Una foto de archivo del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, visitando las instalaciones de Repsol.
El Gobierno de la Región Murcia estudia recurrir el 'impuestazo' a las energéticas ante los tribunales
- El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, preocupado por sus efectos sobre el futuro de la refinería de Repsol en Cartagena: "Está asfixiando la inversión y propiciando que grandes empresas abandonen España".
- Más información: Las petroleras advierten de que 16.000 M€ en inversión estarán en "riesgo" por el impuesto energético.
El Ejecutivo de la Región de Murcia valora declararle la guerra al 'impuestazo' a las energéticas. El consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, avanza que estudia recurrir esta medida que plantea el Gobierno de España ante los tribunales.
El consejero de Presidencia y portavoz autonómico, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha subrayado la "gran preocupación" que existe en el Palacio de San Esteban ante las declaraciones del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, donde confirmó su intención de hacer permanente el impuesto del 1,2% sobre la facturación de las empresas energéticas.
A juicio de Marcos Ortuño: "Las políticas económicas y la voracidad fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez están castigando a las empresas y a los que generan oportunidades y puestos de trabajo". El portavoz del Gobierno regional también cree que estas medidas "están asfixiando la inversión y propiciando que grandes empresas abandonen España".
De hecho, Ortuño lamenta que, en los últimos días, se ha conocido que Repsol "estudia congelar sus inversiones y trasladarlas a otros países". Hace un año, el consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, ya advertía de que dejaba en el aire una inversión de 8.000 millones en España hasta 2025 por la "falta de estabilidad fiscal" y la posibilidad de perpetuar el 'impuestazo' preocupa en San Esteban por el efecto que pueda causar en el futuro de la refinería de Escombreras en Cartagena.
Una foto de archivo del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.
Repsol ha sido el grupo más damnificado del sector energético en estos dos años de aplicación del denominado 'impuestazo'. Por esta medida, la compañía ha tenido que realizar un abono de casi 800 millones de euros -444 millones en 2023 y unos 335 millones de euros este ejercicio-.
Por este motivo, el consejero de Presidencia insta a tener en cuenta que Repsol "es una empresa estratégica para Cartagena, para su comarca y, por supuesto, también para la Región de Murcia". Todo ello, según Ortuño, la convierte en una entidad "clave para nuestro desarrollo con importantes proyectos sostenibles y de futuro".
Aunque el portavoz del Ejecutivo autonómico no se centra solo en el caso de Repsol. Marcos Ortuño indica que también hay otras empresas que "han apostado por la Región de Murcia para llevar a cabo proyectos" y sus inversiones están siendo "ahuyentadas por la decisión del Gobierno de España".
De forma que el titular de Presidencia adelanta que los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma analizarán las opciones de presentar un recurso contra ese impuesto: "Cabría presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo o bien un recurso directamente ante el Tribunal Constitucional".
El consejero de Presidencia de la Región de Murcia, Marcos Ortuño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de esta semana.
En cuanto a los plazos que se manejan para presentar este recurso, el portavoz autonómico indica que, en primer lugar, hay que esperar a ver si "efectivamente, el Gobierno central acaba aprobando esa medida" porque "todo ha quedado, de momento, en un anuncio".
"Pero ya digo que ese anuncio tiene graves consecuencias para la Región de Murcia, para Repsol, para otras empresas que también ya han apostado por nuestra región y desde luego no nos vamos a quedar de brazos cruzados", tal y como advierte el consejero Presidencia.
Cambio de postura
La noticia del posible mantenimiento del 'impuestazo' supone un cambio de rumbo del Gobierno central respecto a las declaraciones que Pedro Sánchez realizó en diciembre de 2023. En aquel momento, el presidente del Gobierno confirmó lo que, de hecho, ya había anunciado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera: el Gobierno estaba trabajando para "rediseñar" ese impuesto del 1,2%.
Sin embargo, la nueva postura del Gobierno de España no aspira a rediseñarlo, sino a hacerlo permanente. Y por eso, esta noticia ha caído como un jarro de agua fría sobre las entidades afectadas: la banca y el sector energético.
De hecho, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) -que integra a, Repsol, Cepsa, Galp y BP- advierte de que "prologar el impuesto al sector energético afectará negativamente a las inversiones en transición energética".
