Fernando Sanz, miembro de la asociación Derecho a Morir Dignamente de Castilla y León
"Hay personas que no pueden aliviar su sufrimiento y es la única solución": cuatro años de la ley de eutanasia en CyL
Castilla y León tiene 81 días de media de espera desde que una persona solicita la eutanasia hasta que se resuelve el trámite.
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Cuatro años se han cumplido este mes de marzo desde que la ley de eutanasia entrara en vigor en España. Una larga batalla legislativa que finalizó el 18 de marzo de 2021 pero que continúa con las reivindicaciones de las asociaciones para perfilar la normativa que regula el derecho a terminar con la vida.
Fernando Sanz, de la asociación Derecho a Morir Dignamente de Castilla y León, hace un balance general "satisfactorio" tras años de lucha para que esta ley funcionara y de la que ya se han beneficiado cientos de personas. Sin embargo, siguen teniendo problemas con la tramitación de la eutanasia.
No es fácil encontrar a un médico porque muchos manifiestan ser objetor de conciencia y rechazan atender el caso. Decidir morir es un trámite lento y con muchas fases. Lo primero es solicitarlo a un profesional sanitario de confianza, que debe valorar que el caso se ajusta a las exigencias de la ley.
Además, debe valorar la capacidad para decidir y que la decisión sea "libre de presiones y estable". Para cumplir este último criterio, la ley obliga a repetir una nueva valoración a los 15 días, aunque puede llevar algo más de tiempo.
Una vez se ha pasado este trámite, tiene que intervenir un segundo médico, que tiene que asegurarse de que se dan las circunstancias que la ley indica y que se han valorado todos los criterios minuciosamente.
Deben tener en cuenta que, por ejemplo, no existan alternativas terapéuticas o que la persona tenga capacidad para decidir. Una vez ambos médicos avalan el proceso, interviene la Comisión de Garantías y Evaluación -que es externa al sistema sanitario- y es quien dicta el veredicto final verificando que todo se cumple según la normativa.
Un proceso largo, pero que entiende que debe ser así para "garantizar la estabilidad de la decisión". Sin embargo, sí que incide en la importancia de acortar los días. En Castilla y León hay una media de 81, cuando en el conjunto del país es de 60, según los datos ofrecidos por el Ministerio.
Sanz indica que también es un proceso "rígido" y que, incluso, los profesionales sanitarios en ocasiones intervienen para aclarar que el paciente no durará muchos meses. En ese caso, matiza, "debería existir la posibilidad de acortar plazos".
A nivel global, lo que sucede en España, según explica el miembro de la asociación, es que "la tercera parte de las personas que la solicitan, se mueren durante el proceso de tramitación".
En Castilla y León, durante 2023, la solicitaron 30 personas y la recibieron 12. Los casos, aclara, se empiezan a contabilizar cuando se recibe el primer informe del médico o médica responsable. Quienes no lo tienen, no se contabilizan y, por tanto, no aparecen registrados por el Ministerio. Por tanto, resulta complejo tener una visión general de las personas que lo solicitan.
"Desigualdad entre comunidades"
En relación con los datos de las comunidades, Castilla y León es de las que menos solicitudes ha presentado. En relación con los datos correspondientes a 2023, se habían presentado 26 y solo por debajo se situaba Aragón. Asimismo, Cataluña es la que más con 170 peticiones y 94 prestaciones llevadas a término.
Sanz habla de "desigualdad entre comunidades", aunque reconoce que es "un poco arriesgado" porque aún no existen muchos datos para realizar un análisis exhaustivo. Afirma que influyen cuestiones culturales o "presiones del entorno".
Cree que hablar de la eutanasia aún es un tabú para muchas personas porque sigue sin estar "comprendido" y recuerda que son personas que "no consiguen aliviar su sufrimiento y es la única solución que conciben".
Por estos motivos, Fernando Sanz considera que debería tratarse como "una cuestión de Estado" y no entenderlo como un derecho excepcional que "solo ocurre en situaciones especiales".
Para poder paliar estas diferencias, considera que lo primero sería formar a profesionales sanitarios y, posteriormente, como sociedad avanzar hacia un proceso de "normalización", que cree que ya se va encaminando a ello.
En los últimos meses, afirma que el cine, por ejemplo, ha contribuido mostrando la realidad de las personas que solicitan la eutanasia. Y matiza que debería haber puntos de información para evitar que "la persona que da el paso, no se encuentre con profesionales que no conocen los trámites a seguir".
Patologías
En Castilla y León, durante 2023, las personas que han solicitado la eutanasia tenían en un 53,33% de los casos una enfermedad neurológica; en un 20% tumores, en un 13,33% problemas de salud mental y un 26,67% ha sido por otros motivos.
En cuanto al porcentaje de solicitudes aceptadas dependiendo de cada categoría. Con un 75% han sido las neurológicas y el resto no ha sido aceptada en ninguno de los casos.
