Estamos ante una cuestión insistentemente reclamada por los 'indepes', pues consideran que el Gobierno no invierte lo que debería en Cataluña. No sólo eso, es que creen que existe un déficit fiscal que "ahoga" a la región. Esa falta de financiación asciende a 21.982 millones de euros, según los cálculos elaborados por la Generalitat de Cataluña y que fueron publicados el pasado mes de septiembre. 

Unas estimaciones que se elaboran con datos recopilados por el propio Govern que, además, admite carecer de toda la información necesaria para su elaboración. 

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Pero ¿tiene sentido que el Estado publique estos datos? Para el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Ángel de la Fuente, sí lo tiene. Eso sí, "siempre y cuando se haga bien y mediante una metodología clara y razonable". Advierte, además, que debe ser la propia Hacienda la que haga los cálculos y "no entregar la data sólo a la Generalitat" para que sea ella la que haga las estimaciones a su conveniencia. 

Lo razonable es que aquellas autonomías con mayor renta media (las más ricas) contribuyan más vía impuestos y, por tanto, reciban aproximadamente lo mismo que las demás. Es decir, que tengan déficit. Por el contrario, las regiones más pobres deberían contribuir menos y, por tanto, presentar superávit. ¿Por qué? Pues porque "ese es el resultado de aplicar un sistema fiscal medianamente lógico y equitativo y de prestar servicios similares en todos los territorios", sentencia de la Fuente. 

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El economista explica que en las últimas balanzas fiscales publicadas por el Gobierno en 2014, ese patrón esperado es lo lo que se podía ver en la mayor parte de los territorios. Es decir, un cierto equilibrio entre aportaciones e inversiones. Eso sí, con algunas excepciones como País Vasco y Navarra, que tenían superávit pese a su elevando nivel de renta, "lo que apuntaba a una sobrefinanciación". Por el contrario, Valencia contribuía mucho más de lo que recibía pese a tener una renta per cápita inferior a la media, lo que apuntaba "a una infrafinanciación". 

¿Y qué pasa con Cataluña? Pues de la Fuente estima que, en efecto, habrá déficit. Pero "será mucho menor de lo que estiman los nacionalistas. Es lógico y razonable que lo haya pues estamos hablando de una de las autonomías más ricas del país.

El 2014

Las balanzas publicadas en 2014 dan pistas de lo que podría ocurrir cuando se den a conocer las de años posteriores. Por entonces, el déficit fiscal del Cataluña con el Estado estaba en los 9.892 millones de euros, un 5% de su PIB. Le superaba Madrid, con 19.205 millones de euros de déficit con el Estado, un 9,2% de su PIB. En porcentaje de PIB, el déficit de Baleares con el Estado también es superior al de Cataluña, con un 6,3%. 

Como se puede comprobar, las estimaciones de 2014 quedan muy alejadas de los 22.000 millones que reclama la Generalitat. El propio De La Fuente explicaba a EL ESPAÑOL en septiembre (cuando se hizo pública la reclamación de la Generalitat) que la metodología empleada por el Govern para hacer sus cálculos "carece de sentido económico", pues sólo contabiliza el gasto que se materializa físicamente en Cataluña, "dejando muchas cosas relevantes fuera". 

Este es el caso de la inversión en, por ejemplo, servicios para la población española en el extranjero, defensa, o un radar que dé servicio al tráfico aéreo del aeropuerto del Prat pero no esté dentro de las fronteras catalanas. Se trata de un sistema que "tiende a exagerar el déficit con el Estado", sentencia. 

Para el experto "la existencia de un déficit fiscal per se no es necesariamente un problema". Todo depende del nivel relativo de renta del territorio. "Deberíamos aplicar la misma lóigica que todos aceptamos a nivel individual: los ricos tienen que pagar más impuestos, pero eso no les da más derechos. Por lo tanto, es lógico que tengan un déficit en sus relaciones económicas con el Estado, pero es no es un problema siempre que sea el resultado de aplicar reglas iguales para todos los que están en la misma situación.” 

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Otra de las reivindicaciones de Junts -que se recoge en el acuerdo para apoyar la investidura de Sánchez- es la transferencia de la recaudación impositiva. Algo a lo que el PSOE se opone, pero que es un tema que volverá a estar sobre la mesa en próximas negociaciones entre ambos partidos. 

Todo apunta a que esa será la próxima reivindicación una vez que el Gobierno haya hecho públicos los datos de las balanzas fiscales que reclama Junts. En concreto, las de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero Eduardo Parra Europa Press Madrid

Hacienda dejó de hacer públicas las cifras del Sistema de cuentas Públicas Territorializadas (SCPT) cuando dejó de elaborar las balanzas. De hecho, pese a las constantes reclamaciones de la Generalitat, María Jesús Montero se ha opuesto a hacerlas públicas en los últimos años porque favorecen "reproches" entre los territorios que conforman el territorio español. 

La propia vicepresidenta primera replicaba en mayo de 2022 a la senadora María Teresa Rivero, de Junts, asegurando que "los ciudadanos de Cataluña no son más solidarios que los andaluces y los extremeños", y que "es evidente que las regiones más ricas tienen saldo negativo porque hay más concentración de ciudadanos de rentas altas que pagan más impuestos". 

Ahora toda esa defensa salta por los aires y, en virtud de lo pactado con Junts, Hacienda tendrá que hacer públicos los datos de las balanzas fiscales de las distintas comunidades autónomas.