"Un procedimiento pintoresco". Así califica la defensa de varios redactores de Sálvame el denominado caso Deluxe. Se trata de la causa judicial en la que el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid investiga la supuesta filtración de datos confidenciales por parte de un policía al paparazi Gustavo González, que colaboraba en el programa de Telecinco.
En un escrito dirigido al juez y que no había trascendido hasta la fecha, estos ocho periodistas piden el archivo del caso, en el que se investiga un presunto delito de revelación de secretos. El letrado de los reporteros se queja, además, de un "claro sesgo en la investigación policial" sobre estos hechos.
Esta causa judicial se inició cuando la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía detectó que el agente Ángel Fernández Hita habría estado accediendo a bases de datos confidenciales del Ministerio del Interior para obtener información privada de varios famosos y filtrarla a González.
Se trata de celebrities como Dulce Delapiedra (exniñera de Isabel Pantoja), Ashraf Beno (expareja de Isa Pantoja), el cantante Omar Montes, la presentadora Mariló Montero, el exalcalde marbellí Julián Muñoz y su exmujer Mayte Zaldívar; la exconcursante de Gran Hermano Aída Nízar...
Y este comportamiento de Fernández Hita, como alertó un informe de Asuntos Internos en 2018, podía ser delictivo.
El abogado defensor de los redactores de Sálvame indica en su escrito, al que ha tenido acceso BLUPER, que ninguno de ellos conoce a dicho policía. "No le han visto en su vida y, desde luego, nunca le han solicitado ninguna información o dato", señala. Tan sólo tuvieron —prosigue el documento— un trato profesional con González. Y ni siquiera todos ellos.
Sobre el paparazzi, el documento señala que también colaboraba en la revista Rumore y en la Cuore. "Muchas de las informaciones que comentaba en el programa Sálvame también las abordaba en cualquiera de las otras revistas con las que colaboraba", indica.
Gustavo González en el plató de 'Sálvame'.
Sin embargo, el letrado de los redactores señala que ninguna de las revistas mencionadas, ni sus empresas editoras, sus consejeros delegados o sus redactores han sido citados como investigados en esta causa. La única excepción fue una redactora jefe del grupo empresarial que aglutina ambas publicaciones, que fue interrogada en marzo de 2019. Pero el juez archivó la causa para ella.
"Como es lógico y natural, en el marco de la relación profesional que mantenía con Gustavo González, éste le proponía temas que podía desarrollar periodísticamente para su publicación en las revistas y que previamente le anticipaba el soporte documental o las evidencias de las que disponía para acreditar la veracidad de la información", expone el escrito dirigido al Juzgado de Primera Instancia 4 de Madrid.
El policía filtrador
Recuerda el letrado que tanto Asuntos Internos como el Juzgado y la Fiscalía, una vez ya tenían conocimiento de la actividad de Fernández Hita, permitieron que éste continuase accediendo a dichas bases de datos durante varios meses.
"Hubiera sido bien sencillo impedir esos accesos si se reputaban delictivos, en lugar de adoptar una actitud meramente contemplativa y permitir de ese modo que se cometieran o se continuaran cometiendo unos presuntos delitos. Ahora bien, esta forma de proceder ya resultaría verdaderamente inexplicable bajo la consideración de que tales conductas del señor Fernández Hita eran delictivas", señala.
Además, el abogado critica que la investigación judicial "ha transgredido o, cuando menos, ha sido muy poco respetuosa" con el secreto profesional que asiste a los periodistas, "que no es cualquier cosa" y que consagra la Constitución Española.
El letrado de los reporteros señala que durante la instrucción la Policía ha vigilado a periodistas. De hecho, al inicio de la causa, se requisó y duplicó el contenido de los teléfonos móviles de Gustavo González "para revisar y extraer, entre otras cosas, las comunicaciones que un periodista mantenía con su fuente o con otros periodistas respecto a hechos de carácter noticioso".
Por ello, el letrado denuncia una "injerencia" no justificada y de carácter "extraordinariamente intenso" en la actividad profesional del paparazzi. Ésta es la misma línea de defensa esgrimida por el actual director de Sálvame, que denunció una vulneración de la libertad de información y también solicitó el archivo del caso Deluxe.
