El debate de investidura que se celebrará este jueves en las Cortes Valencianas culminará, salvo sorpresa mayúscula, en la investidura de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat el próximo lunes. Mazón ha sido presidente de la Diputación de Alicante desde 2019, una institución que los populares seguirán controlando otra legislatura y que supondrá, por primera vez en los últimos ocho años, que el color de la institución provincial coincida con el del Ejecutivo autonómico.
Así las cosas, los empresarios esperan que esta sintonía permita poner encima de la mesa debates que se han quedado aparcados desde hace años, y que tienen nombre y apellidos: 5.500 millones en obras públicas que no se han ejecutado y que, según Ineca, las administraciones autonómica y central adeudan a la provincia, en base a su población.
Resulta especialmente sangrante el dato del Gobierno de España porque, además, durante los dos últimos Presupuestos Generales del Estado Alicante se ha quedado a la cola de España en inversión per cápita en un momento especialmente delicado: ni la emergencia sanitaria (que ha afectado especialmente al sector servicios, pilar de la economía provincial), ni la crisis con Argelia, ni la guerra de Ucrania ni la elevada inflación en 2022 supuso un incremento de las partidas del Estado en el sur de la Comunidad Valenciana.
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Esto ha provocado varias manifestaciones de los empresarios alicantinos, que se han "cansado de ser el patito feo" a la hora de repartir la financiación. Sobre todo porque, además de ser la quinta provincia de España en población, la aportación al PIB de Alicante es también la quinta, superando incluso a la Región de Murcia con las cifras consolidadas de antes de la pandemia (más de 37.000 millones en 2019).
El reto de Mazón pasa por equilibrar los presupuestos mientras trata de paliar esa "deuda histórica" que los empresarios reclaman. Y sin dejar de reivindicar en Madrid temas recurrentes como la necesidad de ejecutar de inmediato una conexión ferroviaria con el aeropuerto de Alicante, o un justo reparto de las inversiones territorializadas en el próximo proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
La cuestión hídrica
La llegada de Mazón al Palau se produce además en un contexto de guerra del agua, con los agricultores alicantinos en pie de guerra después de que el Ejecutivo haya decidido elevar los caudales ecológicos del trasvase del Tajo-Segura y recortado las transferencias hídricas que hace a la provincia.
El anterior Consell empezó alineándose con la tesis del Ejecutivo central sobre la necesidad de apostar por un modelo mixto de trasvases y desaladoras, peor al observar cómo aceleraba los recortes acabó presentado un recurso en el Tribunal Supremo al considerar que se había actuado "con mala fe" en las negociaciones de la Mesa del Agua.
En este sentido, si tras las generales del próximo 23 de julio también se produce un cambio en el Gobierno de España, el PP tendrá las tres administraciones (provincial, autonómica y central) alineadas y tendrá que encontrar una solución duradera para un problema que está atenazando al campo alicantino en medio de una sequía feroz.
De hecho, entidades como Asaja ya están advirtiendo de las consecuencias directas de la situación actual, como por ejemplo el desabastecimiento de sandías en los supermercados de la provincia o una pérdida de calidad de los cítricos.