Imagen de la plantación de Vera Seed

Imagen de la plantación de Vera Seed Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Ávila

Archivada la causa contra una empresa por tráfico de drogas: "Nuestra actividad no tiene nada de delictiva"

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El Juzgado de Instrucción Número 2 de Arenas de San Pedro ha decretado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra la empresa Vera Seed (Cáceres), acusada de los presuntos delitos de tráfico de drogas, cultivo y elaboración de droga y asociación ilícita.

“El comunicado que lanzó la Guardia Civil no es correcto”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León Abraham, uno de los socios de la empresa perjudicada a la que la justicia ha dado la razón.

El fallo del juez, que ha llegado este 21 de noviembre de 2024, tres años después de los presuntos hechos, alivia a una empresa que defiende “su legalidad” y que ejerce una actividad que beneficia a la economía del lugar.   

El conflicto

La Guardia Civil detenía, en el año 2021, a siete individuos como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas, cultivo y elaboración de droga y asociación ilícita. En principio, pertenecían a un entramado empresarial que se dedicaba al cultivo de marihuana ilegal y operaba en España y Suiza.

Según el comunicado de la Guardia Civil, todo arrancaba en agosto, con una inspección en dos explotaciones agrícolas de Candeleda (Ávila) con el fin de confirmar que el cultivo de cáñamo industrial ubicado allí se correspondía con ese cáñamo y con cannabis sátiva.

La operación ‘Edelweis Vera’ arrancaba con un análisis del cáñamo que, como apuntaba la Guardia Civil, “superaba el porcentaje de THC y que poseía un alto contenido, en el principio activo de CBD”. El cultivo, venta y consumo está permitido en algunos países, pero la elaboración de este principio está prohibida en España.

En principio, como el análisis superaba este porcentaje permitido se decidió seguir investigando localizándose a la empresa destinataria de la sustancia con sede en Suiza.

A mediados de octubre de 2021, la Guardia Civil de Arroyomolinos intervino un vehículo pesado en Navalcarnero (Madrid) y hallaba en el interior del mismo “una tonelada de cáñamo que no cumplía con los requisitos establecidos”. Se detuvo al conductor y se descubrió que la mercancía procedía de Candeleda (Ávila).

Se detuvo a un total de siete personas, cinco de ellas agricultores, y otras dos propietarias de una empresa de Villanueva de la Vera (Cáceres), que la Guardia Civil tildó de “intermediaria” y que “daba asesoramiento para su cultivo y gestionaba la venta de las plantaciones”.

Archivo de la causa

Sin embargo, el caso, tras llegar al Juzgado de Instrucción Número 2 de Arenas de San Pedro, ha dado un gran vuelco.

El juez, en su auto de fecha 21 de noviembre de 2024 al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, asegura que, tras las actuaciones “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa”.

El magistrado considera que “las plantaciones que realizaban los investigados eran destinadas a cáñamo industrial”. Apunta que en los exámenes realizados por el Área de Sanidad de Valladolid “se puede observar que algunas muestras no tienen contenido THC”.

Apunta, además que “las que lo tienen son, en todo caso, menores al 0,5%, sin poder concretar en cada caso si es inferior o no al 0,2%”. Se considera que no es cáñamo industrial cuando tiene una concentración en THC superior al 0,5%”.

De la información recibida de Suiza se observa, apunta el auto, que la empresa para la que se realizaban los cultivos “se dedicaba a comprar cáñamo industrial y posteriormente procesarlo y venderlo” por lo que “corrobora la información facilitada por los investigados”.

Por ello procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones y con ello el archivo de las mismas.

“Nuestra actividad no tiene nada de delictiva”

Durante los años de la causa hemos estado con el estigma de la organización criminal, de la marihuana y demás. El comunicado de la Guardia Civil no es correcto”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL Abraham, uno de los socios de Vera Seed, la empresa perjudicada.

Nuestro entrevistado asegura que su empresa ejerce una actividad “legítima y necesaria a día de hoy”. Afirma que se encuentran en una zona en la que “la agricultura está totalmente deprimida” y que “fomentan un cultivo, con el que los agricultores obtienen un mayor beneficio que los establecidos por la PAC”.

Una empresa que incentiva “el cultivo ecológico”, la “sostenibilidad” a base de cáñamo industrial. Lo que ayuda a dinamizar la economía del lugar.

“Llevamos aquí desde 2018, intentando fomentar el cultivo y los productos derivados del cáñamo industrial que tienen una salida muy interesante. El sector al que pertenezco tiene una facturación, solo de venta online en España de más de 10 millones de euros al año”, añade Abraham.

“Nuestra actividad no tiene nada de delictiva”, añade nuestro protagonista que asegura que cuando salta el caso “tiene que cancelar 30 contratos en un pueblo de 3.000 habitantes” que “se estaban ganando el jornal” tras ser intervenida la plantación.

Vera Seed se defiende, después de que la Justicia le haya dado la razón.