El presidente de Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, anunció ayer en Murcia que con toda probabilidad ante las previsiones meteorológicas actuales, el próximo 1 de marzo se decretará la situación de "sequía extraordinaria" en la cuenca. Se tratará del quinto periodo de restricciones para el regadío decretado desde hace 50 años, tras los 1980-1983, 1993-1995, 2005-2008 y 2015-2018.
Ante esta situación, por el momento no hay riesgo de restricciones de agua para los abastecimientos urbanos que en la provincia se nutren de aguas subterráneas, aguas superficiales del Taibilla (y otros caudales propios del Segura), desalinizadoras y el trasvase Tajo-Segura. En cambio, el regadío ya de por sí afectado por la nueva normativa y los recortes discrecionales del Gobierno central, será el principal afectado. El uso del agua depurada y regenerada es uno de los recursos en los que hay más esperanza para al campo alicantino.
El propio Urrea aseguró que en este contexto se propondrán recortes del 50% en el riego de la cuenca. No obstante, para paliar estos recortes también se activarán los "pozos de sequía" propios de la cuenca. Se trata de los 19 pozos del Sinclinal de Calasparra ejecutados en la década de los 90 del siglo pasado ubicados en el acuífero murciano del mismo nombre.
Por otro, el Real Decreto 8/2023 contempla ayudas al sector por sequía como la exención de tarifas y canones de riego. Como informaba la propia CHS el pasado mes de diciembre, "las previsiones realizadas por la Oficina Técnica de la Sequía han venido pronosticando para el primer trimestre del año 2024 la posible declaración de sequía extraordinaria en la cuenca del Segura, por lo que ello ha supuesto la inclusión de la cuenca del Segura entre las cuencas afectadas por la sequía".
"Básicamente se contemplan exenciones del canon de regulación y tarifas de utilización de aquellos usuarios de los regadíos tradicionales que padezcan restricciones superiores al 40 % de sus dotaciones nominales. Asimismo se prevén exenciones para los usuarios de la cuenca del Segura que utilizan las infraestructuras del ATS, durante el periodo en que persista la situación de sequía extraordinaria, una vez declarada, en una parte de sus tarifas", añadía la CHS.
Otras medidas pasan por establecer la posibilidad de utilización por parte de los usuarios de regadío de los volúmenes disponibles y no utilizados por la Mancomunidad de Canales del Taibilla (distribuidor para abastecimientos urbanos para 2,4 millones de personas en 80 municipios de las provincias de Murcia, Alicante y Albacete), en sus plantas desalinizadoras, a una tarifa subvencionada.
Además, exponía el mismo plan, "se contemplan una serie de obras de ejecución inmediata enfocadas a la mejor explotación del sistema único de la cuenca del Segura, mediante actuaciones en la infraestructura del postrasvase así como en la presa del Cenajo" (con un presupuesto 16,6 millones de euros).
Adicionalmente se contemplan una serie de medidas administrativas encaminadas a la limitación de las dotaciones de suministro de aguas, ejecución de nuevos sondeos, cesiones de derechos de usos de agua y el régimen sancionador en caso de incumplimiento por parte de los usuarios.
Episodios históricos
Según la propia documentación de la CHS (Fichas resumen de los episodios de sequía más importantes en la demarcación, 2017), la sequía decretada en 1980 venía precedida de la escasez de lluvias desde 1978, "uno de los más secos de todo el siglo, con una precipitación un 51,7 % por debajo de la media del periodo 1963-1971".
También 1979 fue extremadamente seco (-49,4% de la media), pero fue en 1980 ciando se decretó la sequía pese a llover un 29,1 % más que la media, aunque más de la mitad de la lluvia se concentró en los meses de enero.
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Aquella situación provocó "una grave sobre explotación de los acuíferos, pues de los 550 hm3 que se extraen, más de la mitad eran reservas. En aquel entonces se autorizaron 309 pozos de sequía en los acuíferos. La CHS estima que las pérdidas económicas en la Cuenca del Segura durante aquel periodo ascendió a 21.356,5 millones de pesetas (85,4% en cultivos de secano y 14,6% en el regadío).
La sequía de 1990-1995 tuvo la particularidad de verse agravada por su coincidencia con la sequía en la cabecera del Tajo, lo que supuso una disminución en los recursos trasvasados. "Dado que las demandas superaban ampliamente los recursos disponibles, se producía una sobreexplotación de la mayoría de los acuíferos de la Cuenca en un intento tanto de garantizar la subsistencia de gran parte de los aprovechamientos", explica el mismo documento.
Hasta concluir que: "La situación de la Cuenca del Segura en el año 1995 se puede definir como de sequía estructural, en la que al déficit estructural de sobreexplotación cuantificado en alrededor de 300 hm3/año en el Plan Hidrológico de 1998 se le añade un déficit de sobreexplotación por sequía de 160 hm3/año, dado que se estima en un 50% el incremento en las extracciones hídricas no renovables, con una dudosa recuperación de los acuíferos afectados a largo plazo".
En el periodo 2005-2008, la precipitación media para el periodo de sequía fue 322 mm frente al valor medio de la cuenca para la serie histórica de 385 mm. No obstante, "no fue tan acusado el descenso de superficie de cultivo como el producido en los valores de producción y valor de ésta". Una reducción que supuso un descenso en el valor de la producción", sostiene el documento.
El último episodio de sequía tuvo lugar a partir de 2015. "El año hidrológico 2013-14 fue extremadamente seco y cálido desde el punto de vista meteorológico, con una precipitación en el conjunto del ámbito territorial de la CHS de tan solo el 42% de su valor medio histórico, como consecuencia de una pluviometría acumulada de unos 153 mm sobre un valor medio anual de 365 mm".
En este periodo ya se utilizaron recursos de las desalinizadoras para paliar parte de las consecuencias de la sequía. Se estableció un precio rebajado de 0,30 €/m3; para el agua producida en la desaladora de Torrevieja de octubre de 2015 a septiembre de 2016. "Esta medida supuso un total de 30 hm3; aportados al sistema, con un coste para el Ministerio de 6 millones de euros" y "una ayuda de 0,10 €/3; para los regantes usuarios de la desaladora de Valdelentisco (Murcia), durante un plazo de 6 meses, lo que supuso un total de 20 hm3, con un coste para el Ministerio de 2 millones de euros".
En este contexto, la apertura de los pozos de sequía y los volúmenes disponibles de las plantas desaladoras, a una tarifa subvencionada, parecen la única solución a corto plazo para el periodo que se avecina.