El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, contestó ayer a los documentos aprobado por Andalucía, Murcia, Comunidad Valencia y Madrid con respecto al cambio de las Reglas de Explotación del trasvase Tajo-Segura que estudia plantear, si Murcia "sigue tensando la cuerda", la obligatoriedad de que antes de consumir agua del trasvase Tajo-Segura se agote primero el 100 % del agua de desalación que permite la tecnología y las desaladoras, algo que "hemos pagado entre todos los españoles".
A finales de abril, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, definió esta alianza "como un paso histórico" de unos territorios en los que "están representados más de 23 millones de españoles" y que ha conducido a un documento "conjunto para una política nacional del agua”.
Se trata de las alegaciones conjuntas de cuatro comunidades autónomas en el proceso abierto de información pública al Decreto del Plan Hidrológico del Tajo que deberá recoger el Gobierno central para la aprobación de estas reglas, tras informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), que también tendrá que salir a información pública antes de pasar al Consejo Nacional del Agua para su aprobación.
En este sentido, expertos como el catedrático y ahora diputado nacional del PP, Joaquín Melgarejo (exdirector de la Cátedra del Agua de la Universidad de Alicante y la Diputación de Alicante), afirman que no cabe la introducción en este proceso de ninguna consideración sobre la desalación ya que son procedimientos legislativos diferentes.
Page, en cualquier caso, hizo declaraciones políticas, no técnicas, al afirmar que la resolución que el miércoles aprobó el Parlamento de Murcia va "incluso más allá de la ley franquista del trasvase" y que viene a "significar agua para todos, pero quiere decir agua para unos y el lodo que quede en los pantanos, para otros".
"Aprobaron que toda el agua se trasvasa automáticamente haya o no haya reservas" por lo que advirtió de que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha irá más allá si es necesario en la defensa del agua.
Sea como fuere, Melgarejo recuerda que la plata desaladora de Torrevieja se construyó a partir de 2005 para dar servicio a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla y el riego en la cuenda del Segura "como sustitución de los caudales que ya no iban a llegar del trasvase del Ebro, pese a que había sido aprobado en 2002".
Posteriormente, asegura el diputado del PP, "cambiaron de opinión y lo vincularon a los recortes de agua del trasvase Tajo-Segura por los caudales ecológicos impuestos en el Tajo, que serán de 105 hm3 menos cada año. Es decir, se utiliza la desaladora de Torrevieja como solución a dos problemas diferentes".
Pero es que ahora, el Gobierno central introduce un nuevo problema que es el de la sobreexplotación de los acuíferos del Segura, "y quiere que las desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas también sirvan para solucionar ese tercer problema", ironiza el experto.