Reunión del Comité Preparatorio de la Conferencia de Presidentes
La Junta de Castilla y León exige al Gobierno que se ponga fecha a la Conferencia de Presidentes
- Luis Miguel González Gago, consejero de la Presidencia de la Junta, ha participado en el encuentro.
- Más información: Gago defiende que la Ley de Concordia está "perfectamente encuadrada"
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La Junta de Castilla y León ha exigido al Gobierno que ponga fecha a la Conferencia de Presidentes, de la que solo se conoce que será en Cantabria, antes de que finalice este año.
Así lo ha trasladado el consejero de la Presidencia de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, antes del inicio de la reunión del Comité Preparatorio, encargado de determinar el orden del día y de preparar la documentación.
El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha asistido esta mañana a la reunión del Comité Preparatorio que se ha celebrado en la sede del Ministerio de Política Territorial.
El objetivo de esta reunión era doble para la Junta de Castilla y León: por un lado, el Gobierno autonómico lleva ya varios meses pidiendo al Gobierno de España la fijación de una fecha concreta para la celebración de la Conferencia de Presidentes, que lleva ya aplazándose varios meses por parte del ejecutivo nacional, incumpliendo así con lo dispuesto en el Reglamento de dicho órgano.
Esta petición, de nuevo, no ha sido atendida por el ministro, lo que, en palabras de González Gago, “significa una nueva desatención hacia la urgencia de las necesidades de los ciudadanos españoles, y, en particular, de los castellanos y leoneses”. En todo caso, Ángel Víctor Torres ha asegurado que la intención del Gobierno es celebrar la Conferencia de Presidentes antes de que finalice 2024.
El Gobierno de España ha accedido a incluir en el Orden del Día de la Conferencia de Presidentes los cuatro temas propuestos por la Junta de Castilla y León, al considerar que dichos puntos recogen las preocupaciones expresadas por la gran mayoría de los españoles durante los últimos meses.
El sistema de financiación autonómica, el control de la inmigración irregular, el déficit de profesionales sanitarios, y el problema del acceso a la vivienda y la mejora de la seguridad jurídica de propietarios e inquilinos.
El Gobierno de España, tras meses de negativas y aplazamientos de esta reunión, ha decidido, por fin, escuchar a la mayoría de las comunidades autónomas, que siempre han demostrado querer hacerse cargo del debate constructivo sobre estos problemas, y participar activamente en la búsqueda de soluciones.
Hasta 14 administraciones autonómicas han manifestado su acuerdo con la propuesta de Orden del Día.
González Gago ha aplaudido el consenso alcanzado, y ha asegurado que “este acuerdo demuestra, una vez más, la gran utilidad de las administraciones autonómicas y de la Junta de Castilla y León para luchar por los intereses de sus ciudadanos en el panorama nacional, y para hacer entender al gobierno central la importancia de sus reclamaciones”.
Además, ha vuelto a pedir directamente al presidente del Gobierno que “tras este acuerdo, demuestre su liderazgo atendiendo a lo que los representantes públicos autonómicos democráticamente elegidos tienen que decirle, no por capricho o como maniobra política, sino para velar por los derechos y el bienestar social de los ciudadanos españoles a los que también representan”.
