Cuando tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo el PP de Carlos Mazón alcanzó un acuerdo de legislatura con Vox, ya se anunció en el punto 27 de ese acuerdo la libertad de elección de lenguas en la Educación. Más concretamente: "Garantizaremos la libertad de educación, la libre elección de centro y la libre elección de la lengua de enseñanza entre las dos oficiales en todas las etapas educativas".
Un asunto de vital importancia y en el que coincidían los partidos de la derecha del espectro político y su electorado. No en vano, los padres de los alumnos de la Comunidad Valenciana, junto los médicos (por otras razones), fueron los dos colectivos sociales más enfrentados al Consell Botánico de Ximo Puig pactado entre socialistas, nacionalistas y podemitas.
Ayer, en su comparecencia en las Cortes Valencianas, el conseller de Educación, el popular alicantino José Antonio Rovira, no sólo reiteró ese compromiso con su electorado. Sino que además anunció que las medidas para conseguir esa libertad de elección de la lengua empezarán a implantarse ya este año, antes de la tramitación de una nueva ley de Plurilingüismo para la que ya se incluirá una modificación puntual de la norma a través de la ley de Acompañamiento de los Presupuestos para 2024.
El objetivo de la Conselleria que dirige Rovira es hacer coherente la ley lingüística con el Estatuto de Autonomía y su desarrollo, que hace 40 años (Ley 4/1983, de 23 de noviembre) se aprobó en las Cortes Valencianas de Uso y Enseñanza del Valenciano después. Luego, la Ley de Plurilingüismo de PSOE y Compromís (de febrero de 2018) dinamitó la norma básica imponiendo el valenciano en zonas declaradas de predominio lingüístico castellano.
Con la norma del ejecutivo de Puig, independientemente de esta ley básica de 1983, todos los alumnos deben cursar en valenciano al menos el 25% de sus asignaturas troncales (matemáticas o física) independientemente de que cursen o no la asignatura de Lengua Valenciana. Lo cual sitúa en desigualdad de condiciones a los alumnos de las zonas castellanohablantes frente a los de las zonas valencianohablantes.
Pero ¿cuáles son esas zonas? La Ley de Usos de 1983 -que sigue en vigor- incluso establece estas zonas por municipios. Así, grandes zonas de la provincia de Alicante, sobre todo en la Vega Baja y el Medio y Alto Vinalopó son catalogadas como municipios de predominio lingüístico castellano.
Se trata de Albatera, Algorfa, Almoradí, Aspe, Benejúzar, Benferri, Benijófar, Bigastro, Callosa de Segura, Catral, Cox, Daya Nueva, Daya Vieja, Dolores, Elda, Formentera del Segura, Granja de Rocamora, Jacarilla, Monforte del Cid, Orihuela, Puebla de Rocamora, Rafal, Redován, Rojales, Salinas, San Fulgencio, San Miguel de Salinas, Sax, Torrevieja, Villena.
[Compromís pone 'fecha de caducidad' a la exención lingüística de las zonas castellanas en 2026]
Algimia de Almoracid, Almedíjar, Altura, Arañuel, Argelita, Ayódar, Azuébar, Barracas, Bejís, Benafer, Castellnovo, Castillo de Villamalefa, Caudiel, Cirat, Cortes de Arenoso, Chóvar, Espadilla, Fanzara, Fuente la Reina Fuentes de Ayódar, Gaibiel, Gátova, Geldo, Higueras, Jérica, Ludiente, Matet, Montán, Montanejos, Navajas, Olocau del Rey, Pavías, Pina de Montalgrao, Puebla de Arenoso, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Toga, Torás, El Toro, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vall de Almonacid, Vallat, Villahermosa del Río, Villamalur, Villanueva de Viver, Viver, Zucaina, en la provincia de Castellón
Y Ademuz, Alborache, Alcublas, Alpuente, Andilla, Anna, Aras de Alpuente, Ayora, Benagéber, Bicorp, Bolbaite, Bugarra, Buñol, Calles, Camporrobles, Casas Altas, Casas Bajas, Castielfabib, Caudete de las Fuentes, Cofrentes, Cortes de Pallás, Chelva, Chella, Chera, Cheste, Chiva, Chulilla, Domeño, Dos Aguas, Enguera, Fuenterrobles, Gestalgar, Godelleta, Higueruelas, Jalance, Jarafuel, Loriguilla, Losa del Obispo, Macastre, Marines, Millares, Navarrés, Pedralba, Puebla de San Miguel, Quesa, Requena, Siete Aguas, Sinarcas, Sot de Chera, Teresa de Cofrentes, Titaguas, Torrebaja, Toas, Tuéjar, Utiel, Vallanca, Venta del Moro, Villar del Arzobispo, Villargordo del Cabriel, Yátova, La Yesa y Zarra en la provincia de Valencia.
En estas zonas los alumnos pueden solicitar estar exentos de cursar la asignatura lingüística de valenciano y en la práctica la estudian (están en clase) pero no están obligados a examinarse de ella ni consta en su currículo. Y el PP, en anteriores etapas del gobierno, estableció líneas de valenciano y de castellano para que los padres pudiesen elegir la lengua vehicular en toda la Comunidad, independientemente de estas zonas.
Aún así, estas zonas no se corresponden con el uso real de ambas lenguas ya que en municipios como Alicante, el uso del valenciano es minoritario. Y según las encuestas realizadas por la propia Generalitat (la mayoría en la pasada década), los ciudadanos que reconocían hablar valenciano apenas llegaban al 32% (uno de cada tres) y en menor medida los que manifestaban saber escribir en esta lengua.
El plan del Consell
En este sentido, el conseller en sede parlamentaria ha manifestado que “desde esta Conselleria queremos que se aprenda valenciano, claro que sí, y que lo aprendan todos los niños de esta Comunidad. Que se conozca, se hable, se valore y se ame como elemento enriquecedor y seña de identidad propia”.
Pero al mismo tiempo ha señalado que “no hay que olvidar que la riqueza de esta comunidad pasa también por reconocer la particularidad de zonas castellanohablantes y valencianohablantes, reguladas en la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià de 1983” y ha subrayado que todas “deben ser tratadas en las mismas condiciones”.
Así, ha calificado de “sinsentido” que un alumno que vive en una zona castellanohablante esté exento de examinarse de valenciano “y en cambio se vea obligado a recibir alguna materia troncal como matemáticas o historia en valenciano”. “No es lógico y eso hay que corregirlo desde ya. Por eso incluiremos una modificación puntual de la ley de Plurilingüismo a través de la ley de Acompañamiento de este año para corregir esta anomalía”, ha anunciado Rovira.
“Frente a un modelo de imposición proponemos que se incentive al alumnado que estudia valenciano, certificándole de manera automática el nivel correspondiente cuando finalice los estudios. Ese certificado les servirá en el futuro como mérito si quiere acceder a trabajos en la administración valenciana”, ha resumido el conseller.