Junts usa la decisión del Supremo para su órdago final a Sánchez: o amnistía todo el terrorismo o nada

PSOE y Junts negocian contrarreloj una solución para que la ley pueda ser aprobada en la Comisión de Justicia, en ya menos de una semana. Y fuentes del partido de Carles Puigdemont sostienen, en conversación con este periódico, que "el Supremo nos ha hecho el trabajo".

Es decir, que los negociadores de la formación de derecha independentista pondrán a los socialistas ante la dicotomía de "o una amnistía plena, que no excluya el terrorismo, o no hay ley".

Los independentistas exigen que se incluya, también, entre los delitos amnistiables la traición al Estado, y para ello han pactado una enmienda transaccional con el PNV. Eso es lo que exigen al PSOE que acepte para "cumplir el compromiso con los electores, de una amnistía plena e inmediata".

Y así, sobre todo, que puedan acogerse a ella Carles Puigdemont, el resto de los investigados en el llamado caso Tsunami, y los implicados en la trama rusa del procés, que se instruye en el llamado caso Volhov. 

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En la escasa semana que queda para que se cumpla el plazo de negociación en la Comisión de Justicia del Congreso, se siguen celebrando reuniones "discretas" entre representantes de Junts y del PSOE. Los socialistas, además, mantienen su canal directo con ERC, para informar de la situación y consultar posibles "salidas por la gatera" que pueda aceptar Puigdemont.

Este jueves, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado asumir la investigación por terrorismo a Puigdemont y al otro aforado, el diputado autonómico de ERC Rubén Wagensberg, también huido en Suiza.

Fuentes del entorno del expresident fugado en Waterloo aseguran a este diario que "lo que ha hecho el TS no tiene nada que ver con el Derecho, es otra forma de hacer política". Y un portavoz oficial de ERC asegura que "la decisión no sorprende, dentro de la capacidad de inventiva de los jueces españoles".

Para el partido de Oriol Junqueras, que acusó a Puigdemont de haber "dejado tirados a cientos de inocentes" el 30 de enero, cuando votó no en el pleno del Congreso al primer dictamen de la ley, "el Supremo demuestra que España no es una democracia plena, porque ha decidido hacer política, intervenir la democracia". 

Aun así, Esquerra lo que desearía es que la ley se quede como está, o incluso que se borre la palabra terrorismo de su articulado. Aunque la formación de izquierda separatista entiende que "la debilidad del PSOE con el 'caso Koldo' favorece a Puigdemont en la negociación para conseguir sus posiciones de máximos".

Son los abogados de Puigdemont los que redactaron esas enmiendas que Junts pone ante el PSOE como un lo tomas o lo dejas: "No hay más, la resolución del Supremo nos da la razón", señala otro dirigente del partido independentista. "El PSOE ha seguido ofreciendo alternativas", añade, en referencia a esas "soluciones imaginativas" que eviten que la ley se choque contra el derecho de la UE.

"Lo único que podemos hacer es constatar la actuación de los jueces [del Supremo] y de los fiscales [del Consejo] y contraponerla con el redactado de la ley", concluye otra de las personas que redactó estas enmiendas vivas de Junts. "Haciendo este ejercicio queda claro que la ley, tal como está, no tendría los efectos que se esperan de una amnistía".

La posición del Gobierno

Hasta ahora, el Gobierno ha asegurado públicamente que no aceptará incluir el terrorismo en la amnistía. Y fuentes de la negociación explican que, si lo hiciera, podría tener problemas en el futuro en Bruselas.

El propio presidente Pedro Sánchez ha dicho públicamente que, según su criterio, "no hay terrorismo" en ese sumario. Esa opinión ha sido rebatida este jueves por el Tribunal Supremo en decisión adoptada por unanimidad de los magistrados de la Sala segunda.

Carles Puigdemont interviene en el Parlamento Europeo ante Pedro Sánchez el pasado 13 de diciembre. Efe

El Gobierno intentó que Junts aceptara vías alternativas a la ley de amnistía - rechazadas hasta ahora todas por los independentistas-, dando por hecho que finalmente la Justicia terminaría rechazando la acusación de terrorismo.

Para eso, contaba con la acción de la Fiscalía, que también mantiene que no hay terrorismo, en contra de la opinión de 11 fiscales del Supremo.

Esa vía ya resulta imposible, porque el Supremo ha decidido iniciar ahora esa investigación por terrorismo. En el caso hipotético de que se aprobara la ley de amnistía sin incluir ese grave delito, Puigdemont no podría quedar exonerado de responsabilidad como mínimo hasta dentro de unos cuantos meses, lo que no acepta Junts.

Es decir, la decisión del Supremo bloquea también posibles "salidas imaginativas" para no tener que tocar la ley.

El Gobierno ya acepta incluir "retoques técnicos" a la proposición de ley en la Comisión de Justicia del Congreso, y eso es lo que negocia con Junts.

Los independentistas mantienen que no hay más remedio que quitar la exclusión del delito de terrorismo y, de esta forma, mantener el pulso a la Justicia, imponiendo ese cambio legal más amplio.

De hecho, tanto Junts como ERC reaccionaron este jueves con dureza contra el Tribunal Supremo por su resolución.

El plazo acaba el 7 de marzo y el Gobierno siempre ha temido que la formación de Puigdemont quiera agotarlo para forzar la negociación, como ha hecho en otras ocasiones. "No creo que esto se cierre hasta última hora", confirma un colaborador del expresident.

La Mesa tendría posibilidad de ampliarlo, pero ya estaría muy por encima de lo previsto en el Reglamento del Congreso que señala, en su artículo 131.2, que si no se aprueba en el Pleno el dictamen de la Comisión "el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes".

La votación en el Pleno fue el 30 de enero, por lo que ya han transcurrido 37 días y no es fácil una nueva ampliación de plazo.