El próximo día 31 de marzo, el Ministerio de Transición Ecológica que dirige la socialista Teresa Ribera, ha convocado el Consejo Nacional del Agua para que vote el informe preceptivo para cambiar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura vigentes desde 2014. El Gobierno quiere reducir los 38 hm3 mensuales del nivel 2 (que dependen del agua en Entrepeñas-Buendía) que se envían a Almería, Murcia y Alicante, a 27 hm3.

Los regantes de las tres comunidades autónomas cuentan con el apoyo de la Federación Nacional de Regantes (Fenacore) para rechazar esta propuesta. También con los respectivos votos de sus gobiernos regionales. Pero no serán suficientes. Con el informe en la mano, el Gobierno pretende publicar un decreto con el recorte de agua. Los agricultores ya preparan una lucha "con uñas y dientes" para impedirlo. Incluso llegando a los tribunales europeos. 

José Antonio Andújar, vicepresidente del Sindicato Central de Aguas de Acueducto Tajo-Segura (Scrats) y vicepresidente tercero de Fenacore, calcula que los regadíos perderán 80 hm3 al año por una "decisión política, que no técnica, ya que esa agua irá a la desembocadura en Portugal". Y advierte: "Es el fin del regadío. Quieren destrozar al sector agroalimentario en la zona que más exporta y que genera más divisas. Y con eso van a destrozar a España entera".

Los regantes saben que la UE no dará el visto bueno a ninguna medida que no cuente con el apoyo de los agricultores. Y en 2022 el Gobierno tiene que presentar los planes de cuenca de todos los ríos ante la UE. Esa es su baza.

Otro recorte

Este cambio, aunque pequeño, es importante ya que las reglas de explotación del trasvase establecen que en el nivel 2, no cabe discusión. Si las existencias conjuntas en los embalses de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara) superan a comienzos de mes los 400 hm3, se trasvasan automáticamente 38 hm3 al Levante.

Si no es así y se alcanza el nivel 3, sólo se pueden trasvasar 20 hm3. Pero como viene sucediendo durante los últimos años, a discrecionalidad de lo que considere el Ministerio previo informe de la Comisión de Explotación.

Y de esos 20 hectómetros trasvasados, 7 de forma prioritaria corresponden a los abastecimientos urbanos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla: 80 municipios de las provincias de Murcia (43, todos excepto Yecla y Jumilla), Alicante (35) y Albacete (2). Con lo que al regadío le quedan 13 hm3. En el nivel 2 en los mejores meses del año, sin embargo, actualmente al regadío le corresponden 31 hm3 y con el cambio, tan sólo le corresponderán 20 hm3.

La contrapartida

Desde el Ministerio, como contrapartida, aseguran a los agricultores que se terminará de conectar la desalinizadora de Torrevieja a sus canales. Aducen que se utilizarán los fondos estratégicos que llegarán desde Europa para realizar las conexiones.

Pero para los regantes se trata de "una trampa". Argumentan que el agua desalada es de peor calidad y mucho más cara por el coste energético de su producción. Un coste que si se repercute en los productos cultivados hace inviable la inversión y se perdería competitividad.

En este sentido, Andújar recuerda que existe un compromiso para ejecutar un aumento de capacidad en el embalse de Camarillas, en Albacete, aumentando su capacidad en 125 hm3 que compensarían la pérdida de recursos. Se debía ejecutar entre 2022 y 2027. No obstante, el Ministerio ya le ha comunicado que "no contempla" realizar ninguna obra hidráulica.

"Ecologistas de salón"

Otra de las quejas de los agricultores se centra en "los modos" usados desde el Ministerio de Ribera. Afirman no entender cómo en tiempos de pandemia en los que todas las reuniones se hacen de forma telemática, desde Transición Ecológica se les ha convocado para que envíen su voto "por escrito" en una papeleta con un 'sí' o un 'no'.

"No se atreven a dar la cara", señala muy enojado Andújar. "Han hecho todo lo posible para asegurarse tener votos suficientes contra los regantes. Han incluido a todo tipo de asociaciones afines como Nueva Cultura del Agua y al final el Ministerio está lleno de ecologistas de salón que no saben nada del campo y sus necesidades".

Por último, apelan a que se demore cualquier cambio a la aprobación de los planes de cuenca el próximo año porque entienden que son cambios "innecesarios" y "no justificados de forma técnica, sino política".

Territorios y partidos

Estos cambios se producen al mismo tiempo que la ministra da a conocer su hoja de ruta contra el trasvase. Lo hizo este lunes, con un artículo de opinión que fue jaleado por el socialismo castellanomanchego. 

Frente a esta posición, el PP de la Comunidad Valenciana ha exigido a su presidente, Ximo Puig, que defienda el trasvase Tajo-Segura porque es "legal" y la ley "se cumple siempre". "La palabra de Puig no vale nada y no es de fiar, como la de Pedro Sánchez", añadió la portavoz popular Isabel Bonig. 

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Manuel Pineda, respondió a estas palabras que "el Gobierno valenciano no va a tolerar que se pierda ni un solo hectómetro cúbico de agua para nuestros regantes".

"El Consell va a analizar el texto en profundidad y de forma rigurosa y, como ha demostrado en otras ocasiones, actuará conforme a su compromiso por unos recursos hídricos suficientes si se demuestra que se pierde una sola gota de agua", ha afirmado el diputado socialista.