Los abogados critican que el Defensor del Pueblo les culpe de la lentitud judicial: "Produce daño"

En dicho dosier, la institución encabezada por Ángel Gabilondo recomienda al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que "adopte las medidas oportunas para garantizar que los magistrados y jueces ejercen debidamente la función de ordenación del proceso, asegurando el principio de buena fe procesal, y que apliquen las herramientas legales de las que disponen para evitar actuaciones dilatorias de mala fe de los letrados, que perjudican el derecho a la Justicia sin dilaciones indebidas".

En respuesta, el CGAE reprocha que es "absolutamente inapropiado" dar la apariencia de que dicha mala fe es un "comportamiento habitual y generalizado de la abogacía española".

"En modo alguno esta afirmación está sustentada en ningún dato concreto y se produce un gran daño a la imagen de los profesionales de la abogacía", afea el comunicado.

El propio Consejo General de la Abogacía recuerda que una de sus funciones es la de "exigir" a los letrados el cumplimiento de las normas éticas y deontológicas de su labor. Pero subraya que también lo es el "velar por el prestigio de la profesión". "Prestigio que se debilita con este tipo de actuaciones", le critica a Gabilondo.

"Somos, precisamente, nosotros los que vivimos, diariamente, los retrasos que, en muchos casos por falta de medios, se producen en la actividad diaria de nuestros juzgados y tribunales, con señalamientos que se demoran durante varios años", concluye, con firmeza, el escrito.

A renglón seguido, la principal institución a nivel nacional de la abogacía critica que los letrados "ni de buena, ni por supuesto de mala fe" tiene por costumbre dilatar los procedimientos, lo que causaría, además, una merma a los derechos de sus clientes y representados.

Por ello, el Consejo General de la Abogacía Española insta al Defensor del Pueblo a que "replantee los términos" de la recomendación que efectúa en su informe. Asimismo, el CGAE ha informado al CGPJ de sus quejas sobre este asunto.

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) también se ha pronunciado en contra de achacar a los letrados los retrasos judiciales. En otro comunicado, la entidad, presidida por Eugenio Ribón, critica que se atribuyan "erróneamente" a los abogados.