Armengol pagó a la trama de Koldo 3,7 M antes de declarar la emergencia y de forma "contraria a ley"

La hoy presidenta del Congreso pagó 3,7 millones a Soluciones de Gestión SL, la empresa de la trama presuntamente corrupta, antes de haber formalizado la declaración de emergencia que le habilitaba para una licitación a dedo. Según sostiene la UCO de la Guardia Civil, en un informe que obra en el sumario y al que ha tenido acceso este periódico, Armengol actuó de manera "contraria a la ley".

Por su parte, el hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática es nombrado en otro informe de la UCO, también en poder de este diario.

Según este documento, incorporado al sumario de la operación Delorme, el Gobierno socialista de Canarias pagó a mediados de abril de 2020 las primeras mascarillas a la trama de Koldo, y las recibió una semana después. Pero no autorizó las facturas hasta el mes de mayo. Y es más, no registró oficialmente hasta el mes de junio los contratos.

Es decir, según los investigadores, que "posteriormente se confeccionaron contratos para dar cobertura justificativa a esas entregas de material".

Dos años después, la investigación de la Fiscalía Anticorrupción llegó a los gobiernos socialistas de las Baleares y Canarias el mismo día, 7 de julio de 2022. En esa fecha, agentes de la UCO de la Guardia Civil libraron sendos requerimientos de información a las oficinas del Servicio de Salud de Illes Balears (IbSalut) y del Servicio Canario de Salud (SCS), en el marco de la operación Delorme, entonces secreta. 

Según los dos informes de la Guardia Civil, las dos operaciones podrían haber sido un fraude de principio a fin. No sólo con comisiones ilegales para los miembros ahora detenidos de la trama corrupta, sino con quebranto para las arcas públicas de Baleares y Canarias.

Así se deduce de la lectura de párrafos prácticamente calcados, que describen los contratos como oscuros, opacos y hasta "confeccionados" a propósito para encajar, después, con lo requerido antes: "Se desconoce cómo se pactaron las condiciones de adjudicación del contrato, no se han aportado comunicaciones entre el órgano de contratación y Soluciones de Gestión SL, ni tampoco cómo y de qué manera se gestionó el suministro de las mascarillas".

El caso balear

El Gobierno socialista balear llegó a pagar a la trama presuntamente corrupta hasta 3,7 millones de euros por el suministro de un cargamento de casi 1,5 millones de mascarillas, que resultaron ser inservibles.

Aun así, Armengol después cambió los contratos para lograr que resultaran "elegibles" para financiarlos con fondos europeos. Y además, IbSalut nunca exigió a la empresa una solución al incumplimiento del contrato ni le reclamó el dinero de vuelta hasta el mismo día en que la popular Marga Prohens era investida nueva presidenta, el 6 de julio de 2023.

Según la investigación, en Baleares se armó un galimatías jurídico de documentación para tratar de justificar una actuación irregular. "El contrato fue ejecutado en fechas previas a la declaración de tramitación de emergencia", asegura la Guardia Civil. Esto "sería contrario a la ley", incumpliendo directamente el artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público (LCSP).

"La entrada del material [es] el 29 de abril de 2020, es decir una semana antes de que sea aprobada la declaración de emergencia", lo que se hizo el 4 de mayo, "formalizándose [...] el día 8 de mayo (según la propia web de contratación del Estado)", explica el informe. 

Y así, "cualquier actuación entre Soluciones de Gestión SL y el Servicio Balear de Salud que se hubiera producido con anterioridad a esa fecha se entiende contraria a la Ley que regula los contratos celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público".

Ábalos ve "estafa" en Baleares

El llamado caso Koldo estalló el pasado miércoles 21 de febrero, cuando se supo que un día antes la Audiencia Nacional había ordenado 26 registros y 20 detenciones. La trama implicaba al asesor personal de Ábalos, en aquellas fechas ministro de Transportes y autoridad delegada competente por la pandemia.

Pero, sobre todo, Ábalos era secretario de Organización del PSOE. Es decir, el jefe orgánico de Armengol y Torres, motivo al que la investigación atribuye que Koldo García Izaguirre pudiera haber "recomendado" la contratación de la citada empresa para enriquecerse con comisiones ilegales.

Ahora, el exministro se considera "un apestado de la política", tras ser expulsado al Grupo Mixto. Pero está concediendo entrevistas, en las que proclama que no tiene "nada de qué defenderse". De momento, no había respondido contra nadie del PSOE, a pesar de criticar que lo han dejado "solo". Pero este jueves deslizó que en la operación de Armengol "sí hay quebranto para las arcas públicas".

Para Ábalos, lo que hizo la administración de la hoy presidenta del Congreso "es estafa", al tratarse de mascarillas "inservibles" que siguen almacenadas y por las que no se reclamó un resarcimiento. "Esas tuvieron que haberse repuesto", concluía Ábalos en Cuatro TV, "las de mi Ministerio, no".

El caso canario

El Ejecutivo socialista canario adjudicó cuatro contratos a Soluciones de Gestión, entre el 22 de abril y el 4 de mayo de 2020, por valor de 12,5 millones de euros. En su caso, también ocurrió que parte del cargamento era inservible, aunque el SCS de Torres sí exigió un arreglo.

La UCO relata que, "a pesar de haber sido tramitado como emergencia", el proceso de entrega de un nuevo cargamento que resarciera el anterior fallido "se finalizó 7 meses después", en noviembre de 2020.

En todo caso, según relata el informe, el proceso se hizo totalmente al revés: primero se pagó, luego se recibió el material, después se hicieron los contratos, y finalmente se formalizaron oficialmente.

A partir del incidente de la partida defectuosa, "hubo que negociar nuevos importes más baratos", explica la UCO, y "posteriormente se confeccionaron contratos para dar cobertura justificativa a esas entregas de material que se habían realizado previamente".

Asimismo, también el Gobierno socialista canario modificó después los expedientes para endosarle a la UE el pago del dinero, a través de los fondos Feder.