Sánchez prioriza ahora los Presupuestos a la amnistía para atar a Junts antes de que fallen los jueces

Hay dos razones para ello. Por un lado, a partir de la semana que viene la Ley de Amnistía pasará al Senado, previsiblemente después de un Pleno que se celebraría el día 30.

En la Cámara Alta, el PP, con su mayoría absoluta, hará todo lo posible por retrasarla y se polemizará sobre ella con, entre otras cuestiones, nuevos informes técnicos que podrían ser demoledores.

Mientras esto suceda, los socialistas intentarán que la atención esté centrada en los PGE, y los acuerdos entre los distintos partidos son algo que al Gobierno le conviene.

Pero, aún más importante, desde el Ejecutivo quieren evitar nuevas sorpresas de Junts, atar su apoyo, y que no se supedite el sí de los independentistas catalanes a las cuentas a que estos estén satisfechos con la aplicación de la ley.

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El PSOE cedió este martes a las pretensiones de ERC y Junts al pactar una enmienda transaccional a la Ley de Amnistía que amplía el ámbito del perdón a los delitos de terrorismo, hayan sido juzgados o no, con la sola excepción de aquellos que "de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos".

Con este cambio se pretende blindar a Carles Puigdemont y a la líder de ERC Marta Rovira. Sin embargo, muchos juristas opinan que la enmienda no impediría a los jueces hacer valer sus criterios a la hora de aplicar la amnistía.

Por su parte, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial distribuyó la semana pasada una guía entre distintos magistrados instándoles a acudir al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para plantear cuestiones prejudiciales en caso de que tengan dudas en su momento sobre la legalidad de la amnistía.

Estos elementos hacen prever que la aplicación de la Ley de Amnistía, una vez aprobada, no va a ser un camino fácil, y desde Moncloa temen que los independentistas, especialmente Junts, se sientan engañados.

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De hecho, el partido de Puigdemont ya ha dicho en numerosas ocasiones que no se fía del PSOE. Habrá que ver si están de acuerdo con aprobar las cuentas antes de la amnistía, ya que podría suponer entregarle un cheque en blanco a los socialistas.

Por eso, Sánchez prefiere atar cuanto antes los Presupuestos, el pasaporte seguro para la estabilidad de la legislatura.

El calendario

Tras haber encauzado la Ley de Amnistía esta semana, el Ministerio de Hacienda planea empezar a tramitar los PGE en torno a febrero o marzo y aprobarlos antes de primavera. La Ley de Amnistía está prevista para abril o mayo.

Aunque el PSOE ya empezó a hablar de los PGE con los distintos partidos mientras negociaba la investidura de Sánchez, no se concretaron más que generalidades y ahora Moncloa busca que esas ideas toquen tierra.

La ministra de Hacienda y vicepresidenta primera, María Jesús Montero, anunció este miércoles que estaba empezando a hablar con Junts de los PGE. "Estamos empezando otro tipo de contactos [con Junts] para los siguientes hitos del Gobierno como la ley de Presupuestos", aseguró.

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El Ejecutivo pretende evitar que se produzca con los PGE una situación similar a la que sucedió con la aprobación de los tres decretos (el decreto ómnibus, el del subsidio por desempleo y el de medidas anticrisis), y que no se negocie en esas conversaciones nada que no tenga que ver con las cuentas generales.

Hay que tener en cuenta, además, que una vez que los PGE se empiezan a tramitar tienen prioridad sobre el resto de normas, por lo que tocaría aparcar la amnistía.