Dublín llevará a Reino Unido ante el TEDH por la polémica ley de amnistía de Irlanda del Norte

El Gobierno irlandés ha confirmado que presentará una demanda legal "interestatal" ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra Reino Unido por la tramitación de la ley de amnistía para aquellos miembros del Ejército y de grupos paramilitares que colaboren en la investigación de los crímenes cometidos durante más de 30 años entre unionistas y republicanos en Irlanda del Norte.

El vice primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha explicado que la Ley de Legado y Reconciliación de 2023, aprobada por Londres el pasado septiembre, es incompatible con las obligaciones adquiridas por el Reino Unido con la Convención Europea de Derechos Humanos, que impide amnistiar crímenes de guerra, de lesa humanidad y de tortura: "Se ha tomado esta decisión después de considerarlo cuidadosamente, pero nos hemos visto obligados a hacerlo". 

Martin ha apuntado que el Gobierno de Londres ha decidido "legislar de manera unilateral" y sin atender a las "preocupaciones legítimas que nosotros, como muchos otros, hemos planteado".

"El Gobierno británico ha eliminado la opción política y solo nos ha dejado esta vía legal", ha señalado el 'numero dos' del Ejecutivo de Dublín, de coalición entre democristianos, centristas y verdes.

Ha recordado, asimismo, que la incorporación de la Convención Europea de Derechos Humanos a la legislación de Irlanda del Norte es un "requisito específico y fundamental del acuerdo del Viernes Santo" (1998), el texto que puso fin al conflicto en la provincia británica.

"Desde que el Reino Unido presentó por primera vez la legislación, este gobierno ha sido coherente respecto a que no es compatible con la convención. Hemos aprovechado cada oportunidad para dar a conocer nuestras preocupaciones e instar al Gobierno británico a frenar esta legislación", ha dicho Martin.

El vice primer ministro ha insistido en que las víctimas deben situarse en el centro del debate sobre la citada legislación, a la que se oponen también todos los partidos norirlandeses y organizaciones de derechos humanos.

Martin, por último, ha señalado que, en particular, preocupan las "disposiciones que permiten la concesión de inmunidad", así como las que "cierran las vías existentes" para esclarecer "casos históricos", incluidas "investigaciones, investigaciones policiales, investigaciones del Defensor del Pueblo de la Policía y acciones civiles".