"No se trata en este trance de cuestionar decisiones del Juzgado ya materializadas que, llegado el caso, podrán ser objeto de impugnación en un momento procesal ulterior", admite el letrado.
"Simplemente, se pretende significar que el hecho de no haber tomado siquiera en consideración la eventual afectación del derecho a la información por las medidas de investigación adoptadas respecto a los instrumentos de trabajo básicos de un periodista ya vicia el juicio de proporcionalidad que pueda haber efectuado el Juzgado al ordenar las medidas y lesiona el derecho fundamental", precisa.
"Relevancia periodística"
El letrado manifiesta que los redactores de Sálvame a los que defiende trataban con Gustavo González por ser "un profesional bien conocido en el sector" y la agencia fotográfica de la que es dueño "ha nutrido durante años a muchos medios de información del país". Por ello, el paparazzi era colaborador puntual del programa de Telecinco.
Fue tras requisar y clonar el contenido de los móviles de Gustavo cuando la Policía descubrió conversaciones entre éste y el resto de periodistas investigados. "Las conversaciones o el intercambio de mensajes remiten a cuestiones de relevancia periodística", señala el documento.
Los informes policiales incluidos en el sumario de esta causa señalan que el paparazzi facilitó datos confidenciales o fotografías de personajes famosos. "En ambos casos, se trata de asuntos de indiscutible relevancia informativa", señala el letrado.
Además, subraya que las posibles responsabilidades que puedan achacarse a los periodistas responden a la información publicada, no al carácter ni al origen de los datos que reciben o custodian y que no hacen públicos.
"No se cuestionan las informaciones antes de que se publiquen ni se interfiere en todo el proceso de elaboración de una información, que, por lo regular, suele ser complejo y conlleva una pluralidad de actuaciones de muy distinto orden", señala el escrito dirigido al Juzgado.
"Una de las anomalías que presenta este procedimiento es que no se cuestionan las informaciones publicadas, ni tampoco se establece ningún reproche respecto a lo que se haya podido divulgar en las distintas ediciones de los programas en las que mis defendidos desarrollaban su actividad periodística", se queja el letrado.
"No se dice, en definitiva, que se haya publicado nada que no debiera haber sido objeto de difusión. Se cuestiona la forma en la que se dice que mis representados pudieron obtener determinados datos para elaborar informaciones periodísticas, sin cuestionar propiamente la información a la que tales datos servían de soporte", añade.
Señala el abogado en este escrito que todos los redactores de Sálvame a los que representa manejaron dicha información con "fines estrictamente informativos". Y en ningún caso este procedimiento judicial versa sobre las noticias ya publicadas, sino sobre la posible revelación de secretos derivada de la obtención de dichos datos.
"Antes de la publicación [de la noticia], el informador podría estar en presencia de una información prometedora desde una perspectiva informativa o ante un conjunto de datos anodinos que pueden no llevar a nada. En su profesionalidad está el separar el grano de la paja y determinar qué informaciones tienen interés periodístico y están suficientemente contrastadas para proceder a su publicación y, en ese caso, decidir de entre la pluralidad de datos que maneja cuáles son relevantes y deben ser publicados y cuáles o bien resultan insustanciales o bien presentando relevancia por afectar a otros derechos o intereses su publicación no está justificada", señala el letrado.
Gustavo González
Gustavo González en una imagen de archivo.
El escrito de la defensa de los reporteros menciona en multitud de ocasiones a Gustavo González. Sobre su trayectoria profesional, indica que su modus operandi habitual ha sido, "durante muchos años, en suma, el de buscar noticias por su propia iniciativa (...), que luego trasladaba a distintos medios de comunicación con los que en uno u otro régimen colaboraba".
He ahí su relación con algunos de los periodistas de la redacción de Sálvame, subraya el escrito. "En este caso, no sólo no ha existido ninguna intencionalidad de causar un perjuicio, toda vez que la finalidad de mis representados era de carácter informativo y no se han cuestionado ninguna de las informaciones que hayan podido ser objeto de difusión", indica.
"Tampoco por el acceso o el conocimiento de los datos —en aquellos casos en los que, efectivamente, se haya podido facilitar a mis patrocinados algún dato por parte del señor González— o por la naturaleza de los datos que se han podido manejar en el ámbito periodístico se ha causado perjuicio a los afectados", finaliza el escrito.