El TC admite el recurso del PP contra el voto delegado de Puigdemont pero no lo suspende

El TC ha descartado la medida cautelar propuesta por el ponente, Ricardo Enríquez, de dirigir un requerimiento a la Mesa de la Cámara autonómica presidida por Josep Rull para que, en lo sucesivo, se abstenga de aceptar los votos delegados de los dos prófugos de la Justicia, en coherencia con la doctrina sentada por el tribunal.

El Constitucional fijó en 2022 la doctrina de que las excepciones al principio de presencialidad de los parlamentarios cuando tienen que ejercer el derecho al voto no pueden ser aplicadas a quienes "voluntariamente han decidido eludir la acción de la jurisdicción penal española y sobre los que pesan una orden judicial de busca y captura".

Los recurrentes también proponían suspender cautelarmente el acuerdo de la mesa de edad, lo que no fue propuesto por Enríquez, por lo que ni siquiera se ha sometido a votación esa medida.

Los siete votos del bloque de magistrados designados a propuesta del Gobierno y del PSOE determinaron el rechazo de la medida cautelar consistente en advertir a la Mesa de que no debe aceptar los votos delegados de Puigdemont y Puig.

Los magistrados Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa votaron a favor de esta última medida cautelar, mientras que Enríquez se abstuvo indicando que no hacía cuestión del asunto.

El grupo mayoritario consideró que, al descartarse la suspensión cautelar del acuerdo de la mesa de edad, tampoco pueden tomarse medidas cautelares sobre futuras decisiones de la Mesa elegida el pasado día 10 que no se sabe si va a adoptar o no.

El recurso de los diputados del PP en el Parlament de Cataluña se dirige contra la decisión de la mesa de edad de contabilizar los votos delegados "emitidos ilegalmente en nombre de Lluis Puig y Caries Puigdemont por Albert Batet", sostiene el PP. Pero también contra la designación de la Mesa del Parlament y contra la elección de Josep Rull como presidente de la Cámara autonómica, acuerdos éstos que se consideran adoptados con "palmaria e inequívoca vulneración del derecho [de los diputados demandantes] al ejercicio del cargo representativo de conformidad con lo establecido en las leyes".

Los diputados catalanes del PP afirman que la aceptación del voto delegado de Puigdemont y Puig es un "claro supuesto de frontal desacato a lo sentado por el Tribunal Constitucional", inicialmente en una sentencia dictada en mayo de 2022, reiterada, entre otras veces, el pasado 6 de junio. Llamativamente, la primera ya anuló el voto delegado de Puigdemont que se aceptó en 2018 y la segunda tumbó el voto delegado de Puig durante la legislatura pasada.

De ello deduce la demanda del PP que la mesa de edad, con los votos del diputado de Junts Agustí Colomines y la diputada de ERC Mar Besses, actuó "con pleno conocimiento de la ilegalidad, al contravenir frontalmente lo declarado pr el TC respecto de los mismos 'delegantes'".

"Patentemente, nos encontramos simplemente ante el último intento, dentro de la misma saga (y esta vez ante la mesa de edad), de 'eludir los pronunciamientos previos' del Tribunal Constitucional", sostiene el recurso de los parlamentarios catalanes del PP.