La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero Gustavo Valiente Europa Press

Macroeconomía

Cataluña recaudó casi un 50% más en impuestos cedidos que Madrid en 2021

El gasto en inversiones de empresas públicas fue de unos 120 euros por habitante en la región capitalina y de alrededor de 64 euros en Cataluña.

13 marzo, 2024 07:51

Cataluña recaudó 4.451 millones de euros a través de los tributos cedidos a las comunidades autónomas -como el Impuesto sobre el Patrimonio- en 2021. Se trata de un monto un 49,78% mayor que el que recaudó Madrid en el mismo año y por esos mismos tributos. Sin embargo, fue la región capitalina la que concentró el mayor trozo de tarta de las inversiones de las empresas públicas, con un 20%, frente al 12% de la citada región septentrional.

Según los datos publicados por el Ministerio de Hacienda a través del Instituto de Estudios Financieros (IEF), los cuales permitirían calcular la balanza fiscal -una exigencia de Junts para apoyar los decretos de enero-, Madrid recaudó 2.972 millones de euros a través de tributos cedidos en 2021. Una cifra similar a la de Andalucía -con 2.684 millones- y que queda lejos de la catalana.

El diferencial viene, principalmente, de lo recaudado por los impuestos de patrimonio, actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales, más elevados en Cataluña que en Madrid.

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Mientras tanto, la inversión del conjunto de empresas públicas -como Renfe o Adif- fue de 866 millones de euros en Madrid y de 515 millones en Cataluña.

Madrid cuenta con unos 7 millones de habitantes, mientras que Cataluña supera por poco los 8 millones. Así, el gasto en inversiones de empresas públicas en función de la población fue de unos 120 euros por habitante en Madrid y de en torno a 64 euros en Cataluña. Las mayores partidas de gasto de las empresas públicas se concentraron en Adif, Enaire y Renfe.

Los datos publicados por el Ministerio de Hacienda deberían permitir a la propia Administración y a los investigadores calcular balanzas fiscales, si bien no existe un método único para esto. De hecho, la falta de consenso sobre el método adecuado es lo que, en última instancia, explica que el departamento de María Jesús Montero no ofrezca una balanza como tal, sino datos en bruto.

"Hay diferentes metodologías y, por tanto, cada centro de estudio maneja la suya propia", apuntó este martes la propia Montero.

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La balanza fiscal permite conocer el cómputo entre lo que una comunidad autónoma aporta al Estado a través de los impuestos de sus ciudadanos y empresas y lo que recibe de este a través de inversiones, gasto y pago de prestaciones. Hacienda lleva ya una década sin hacer públicos los datos que permiten llegar a esas balanzas fiscales.

A la postre, las cifras evidencian -o pueden llegar a hacerlo- si el Estado reparte o no correctamente entre los diferentes territorios el dinero que los ciudadanos aportan a las arcas vía impuestos. Conocer los datos es, por tanto, una reivindicación de los partidos nacionalistas catalanes para reforzar su "España nos roba".

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Lo cierto es que lo usual es que las regiones más desarrolladas, como es el caso tanto de Madrid como de Cataluña, presenten un déficit entre lo recaudado y lo invertido en ellas. Es decir, generalmente aportan más de lo que reciben, en tanto que concentran grandes masas de población, así como a las grandes empresas.

En cualquier caso, la Generalitat ya afeó este martes en un comunicado que los datos publicados por Hacienda "no aportan ninguna novedad". El Ejecutivo catalán ha insistido en la necesidad de que el Gobierno "publique la información para hacer las balanzas fiscales", ya que la información que reclama es la territorialización del gasto, es decir, en qué territorio se destina cada programa de gasto.

Desde la Generalitat consideran que los datos no permiten llegar a esas balanzas porque hay 102.000 millones de euros en gasto público que el Gobierno no especifica en qué comunidad autónoma se ejecutan. En el caso de las inversiones de las empresas públicas, el gasto "no regionalizado" alcanza el 13% (el segundo en importancia), según los datos de Hacienda.