Se enfrenta a 24 meses de cárcel por un delito de estafa en la compraventa de coches

El responsable subsidiario de una empresa de compraventa de coches, con sede en la localidad sevillana de Utrera, se va a sentar el próximo lunes, 28 de octubre, en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Valladolid.

Todo para responder por un presunto delito de estafa en la transacción de un turismo y de otro de estafa procesal en tentativa, como apunta el escrito de Fiscalía al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Todo, dado que durante la investigación y con el fin de eludir su responsabilidad, presentó ante el juez instructor de la causa un contrato original modificado.

El Ministerio fiscal reclama para S.R.M. una pena de prisión de 24 meses de prisión, quince por un delito de estafa y nueve más por otro de intento de estafa procesal. También a una multa de 1.200 euros y deberá indemnizar a la víctima en la venta del coche con más de 20.000 euros.

Los hechos

Los hechos se remontan al mes de noviembre de 2021, cuando la víctima se interesó por un Mercedes que se ofertaba en una web. El vehículo, según el anuncio, estaba matriculado en 2006, tenía 291.759 kilómetros y su precio era de 7.499 euros.

Finalmente, el precio se pactó en 7.200 euros, realizando el comprador una transferencia el día 2 de noviembre de 500 euros a la cuenta de la empresa.

El comprador se trasladó a Utrera a recoger el vehículo. La primera sorpresa fue que la ITV, que el vendedor le había comunicado que estaba vigor, había caducado en el mes de julio.

Además, el vehículo tenía 27.000 kilómetros más de los que figuraba en el anuncio. Finalmente, el comprador accedió a la operación, ya que en apariencia el coche solo tenía una bombilla fundida, y entregó al vendedor 6.900 euros.

El coche también presentaba varias averías, según los testigos del cuadro de mandos, y tuvo que ser arrancado conectándolo a otra batería.

Además, cuando iniciaron la marcha el turismo solo podía circular en primera velocidad por un problema en la caja de cambios, por lo que el comprador intentó rescindir la operación, a lo que el acusado se negó rotundamente, mientras envió un mecánico con el fin de realizar la reparación.

Finalmente, el 10 de noviembre el vehículo transportado en grúa se trasladó hasta los talleres de Mercedes en Valladolid, donde se verificó numerosos fallos que, según sostiene el fiscal, el acusado conocía y ocultó deliberadamente.

A su vez, las reparaciones necesaria para poder utilizar el turismo fueron presupuestas por el taller vallisoletano en más de 12.900 euros.

El acusado, que ha mantenido su negativa a la rescisión de la compraventa, cuando se efectuó la operación si facilitó una garantía sellada previo pago de 200 euros, pero la misma no cubría la reparación presupuestada.

La Fiscalía reclama que se declare la nulidad del contrato de compraventa, lo que supondría para el afectado la devolución de los 7.400 euros que pagó y la entrega a Palancamar del vehículo. En el caso de no estimarse procedente la nulidad, se pide que la empresa asuma la reparación presupuestada en Valladolid.