Tras su reunión con Ximo Puig a finales del mes pasado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció que "ya hemos hecho la inversión para duplicar la desalación en Torrevieja de 40 a 80 hectómetros de agua desalada, el mismo volumen de agua que se traslada [desde el Tajo] al año a Alicante, y vamos a incrementar a 120 esa capacidad”. Pero, ¿cuándo? y ¿a qué coste? ¿Y mientras tanto, cómo pueden tener agua a precio competitivo los regantes?
El trasvase del Tajo-Segura no sólo proporciona agua a 147.000 hectáreas de regadío entre las provincias de Almería, Murcia y Alicante. También distribuye agua para consumo humano a través de la Mancomunidad de Canales del Taibilla (MCT) para 2,5 millones de habitantes en 11.000 kilómetros cuadrados del Levante español (Murcia y Alicante).
Tuberías de la impulsión de la central de Bolarque.
En el año 2020, del consumo total anual de agua de la MCT (197 hm3), 55 hm3 procedieron del río Taibilla, 79 hm3 de la desalación y 62 hm3 del trasvase (que ese año ya supuso un descenso del 24% de las aportaciones). De este modo, si continúa el recorte de agua trasvasada, la desaladora de Torrevieja también tendrá que prever incrementar su producción para consumo humano. ¿Qué quedará entonces para el regadío?
La puntilla
En mayo, Ribera trataba de tranquilizar al presidente de la Generalitat sobre la disponibilidad de recursos con la aplicación unilateral de nuevas reglas de explotación para el acueducto Tajo-Segura: reducir los 38 hm3 mensuales del nivel 2 (que dependen del agua en Entrepeñas-Buendía) que se envían a Almería, Murcia y Alicante, a 27 hm3.
No obstante, las palabras de la ministra seguían dejando serias dudas sobre esa disponibilidad de agua. Los expertos han traducido ese cambio de reglas en una media de 8,6 hm3 menos al año. Pero el golpe más duro estaba por llegar con la aprobación de los caudales ecológicos del Tajo, esta misma semana.
Esos caudales ecológicos (aumentar el volumen de agua que debe circular por el Tajo y por tanto no trasvasable) se van a incrementar de forma gradual a lo largo de seis años: 7 m3/segundo cuando se apruebe el plan; 8 m3/segundo a partir de enero de 2026; y 8,6 m3/segundo a partir de enero de 2027.
Puente de Talavera sobre el río Tajo, uno de los sitios donde se miden los caudales ecológicos.
Según los regantes, esos caudales implicarán que en 2022 se perderán 49 hm3 anuales durante tres ejercicios. En 2026 dejarán de llegar al sureste español 79 hm3. En 2027 se habrá reducido el trasvase en 109 hm3. A sumar los 8,6 de media del cambio de reglas.
Desalada por trasvasada
En una respuesta parlamentaria el Ministerio de Ribera había dejado negro sobre blanco sus planes: "que cada una de las demarcaciones hidrográficas españolas adopten las medidas necesarias para abastecerse con sus propios recursos hídricos, mediante el fomento de medidas de ahorro". Es decir, sustituir el agua trasvasada por el agua desalada.
La ampliación de la desaladora de Torrevieja a la que se refería Ribera era una información de hace dos años. La Sociedad estatal Aguas de las cuencas Mediterráneas (Acuamed) lo anunció en abril de 2019.
Entonces, el organismo afirmó que la desaladora duplicó "su capacidad de producción hasta 80 hectómetros cúbicos, tras su conexión a la tensión de 220 KV". Y anunció que se estaba trabajando para ampliar la capacidad de producción de la planta hasta los 120 hectómetros cúbicos de agua desalada anuales.
En dos años, sin embargo, los avances han sido mínimos. Según los Presupuestos Generales del Estado para dicha ampliación se prevé una inversión de 48 millones de euros, pero todavía queda muy lejos. El año pasado estaba prevista una asignación de 400.000 euros y este año 100.000. Es decir, que como mucho se va a llegar al 1,04% de esa inversión a finales de año.
Inversiones Acuamed según los PGE.
El pasado mes de febrero se formalizó la adjudicación para la redacción del proyecto constructivo por casi 530.000 euros a la UTE Desalia Water SLU y Arara Ingeniería SL. Y tiene 24 meses para realizar ese proyecto. Puede estar listo en febrero de 2023. Y a partir de ahí, a comenzar la burocracia de la obra.
Sólo para adjudicar la redacción del proyecto se ha necesitado de un complejo proceso administrativo: memoria justificativa, aprobación del expediente, visita a las instalaciones, listado empresas licitadoras, actos públicos informativos o de apertura de ofertas, aclaración erratas y primera suspensión del procedimiento.
Luego vino el informe de valoración de los criterios de adjudicación, interposición de un recurso, aprobación de la medida cautelar, segunda suspensión procedimiento y, finalmente, resolución del recurso. Y eso sólo para el proyecto. Así que, ¿cuánto no durarán el resto de procesos administrativos y la propia construcción de la ampliación para el restante 98% del proyecto? ¿Estará lista la desaladora de Torrevieja en 2026 cuando comiencen las reducciones más importantes de los caudales?
¿Quién lo paga?
Llegado a este punto, y si la desaladora de Torrevieja pudiese hacer frente a las demandas de agua para regadío y abastecimientos en 2026 o 2027, se abren nuevos interrogantes. ¿Cuánto a va a costar el agua a los regantes? ¿Les permitirá tener precios competitivos para seguir siendo la huerta de Europa?
Se calcula que el agua procedente del Tajo cuesta a cada agricultor alicantino 11 céntimos de euro el metro cúbico y el agua desalada cuesta entre 55 y 60 céntimos de euro. Cinco veces más.
Este diario ya ha informado de que la Generalitat ha exigido en las alegaciones al plan de cuenca del Tajo una inversión de 8 millones de euros planta de generación de energía solar para alimentación de la planta desaladora de Torrevieja y la elevación caudal hasta embalse de la Pedrera (Orihuela).
Reunión entre la ministra Teresa Ribera y Ximo Puig.
Sin embargo, hay estudios que cifran entre 46 y 216 millones de euros la inversión necesaria para construir una gran planta fotovoltaica que compensase los consumos de energía de la desaladora, dependiendo. Una planta que al menos necesitaría una superficie de 1 millones de metros cuadrados, casi 100 hectáreas.
Se necesitaría al menos una inversión parecida a la de la ampliación de la planta para producir la energía fotovoltaica que abaratase los costes que son repercutidos en cada metro cúbico a los regantes.
La ministra espera poner sobre la mesa los 7.000 millones prometidos por Pedro Sánchez a su ministerio de los Fondos Europeos Next Generation. Pero dada la ingente cantidad de dinero para la transición ecológica, ¿pueden los regantes de Alicante confiar en que serán una prioridad para el Gobierno socialista? O, ¿tendrán que hacer cola en el extensivo proceso burocrático que supondrá implementar esa cantidad de dinero? Con el trasvase no lo han sido.