En la última campaña electoral de las Generales de julio se acuñó la expresión "derogar el sanchismo" que ha sido objeto de múltiples polémicas y que la derecha española no ha conseguido llevar a cabo, de momento, ante la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, en el ámbito autonómico si es posible revertir las leyes más polémicas de la entente PSOE-Compromís-Podemos que presidía al socialista Ximo Puig. De ahí que se estén dando los primeros pasos para "derogar el ximismo".
Esta semana, la nota de prensa del Tribunal Constitucional en la que se avala parcialmente el Fondo de Cooperación que creó Puig para detraer dinero de las diputaciones para la financiación local, competencia autonómica, abre la vía a la modificación de esta ley que ha enfrentado a la Diputación de Alicante con la Generalitat durante siete años.
Cuando se tenga la sentencia, afirman desde el Consell, ya que todavía no han tenido acceso a ella. Ya que el PP se siente ganador en algunos de los puntos declarados inconstitucionales según el remitido del propio alto tribunal. Y es que el PP no pretendía acabar con la ley por completo, sino evitar la "obligatoriedad" de la inclusión de las tres diputaciones y hallar un sistema de reparto donde no fuesen beneficiados los ayuntamientos más grandes.
[El TSJCV da la razón a la Diputación de Mazón en su recurso al Fondo de Cooperación de Ximo Puig]
Desde la Diputación de Alicante, también en manos del PP, el jueves explicaron que están conformes con lo que, por ahora, saben de la sentencia: que no se había creado con los mismos criterios que el fondo estatal, vulnerando por tanto el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Cuestión también denunciada por parte de la Diputación en sus dos recursos contencioso-administrativos que están en tramitación actualmente contra los planes aprobados en aplicación de esta ley para los años 2023 y 2024.
Respecto a la "voluntariedad", mientras exista la ley, la Generalitat de Mazón está obligada a su cumplimiento. Pero en los planes del PP está modificación de la ley que hizo Puig, los nacionalistas y los podemitas para volver a la situación anterior: que se adhieran las diputaciones que quieran y que Alicante pueda seguir manteniendo su propio fondo de cooperación municipal con criterios y sistema de reparto propio, el Plan + Cerca.
Otra de las normas que el Consell de Mazón ya anunciado que eliminará será la tasa turística que Compromís y Podemos impusieron a Ximo Puig en contra del criterio del entonces secretario autonómico de Turismo socialista, Francesc Colomer. El pasado jueves la consellera Nuria Montes ya anunció en las Cortes Valencianas que su derogación será una de las primeras medidas emprendidas por su departamento.
Tanto es así que la consellera se ha convertido en el enemigo número uno de Compromís exigiendo una extemporánea dimisión por una subvención del año 2020 del Patronato de Turismo Costa Blanca que incluso la Oficina Antifraude en época de Ximo Puig dictaminó que no había incurrido en ningún tipo de irregularidad.
La tercera de las patas del doble mandato de Puig que el PP (y su socio Vox incluso con más fuerza) quiere derribar es la Ley de Plurilingüismo de socialistas y nacionalistas. Una ley que impone el valenciano como lengua vehicular en asignaturas troncales de la Educación Primaria y Secundaria incluso a alumnos extentos de estudiar la lengua por pertenecer a zonas de "predominio lingüístico castellano", casi un tercio de lo municipios de la Comunidad.
Ya la semana pasada el conseller José Antonio Rovira anunció que la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2024 suprimirá la obligatoriedad de impartir el 25% de asignaturas troncales en valenciano en los municipios de predominio lingüístico castellano. Un primer paso para dinamitar la ley de Puig que Pedro Sánchez no llevó al Tribunal Constitucional pese a que contradice el Estatuto de Autonomía.