La suspensión del Senado por la DANA da vía libre a la ley que obliga al TS a comunicarse en lenguas cooficiales

Esta medida, que obligará a dotar al alto tribunal de traductores e intérpretes (con los costes y demoras correspondientes, además de los problemas derivados de que otras partes no conozcan la lengua cooficial) figura en la Ley Orgánica del Derecho de Defensa que ha quedado definitivamente aprobada este jueves.

La ley entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE. Su contenido es el mismo que aprobó el pleno del Congreso el pasado 17 de julio.

En el Senado se habían presentado varias enmiendas, entre ellas algunas que pedían precisamente la supresión de la cooficialidad lingüística en el Tribunal Supremo.

Pero la Junta de Portavoces y el presidente de la Cámara, Pedro Rollán, decidieron el pasado miércoles suspender, a consecuencia de la DANA, el pleno en el que se iban a debatir las enmiendas.

Ello ha tenido como consecuencia que este jueves venciera el plazo de dos meses del que dispone el Senado para enmendar un proyecto de ley proveniente del Congreso.

Rollán informó a los senadores de la suspensión del pleno y del hecho de que "una vez que el Senado no se va a pronunciar, surtirá el efecto de la aprobación definitiva [del proyecto de ley] y será remitido para su publicación" en el Boletín Oficial del Estado. 

De este modo, con la Ley Orgánica del Derecho de Defensa entrará en vigor un nuevo régimen de derechos de los justiciables, que incluye "en los procesos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado, [el derecho] a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde residan o donde se hayan iniciado las actuaciones judiciales, así como a recibir en cualquiera de esas lenguas las comunicaciones producidas" (artículo 10.d).

La medida afecta al Tribunal Supremo y también a la Audiencia Nacional. No obstante, en ésta ya es habitual la utilización de intérpretes (sobre todo de euskera en los casos de terrorismo), por lo que tendrá más incidencia la previsión de que las comunicaciones tendrán que redactarse en la lengua cooficial, lo que ahora no se hace.

Pacto con los nacionalistas

El proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso el pasado 25 de enero no contenía el precepto relativo al uso de las lenguas cooficiales en los órganos judiciales con jurisdicción estatal.

Fue el grupo parlamentario de Junts per Catalunya el que presentó una enmienda para añadir que "todas las personas, físicas y jurídicas, tienen el derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas en los órganos judiciales que tengan jurisdicción en todo el Estado".

La enmienda no fue asumida por el PSOE en la fase de ponencia. Sin embargo, los socialistas sí aceptaron una enmienda transaccional con Junts, ERC y BNG cuando el dictamen sobre el proyecto de ley fue debatido en la Comisión de Justicia del Congreso el 26 de junio.

En ese debate, la portavoz del Grupo Popular, María Eugenia Carballedo, se manifestó en contra. "Muchas líneas rojas ha cruzado ya el señor Sánchez en materia de justicia, prácticamente todas", dijo. "Pero le queda una muy gruesa, que es hacer suya la vieja reivindicación de las lenguas, no en los órganos judiciales de las comunidades autónomas, no: en los procesos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado. ¿Quién va a pagar el festín de intérpretes, de traductores?".

La diputada Maria del Mar González, que intervino en nombre del Grupo Popular en el debate final de la ley por el pleno el Congreso, criticó a los socialistas por "introducir como cesión a sus socios, como viene siendo habitual, el uso de las distintas lenguas en todo el territorio".

"Suficientemente ilustrativo debiera ser lo que pasa en este Congreso y el elevado coste que esto supone", añadió.

Le contestó el portavoz del PNV, Mikel Legarda: "No compartimos que en Comisión se dijera por algún grupo parlamentario que esto constituía un chantaje independentista. Quizá, si se vieran las cosas de una manera más natural, podría concluirse sin esfuerzo que simplemente es un derecho de los justiciables, alineado con el mejor cumplimiento de la Constitución, cuando en su artículo 3 proclama que las distintas lenguas oficiales son un patrimonio cultural objeto de especial respeto y protección, y en su preámbulo proclama la voluntad de proteger a todas las culturas y lenguas de los pueblos de España".

"Qué duda cabe que lo dispuesto en el proyecto de ley, en cuanto al uso de las lenguas oficiales en procesos ante órganos con jurisdicción en todo el Estado, coadyuva de manera notable con esa voluntad y propósito constitucional", añadió.

Sin votos en contra

Pese a las críticas, el proyecto de ley fue aprobado en el Congreso sin ningún voto en contra. Salió adelante por 178 votos a favor y 170 abstenciones de los grupos popular y de Vox.

En el trámite del Senado el PP sí presentó una enmienda para suprimir la letra d) del artículo 10. Pero la suspensión de la sesión del pleno en la que, con toda seguridad, iba a ser aprobada, determinando la vuelta del proyecto al Congreso, ha tenido como resultado que finalmente la norma quede como salió de la Cámara Baja.