Las cárceles de Marlaska registran 508 agresiones a funcionarios en 2023, la peor cifra de la historia

Por segundo año consecutivo, las cárceles del minisro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, registran la peor cifra de la historia en relación a las agresiones a los trabajadores del sistema penitenciario. Los funcionarios de las cárceles españolas tuvieron en 2023 los 12 meses más complicados de siempre, al ser víctimas de 508 agresiones por parte de reclusos en prisiones de toda España.

Nunca su seguridad se vio tan comprometida como en 2023. Si la cifra del año 2022 ya superaba con creces todos los registros (453 agresiones) los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias a los que ha podido acceder en exclusiva EL ESPAÑOL sobre este último año rompen ya la barrera del medio millar de incidentes de todo tipo de gravedad.

Como reconocen los datos oficiales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en el año 2023 se han vuelto a batir todos los récords. Es un incremento del 12% en el global de las agresiones sufridas con respecto al año anterior. El 2023 se confirma como el más violento de la última década.

Si en el año 2022 los funcionarios de instituciones penitenciarias sufrieron una agresión cada 19 horas, en el año 2023 esa frecuencia es mayor y los trabajadores de las cárceles españolas han sufrido una agresión cada 17 horas.

Las imágenes que ilustran este artículo son el resultado de una de las más graves agresiones de este pasado año. En este caso, en noviembre, en la cárcel de Aranjuez. El trabajador víctima de ese ataque todavía no sabe si podrá volver a andar. 

Los centros penitenciarios de la provincia de Zaragoza son los que más agresiones han registrado hasta el momento. Zuera (27 agresiones) y Daroca (20 agresiones) suman un total de 47 ataques de presos a funcionarios. Son dos de las tres cárceles con más violencia sufrida por los funcionarios penitenciarios en el año 2023. 

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Junto a ellas, figura en lo más alto de la lista la cárcel de Puerto III (El Puerto de Santa María, Cádiz), empatada en primer lugar con Zuera, con un total de 27 agresiones. El centro portuense vuelve, por segundo año consecutivo, a situarse entre las tres prisiones con mayor probabilidad de agresión a los funcionarios de prisiones.

Tras verse reducidos los ataques en los años 2020 y 2021 debido al cierre de las instalaciones penitenciarias durante la pandemia y la consecuente disminución de entrada de objetos prohibidos o sustancias estupefacientes por personas ajenas a la institución, una vez vuelta la normalidad el número de agresiones se dispararon en el año 2022 hasta las 453. La tendencia continúa al alza.

Los funcionarios de prisiones llevan años denunciando esta situación, y se han encontrado una y otra vez con el silencio del Ministerio del Interior. Muchos de los incidentes fueron protagonizados por presos con un largo historial en agresiones, internos que en muchos casos no son clasificados en régimen de primer grado, el más restrictivo.

Hace algo más de un año, tal y como reveló EL ESPAÑOL, una modificación en Instituciones Penitenciarias en una de sus instrucciones internas permitió que esos presos pudieran obtener permisos de salida, aun habiendo sido sancionados por cometer faltas graves o muy graves. 

La orden interna del departamento de Fernando Grande-Marlaska cambiaba uno de los apartados de la Instrucción 1/2012, la que regula los permisos de salida para los reclusos. Desde el pasado 2022, los procesos de infracciones y de sanciones ya no se tienen en cuenta para determinar la mala o buena conducta del interno, algo que era fundamental al valorar si se concedían o no permisos de salida.

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La tesis de los funcionarios es que Interior optó por trasladar de prisión a algunos de los internos más conflictivos tras protagonizar alguna agresión en lugar de clasificarlos en primer grado en la misma cárcel.

Agentes de la autoridad

Desde el sindicato de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) se denuncia que a pesar de que muchos profesionales tienen reconocida la condición de agentes de autoridad en el desempeño de sus funciones, los funcionarios de instituciones penitenciarias son uno de esos colectivos todavía "desprotegidos" en esa materia. "Los trabajadores de prisiones forman uno de esos colectivos que nadie se imaginaría que no tengan reconocida tal condición".

"En la pasada legislatura, el Gobierno de España presentó una proposición de ley en julio de 2020. Tras decenas de ampliaciones de plazos en su tramitación fue guardada 'sine die' en el cajón".

"Así se consiguió", continúan desde TAMPM, "que, tras tres años de espera, terminara la legislatura y los funcionarios de prisiones sigan desprotegidos".