Financiero elaborado por Intervención recoge cosas normales y habituales de la gestión que se produce en una administración, donde es normal que haya problemas en ocasiones, pero si el Partido Popular ve cuestiones irregulares, ya sabe a dónde tiene que acudir”.

Así lo afirmó hoy el alcalde de León, José Antonio Diez, después de que el portavoz popular, David Fernández, asegurase que los informes recogidos en el documento, "recibidos con más de tres meses de retraso", suponen “una enmienda a la totalidad de la gestión del alclade, al poner en evidencia y elevar a documento oficial su mala gestión". 

José Antonio Diez explicó que el informe “analiza cuestiones evidentes”, algunas de las cuales “estaban ya subsanadas con anterioridad a que se emitiera”, así como otras cuestiones “básicas”. Entre estas últimas, el alcalde de León aludió al contrato de transporte público, respecto al que recordó que “se trata de un convenio firmado con la Junta de Castilla y León”, por lo que “no es una cuestión irregular”.

Finalmente, José Antonio Diez apuntó que el Plan de Control Financiero recoge “cuestiones y valoraciones” sobre personal que “no tienen más transcendencia que su opinión en relación a ellas”.

PP

Sin embargo, Fernández aseguró que el informe hace alusión al “cumplimiento de normativa”, respecto a lo que “el interventor denuncia que existen prestaciones extemporáneas, con numerosos y cuantiosos contratos ya vencidos”, entre los que destacó el de renting de los vehículos de la Policía Local, la ayuda a domicilio, los suministros de la residencia o de servicios sociales, la energía o el mantenimiento de la red semafórica, “que suman un valor anual de cuatro millones de euros”.

En este mismo capítulo, afirmó, “también incide en las prestaciones de bienes o servicios recibidos por el Ayuntamiento en los que se ha prescindido totalmente del procedimiento legal preceptivo” y que suponen “800.000 euros anuales en prestaciones como el del mantenimiento del parque de la Chantría, el alojamiento externo de datos o el ensobrado de notificaciones”, que “deberían hacerse de manera legal, con transparencia y con el cumplimiento de la ley para salvaguardar los intereses generales de los leoneses y de los contratistas”.

En materia de contratos, los populares explicaron que el informe también menciona el “posible fraude” de la adjudicación de contratos por el criterio de la reducción del plazo de ejecución "en detrimento de la oferta económica más ventajosa", respecto a lo que el PP estará “vigilante y atento a las conclusiones de la auditoría que el interventor anuncia que realizará sobre los contratos de edificaciones, infraestructuras y obras”.

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Además, expresaron que el interventor pide que se elabore un plan estratégico de inversiones, plurianual, “que evitaría estas irregularidades tras el vencimiento de algunos contratos sin ser renovados y que mejoraría la eficacia buscando, por ejemplo, la coordinación en la ejecución de obras” que implementen, por ejemplo "las canalizaciones de la nueva red de calor, las de comunicaciones o alumbrado público o la renovación de redes de saneamiento o abastecimiento, junto con las actuaciones, por ejemplo, que se hacen para mejorar urbanísticamente las calles”.

Según los populares, el plan también abarca la “carencia o falta de fiabilidad de la información financiera”. En este sentido, destacaron que se “denuncia que, tras contratar la aplicación de gestión GPA, no se están cargando en ella los bienes muebles e inmuebles del ayuntamiento", lo que, para estos, impide conocer el valor de los activos municipales, entre otras cosas, como calcular adecuadamente las amortizaciones y el coste de los servicios y actividades que presta el Ayuntamiento.

En cuanto a los contratos vencidos, el PP habló de la “negligencia” del alcalde. “Como sabéis el de transporte urbano está prorrogado a la espera del resultado del convenio entre el Ayuntamiento y la Junta para la coordinación de los transportes urbano y metropolitano, pero el aparcamiento está en una absoluta precariedad que llevamos denunciando ya dos años y medio”.

También se señaló la "inexistencia" del padrón fiscal, necesario para liquidar la tasa por tratamiento de residuos domésticos en la fecha del informe.

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De este modo, el PP afirmó que estarán muy atentos a las auditorías “que ya ha anunciado el interventor sobre las irregularidades de algunos contratos” y señaló que en el acta de la Junta de Gobierno Local celebrada el 13 de diciembre "ya observamos la advertencia del interventor sobre la prestación extemporánea de un contrato, en este caso el de renting de motocicletas de la policía local, afirmando que, al no ver soluciones a la mala praxis continuada en este tipo de acciones se emitiría informe con reparo”.

Asimismo, expresaron que estarán pendientes del plan de acción sobre los riesgos manifestados por el interventor en los tres meses siguientes a la dación de cuenta del Plan de Control Financiero en el pleno municipal "y por supuesto, de su posterior ejecución”.

“Tras ver la espiral a la que nos ha llevado su mala gestión, esperamos un cambio de actitud del alcalde, que no despache el informe del interventor como hace con nuestras críticas, diciendo que no tiene ni idea y que mejore en su aprecio por la transparencia, para que no arrastre los pies cuando tenga que facilitar determinada información que solicitamos. También esperamos un mayor compromiso con la mejora de su gestión. Y para eso es imprescindible que sea más humilde, que baje de su nube y que salga de su conformismo y autocomplacencia. León necesita un alcalde que parlotee menos, y gestione más y mejor”, apuntó el PP. 

UPL

Por su parte, Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León, calificó hoy de “tremendamente graves” algunas de las “irregularidades” en la gestión cometidas por el equipo de Gobierno y recogidas en el Plan de Control Financiero elaborado por Intervención Municipal.

El portavoz del grupo leonesista, Eduardo López Sendino, puso de relieve cuestiones relativas a servicios sociales, limpieza viaria, mantenimiento de edificios y movilidad por “prestaciones realizadas fuera del ámbito temporal de los contratos”.

También "irregularidades en cuanto al control interno de los ingresos, con unos desfases desproporcionados”, ya que hay partidas como el IBI, transferencias de la Administración del Estado o multas “que se reiteran año a año".

Sendino también aludió a "irregularidades" en los contratos como los del servicio de la grúa, renting de vehículos de servicios de limpieza y Policía Local, contratos de ayuda a domicilio o contratos de servicio de suministro energéticos “en los que las licitaciones han dado lugar a prórrogas irregulares”.

Para UPL el informe del interventor “es muy claro en cuanto a las irregularidades cometidas en la gestión diaria por parte del Grupo Municipal del Partido Socialista”, y “sobre todo por la concejalía de Hacienda”, por lo que exigieron “transparencia” y que “se proceda a la debida regularización de todos los óbices planteados por el interventor para evitar irregularidades administrativas que incluso pudieran llevar a responsabilidades en el ámbito personal”.