“Ha sido un despilfarro absoluto en una obra ilegal”: la acusación popular pide 11 años de inhabilitación y los acusados la prescripción de la prevaricación en Meseta Ski

Hoy ha arrancado, en la Audiencia de Valladolid, el juicio por el Caso Meseta Ski que sienta en el banquillo de los acusados a Alfonso Centeno, el alcalde de Olmedo y otros tres exdirectivos de Sodeva como son Valentín González, Luis Torroglosa y Pedro Pariente.

Un juicio que se va a prolongar hasta el próximo viernes y que se va a celebrar en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Valladolid. Este lunes, 17 de junio, se tratarán las cuestiones previas, mientras que el martes y el miércoles, pasarán por el banquillo los testigos y será el jueves y el viernes cuando declaren los acusados, como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León de fuentes jurídicas.

La Fiscalía pide, tanto para Centeno como para los otros tres acusados, un total de siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, en relación al proyecto de las pistas de esquí seco del proyecto en Villavieja del Cerro, en la localidad de Tordesillas. Empezó a construirse por el año 2006 pero acabaron siendo desmanteladas en 2018.

Alfonso Centeno, exvicepresidente de la Diputación de Valladolid de Valladolid por aquel entonces se sienta en el banquillo junto al exalcalde de Villaverde de Medina y exvicepresidente de Sodeva, Pedro Pariente, el exjefe de Servicio de Urbanismo, Luis Torroglosa y Valentín González, arquitecto de Sodeva.

En la jornada de este lunes, las defensas de los acusados han solicitado la prescripción del delito de prevaricación. De ese delito están acusados. La Fiscalía pide una pena de siete años de inhabilitación para el ejercicio del cargo público. También se argumentó dilaciones indebidas en el proceso, dado que la fase de instrucción se prolongó cinco años.

Unos argumentos que han sido rechazados para la Fiscalía y la Acusación Popular, que reclaman 11 años de inhabilitación y una indemnización que roza los 12 millones. Han argumentado que la propia Audiencia Provincial ya se pronunció sobre la prevaricación, considerando que, desde el último hecho punible, no han pasado los diez años que establece la ley.

“Un despilfarro absoluto y manifiesto”

En la mañana de este lunes, 17 de junio, y antes del comienzo del juicio, Julio Pereda, diputado provincial de Toma La Palabra y Luis Oviedo, portavoz de Ecologistas en Acción en Castilla y León, que ejercen la acusación popular en el caso, han comparecido ante los medios de comunicación.

“Este juicio tiene lugar gracias a nuestra acusación. El juez, en 2022, dijo que habían prescrito los delitos y la Fiscalía no recurrió, pero nosotros sí. Toma la Palabra y Ecologistas en Acción somos los que hemos llevado a estas personas al banquillo porque hay pruebas evidentes de que no se hicieron las cosas bien”, ha señalado Pereda.

Tanto Toma La Palabra como Ecologistas en Acción piden “11 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación a los tres acusados” y “más de 11 millones de euros solidarios a entregar a Sodeva y la Diputación de Valladolid” que son, como añaden “los perjudicados en el asunto”.

“El Juzgado nos obligó a ir conjuntamente. Esperamos que tras 18  años, cuando empezó el contencioso que comenzamos contra la clasificación de los terrenos quemados se conozca la verdad”, ha añadido Luis Oviedo.

El de Ecologistas en Acción ha asegurado que “ha sido un despilfarro absoluto y manifiesto en una obra que como todo el mundo sabía era ilegal” y que “los responsables sean condenados”.

“En el fondo, lo que hay es una malversación de caudales públicos, aunque el Juzgado no nos dejó tirar por esa línea de investigación. Parece que el personal que comete un delito de estos lo hace por bondad cuando los 15 millones se han volatilizado y la empresa cobró. Entre ejecución de obra y desmantelamiento hay un informe del arquitecto muy viejo, de cuando se suspenden las obras por primera ya y que dice que las obras están ejecutadas. Se construyó y se desmanteló por la misma empresa”, ha finalizado Oviedo.

Los hechos

Los hechos, como narra el escrito de acusación, se remontan al año 2006. Fue ahí cuando Sodeva planteó abrir el centro de deportes de invierno. Encargó un informe para analizar la localización para establecer una pista de esquí sintética en la provincia.

El escrito de Fiscalía apunta que el estudio que consta en la documentación de Sodeva tomaba como referencia una pista que se estaba llevando a cabo en Francia y proponía su localización en Tordesillas con una inversión prevista de 5 millones de euros para hacer una pista de 30 por 20 metros para principiantes y otra de 300 metros por 50 metros de ancho para los más avanzados.

El Consejo de Administración de Sodeva aprobaba, el 27 de marzo de 2006 y por unanimidad, la redacción del proyecto técnico de ejecución, dirección de las obras y ejecución de las mismas, por dos años y en Villavieja del Cerro, por importe máximo de 4.060.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Sería en abril cuando se solicitó al Ayuntamiento de Villavieja del Cerro la cesión gratuita de terrenos para la construcción primero y la explotación después.

La Fiscalía apunta que el presupuesto “superaba con creces el capital de Sodeva, sin que conste acuerdo alguno de la Diputación que amparara el notable exceso en el coste previsto del proyecto” adjudicado finalmente el 12 de junio a Corsan-Corviam Construcciones S.A., que “percibiría unos ingresos por el abono de gastos de la obra de 4.060.267 euros” y “unos ingresos, por dos años, de la explotación de servicios de 2.257.122 euros”.

El escrito apunta que, en lugar de arrancar con los trabajos, tras ser adjudicado el proyecto, “a instancias de Alfonso Centeno, se propuso reconsiderar la opción de longitud y superficie elegidas para el complejo, sin que conste informe alguno que justifique la necesidad” para construir una pista de 9.600 metros, con una longitud mínima de 280 metros más otra pista de 900 para principiantes” incrementándose el coste a los 7.498.962,74 euros.

La Fiscalía, en su escrito, apunta además que “los trabajos se iniciaros sin ajustarse al proyecto ofertado y adjudicado” sino “conforme al nuevo proyecto solicitado a la constructora” y “sin que fuera tenido en cuenta a la hora de obtener licencias urbanísticas y medioambientales” y “sin la aprobación el Consejo de Administración de Sodeva que no emitió voto favorable hasta el 17 de noviembre de 2006”.

Las obras serían suspendidas, de forma cautelar en noviembre de 2006 por el Ayuntamiento de Tordesillas. Se reanudaron a finales del mes de enero de 2007. Ahí comenzaron los problemas con las licencias de la obra de construcción que dieron lugar a expedientes sancionadores y a la apertura del procedimiento judicial en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid. Se paralizaron cautelarmente los trabajos.

A principios de 2009 se dictaba sentencia anulando la concesión de licencia ambiental y de obras en una decisión ratificada en abril de 2010 y en verano de ese mismo año se desestimó la autorización de uso excepcional en suelo rústico.

Se declaró su inconstitucionalidad y nulidad el 7 de octubre de 2014 y en 2018 las obras fueron parcialmente demolidas para dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Valladolid.

Ahora, los cuatro encausados se enfrentan al juicio, desde el lunes.