La Junta exige al Gobierno ampliar el marco para la revisión de precios en las obras públicas

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, demandó hoy al Gobierno de España ampliar el marco para la revisión de precios en los contratos públicos de obras, tras la “fallida” previsión con la se aprobaron los dos reales decretos para favorecer a las empresas constructoras que realizaban trabajos para las administraciones. “No se puede dudar de la intención de la batería de medidas aprobadas por el Ejecutivo centro pero la diferencia entre los objetivos que se marcaron y los conseguidos es más que significativa”, precisó. Citó los ejemplos del precio del litro de la gasolina y el gasóleo, que no ha dejado de crecer hasta situarse por encima de los dos euros, y la denominada ‘excepción ibérica’ para topar el precio del gas que se utiliza para la generación de energía y que en los primeros días de su implementación no ha logrado frenar la escalada del precio del megavatio hora.

Con motivo de la inauguración de la jornada ‘Revisión excepcional de precios en el ámbito de la obra pública’, organizada por el el Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos y la Cámara de Contratistas de Castilla y León, González Corral apostó por que el Estado haga “todo lo que está dentro de sus competencias” para evitar el estancamiento de las empresas contratistas y permitir la ejecución de los contratos públicos. “De no llevarse a término o verse retrasados ‘sine die’, suponen una merma en la calidad de vida de los castellanos y leoneses”, aseveró.

La consejera destacó, según recogió la Agencia Ical, la “compleja” situación económica, motivada por la “desmesurada” subida de los precios del combustible y la energía, la recuperación de los efectos de la pandemia, la escalada “imparable” de la inflación y las dificultades en la cadena de ciertos suministros, compromete el futuro de empresas, autónomos y familias. En concreto, se refirió al impacto del incremento de los precios de las materias primas en las empresas de construcción. De ahí que mencionara los problemas con las nuevas licitaciones o el replanteamiento o la resolución de obras en un estadio avanzado de ejecución.

Ante este panorama, aseguró que la Junta “siempre” estará del lado de las empresas y los autónomos, con independencia del sector. No en vano, precisó que generan empleo y riqueza pero también son una pieza “fundamental” para poner freno al reto demográfico. “Hay que dotar de suficientes oportunidades a los castellanos y leoneses para que no tengan que salir de aquí o vuelvan los que se han ido”, añadió.

Movilizados 37 millones

En este sentido, destacó el paquete de 75 medidas adoptadas por el primer Consejo de Gobierno de la Junta para paliar los efectos del agravamiento de la situación económica, valoradas en 470 millones de euros. En concreto, el eje 16 establecía tres acciones para compensar el incremento del coste de las materias primas y el resto de insumos en los contratos del sector público, que movilizarán 37 millones de euros.

Además, la consejera de Movilidad y Transformación Digital recordó que la Junta ha reclamado al Gobierno de España que la revisión de precios se extienda al resto de tipología de contratos y materiales, dado que el margen para poder acudir a esta reglamentación extraordinaria es “demasiado” exiguo, así como a la ampliación de plazos y eliminación de penalizaciones contractuales por retrasos derivados de la ruptura de la cadena logística.

No en vano, se refirió a la disposición final del real decreto ley que relata los condicionantes que se tienen que dar para poder llevar a cabo una revisión extraordinaria de precios. Los materiales a los que se aplica (siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre), un plazo temporal para hacer la comparativa (no menos de un año y no más de dos), un porcentaje de incremento mínimo sobre el importe certificado durante 2021 (cinco por ciento), y uno máximo de modificación sobre el total por el que se adjudicó la obra (20 por ciento).

De ahí que significara que la Junta ya solicitó formalmente al Gobierno la ampliación del marco en el que se encajaba la propuesta. Tanto en la tipología de contratos; como en los materiales, estimando necesario incluir todos aquellos componentes de la estructura de costes que tengan un peso relevante en la economía de los contratos públicos; y en el ámbito temporal, al objeto de ofrecer mayor certidumbre a entidades públicas y contratistas.