Bailarines sí y agentes no: Policía Nacional y Guardia Civil de Alicante explotan y exigen ser 'profesión de riesgo'

Si la tragedia de Barbate donde murieron dos guardias civiles puso de manifiesto la falta de medios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la multitudinaria protesta del pasado fin de semana en Madrid de agentes de Policía Nacional y del instituto armado de toda España, con cientos llegados desde Alicante, resaltó una de sus reivindicaciones históricas: la equiparación salarial.

Los agentes alicantinos y sus familias viajaron hasta la capital en autocares, coches particulares, en tren y en avión para tratar de conseguir la mejora de sus condiciones laborales. Bajo el lema 'Mismo trabajo, mismo salario, equiparación salarial', entre 12 y 40.000 personas, según el Gobierno o las asociaciones, pidieron que se les reconozca como 'profesión de riesgo', al igual que a los policías locales y autonómicos.

Este simple cambio de categoría tiene grandes consecuencias. Supone "un agravio comparativo", según la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil están obligados a jubilarse con 65 años para obtener la máxima pensión, que es de 400 euros menos al mes que la de agentes locales o autonómicos.

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El secretario general provincial de la asociación, Francisco Javier García, explica que los locales y los autonómicos pueden llegar a jubilarse anticipadamente en función de sus años trabajados, algo que no sucede en los cuerpos que se manifiestan. Otra desventaja de no ser considerados 'de riesgo' es que si pasan a segunda actividad o reserva pierden "alrededor de 600 euros mensuales", asegura el representante.

En España gozan de la calificación de 'profesión de riesgo' los Mossos, la Ertzaina, la Policía Foral de Navarra, los policías locales, los bomberos, los trabajadores ferroviarios e incluso los artistas, cantantes y bailarines.

Desde la asociación ven como "una cuestión incomprensible" que quienes protegen a los ciudadanos a diario tengan este desamparo institucional y que no se apliquen "unos índices correctores que permitan a estos servidores públicos que tanto han sacrificado durante su carrera profesional jubilarse en unas condiciones dignas".

Por otro lado, la organización califica como "del todo incoherente" que en las escalas de mandos de la Guardia Civil que ejercen labores de dirección y planificación no se les permita continuar en el servicio activo hasta los 65 años. "No contar con la experiencia de quienes desarrollan estas funciones es un error que requiere de su corrección", resaltan.

El detonante que les ha hecho salir a las calles ha sido la negativa a sentarse a
negociar nada de lo reclamado por parte del Ministerio del Interior, cuyo ministro, Fernando Grande-Marlaska, no acepta la sentencia lograda por AUGC y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que obliga al Gobierno a renegociar con sindicatos y asociaciones profesionales firmantes del Acuerdo de Equiparación Salarial el completo cumplimiento del mismo.

La decisión la definen como otra "decepción" y reafirma la creencia de García de que son "el patito feo de las Fuerzas de Seguridad del Estado". El Gobierno incumple el acuerdo al que llegaron en el año 2018, siendo los puntos más dolientes para los trabajadores el rechazo a las cláusulas 3ª (dotación de presupuesto para incentivar la creación de puestos de trabajo para personal en segunda actividad y reserva) y 8ª (tramitar una ley de igualdad retributiva que asegure acabar con desigualdades retributivas entre cuerpos policiales).

Todo ello ha sucedido "mientras que por otro lado asistimos estupefactos a nuevas concesiones a cuerpos policiales autonómicos", recoge un comunicado de AUGC. A estas situaciones se suma el descontento de los profesionales de la seguridad por lo que consideran la erosión del principio de autoridad, lo que hace que cada vez se produzcan más ataques a agentes que en algunos casos resultan fatales, como el arrollamiento mortal por una narcolancha en Cádiz el pasado mes de febrero.

El secretario provincial cree que la solución pasa por "endurecer las penas, porque continuamente estamos siendo agredidos, eso deja patente que somos 'profesión de riesgo', a los delincuentes les sale barato". Echando la vista atrás, también recuerda que "cientos de compañeros fueron asesinados por ETA".

Francisco Javier García destaca que a pesar del poco éxito de los esfuerzos por mejorar sus condiciones no se quedarán de brazos cruzados. "Seguiremos luchando hasta que consigamos nuestro objetivo. Estamos cansados de tantas promesas incumplidas", expresa, por lo que no descartan futuras manifestaciones y acciones de protesta.