El juez también deja en libertad al director de Infraestructuras catalanas

El juez ha dejado en libertad al director de la empresa pública de Infraestructuras, Josep Antoni Rosell, después de pasar a disposición judicial según ha podido confirmar EL ESPAÑOL de fuentes jurídicas. Este cargo público fue detenido este miércoles en el marco de la 'Operación Petrum III' que se ha saldado con la detención de doce personas, entre ellas el tesorero y extesorero de CDC, Andreu Viloca y Daniel Osácar. Aun así, el instructor le prohíbe salir del país, le retira el pasaporte y le fija comparecencias ante el juzgado.

Esta decisión judicial es contraria a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado su ingreso en prisión incondicional por riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Una vez finalizadas todas las declaraciones, Viloca, es el único de los detenidos en prisión. El tesorero de CDC ha pasado su primera noche en la cárcel después de que el instructor estimara que existía peligro de destrucción de pruebas si quedaba en libertad, una vez que en agosto utilizó la trituradora para destruir una decena de documentos momentos antes de que la Guardia Civil irrumpiera en su despacho. En el caso de Osácar, ha sido detenido esta mañana para evitar que pasara una noche en los calabozos de la Guardia Civil dada su avanzada edad. El juez le ha dejado en libertad, pero con medidas cautelares

Para los investigadores, la figura de Rosell es clave en el entramado, por el que se habría cobrado comisiones ilegales para el partido a cambio de conceder adjudicaciones sin cumplir la normativa. Mientras que Viloca sería la persona encarga de exigir a los empresarios donaciones a la fundación CatDem a cambio de concederles contratos de administraciones catalanas, Rosell sería la persona responsable de amañar tales contratos, según fuentes del caso. GISA, la empresa pública de infraestructuras, es el organismo encargado de las grandes obras públicas de Cataluña.

Ahora Viloca puede recurrir su ingreso en prisión ante la Audiencia Provincial de Tarragona. En este mismo asunto, este tribunal estimó el recurso del empresario Jordi Sumarroca, enviado a la cárcel a finales de julio, y le dejó en libertad previo pago de 600.000 euros. En aquel ocasión, la Sala sólo tardó quince días en resolver el asunto, a pesar de estar en pleno mes de agosto. El abogado del tesorero y del partido, Xavier Melero, ya ha anunciado que va a recurrir la decisión judicial al considerarla desproporcionada. Tras conocer la resolución, el letrado se opuso a la versión del juez de posible riesgo de destrucción de pruebas una vez que la causa lleva dos años en curso.