La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las cortes y Justicia, Félix Bolaños, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados.
La reforma fiscal sufre su primer tropiezo sin haber echado a andar
- Como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, los grupos parlamentarios se resisten a dar luz verde a mantener los impuestos a las energéticas y a la banca.
- Más información: Míriam Nogueras confirma el veto de Junts al 'impuestazo' a las energéticas: "No pondremos en riesgo las inversiones en Cataluña"
El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea a ejecutar una reforma fiscal exprés que esté activa en 2025. Pocos detalles se conocen sobre ella, aunque el Gobierno ubica en este escenario las maniobras para hacer permanente el impuesto sobre las empresas energéticas y la banca. Medidas que están encontrando importantes obstáculos en el Congreso. Así, la reforma fiscal ya sufre sus primeros tropiezos cuando ni siquiera ha empezado a andar.
Se trata de un escenario que ya lo había pronosticado EL ESPAÑOL-Invertia antes de verano. En el Ministerio de Hacienda eran, y son, pesimistas respecto a cómo hacer permanentes estos impuestos. El problema hace unos meses, y ahora, es el mismo de siempre en esta legislatura: la falta de consenso y acuerdo entre los socios del Ejecutivo de coalición.
Se trata de algo especialmente complicado en el caso de la tasa a las energéticas. El PNV reclama bonificaciones que faciliten rebajar el impacto que supone este tributo lo máximo posible. O incluso que no se prorrogue. Están en juego los intereses de País Vasco, origen de dos de las principales empresas españolas: Iberdrola y Repsol, ambas energéticas.
La formación vasca busca que, mediante el concierto foral, "se pueda anular el efecto futuro del impuesto (algo que también se podría hacer en el caso del de la banca)". Sin embargo, otro apoyo parlamentario en el Congreso, Junts, también ha dejado clara su postura. Miriam Nogueras ha afirmado que "la formación independentista no hará nada que ponga en riesgo inversiones en Cataluña".
Si bien ya se esperaba esta posición por parte de Junts, las últimas amenazas de Repsol de llevarse o paralizar algunas de las inversiones pendientes en España han sido fundamentales. Sobre todo porque, entre estas inversiones pendientes, están los 1.100 millones que la compañía baraja para su complejo químico en Tarragona, provincia de Cataluña por si alguien no se sitúa.
En cambio, la postura en el otro bando de los aliados de la investidura es la contraria. Podemos, Bildu y ERC no sólo reclaman que se mantenga el impuesto a las energéticas, sino que incluso se endurezca pese a que los tiempos de los precios de la energía disparatados parecen haber pasado a mejor vida.
Algo parecido pasa en el caso de la banca, con los tipos de interés a la baja. Sin embargo, las posturas aquí también son opuestas y el consenso imposible. Incluso el exministro José Luis Escrivá, hoy gobernador del Banco de España, pide en una entrevista bonificaciones para "hacer lo más neutral" posible el tributo.
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Las contradicciones existen hasta en el seno del Ejecutivo de coalición. El alma socialista del Gobierno siempre ha estado a favor de introducir bonificaciones para estos impuestos mientras que Sumar está en el lado de endurecerlos.
Esta falta de consenso, que está retrasando constantemente una medida que está en el programa político de la coalición, es el mal crónico que se le avecina a la reforma fiscal. Pese a todos estos bloqueos, Hacienda trata de incluir la permanencia de los tributos a las empresas energéticas y a la banca en el proyecto de ley del tipo mínimo del 15% para multinacionales.
Parece difícil que en un escenario semejante el Gobierno recabe respaldos suficientes para reformas tributarias tan polémicas como eliminar beneficios fiscales (como suprimir algunos de los tipos de IVA reducidos y superreducidos) o elevar la tributación medioambiental (que afectará al precio que se paga en España por el combustible, especialmente por el diésel).
Todo ello, además, en un escenario en el que se tienen que retirar varias de las medidas del conocido como escudo social, como la bonificación del IVA de los alimentos y determinadas rebajas de los impuestos de la energía. Sin olvidar la suspensión de las ayudas al transporte público, que el Gobierno ya está dejando caer. No parece el escenario más proclive para un consenso parlamentario.
Sin embargo, la reforma fiscal es un compromiso alcanzado ya con Bruselas para poder acceder al quinto pago de fondos europeos. Es decir, que habrá reforma, aunque otra cosa será contenido. Todo dependerá de los naipes que le queden en la manga a María Jesús Montero, que, en paralelo, debe afrontar la financiación singular de Cataluña y su concierto. ¿Habrá fiscalidad o ilusionismo? Veremos.
