El alcalde de Olmedo y otros tres exdirectivos de Sodeva, a juicio por el despilfarro en Meseta Ski: se enfrentan a 7 años de inhabilitación por prevaricación

Este lunes, 17 de junio, arranca en la Audiencia de Valladolid el juicio por el Caso Meseta Ski que va a sentar en el banquillo al alcalde de Olmedo y exvicepresidente de la Diputación de Valladolid, Alfonso Centeno y también a otros tres exdirectivos de Sodeva: Valentín González, Luis Torroglosa y Pedro Pariente.

Un juicio que se va a prolongar hasta el próximo 21 de junio, durante toda la próxima semana en la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Provincial de Valladolid, como han informado fuentes jurídicas a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La Fiscalía pide, tanto para Centeno como para los otros tres acusados, como apunta el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, un total de siete años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público para los cuatro acusados por un delito continuado de prevaricación en relación al proyecto de las pistas de esquí en seco del proyecto en Villavieja del Cerro, en la localidad de Tordesillas. Empezaron a construirse allá por el año 2006 pero acabaron siendo desmanteladas en 2018.

Alfonso Centeno pedía la suspensión temporal en el PP, aunque sigue como alcalde de Olmedo, el pasado 6 de marzo, a raíz de producirse el encausamiento. Al juicio tendrán que acudir también, como acusados, tanto Pedro Pariente, exalcalde de Villaverde de Medina y exvicepresidente de Sodeva, Luis Torroglosa, exjefe de Servicio de Urbanismo la institución provincial y Valentín González, que era el arquitecto de Sodeva.

Siete años de inhabilitación

La Fiscalía de Valladolid pide para cada uno de los cuatro encausados siete años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en el caso de Meseta Ski. El fallido complejo de Ocio y también de Aventura en Villavieja del Cerro, que es una pedanía de la localidad vallisoletana de Tordesillas. Un proyecto que arrancó con un presupuesto de 4 millones y se disparó hasta los casi 12.

Los hechos, como narra el escrito de acusación, se remontan al año 2006. Fue ahí cuando Sodeva planteó abrir el centro de deportes de invierno. Encargó un informe para analizar la localización para establecer una pista de esquí sintética en la provincia.

El escrito de Fiscalía apunta que el estudio que consta en la documentación de Sodeva tomaba como referencia una pista que se estaba llevando a cabo en Francia y proponía su localización en Tordesillas con una inversión prevista de 5 millones de euros para hacer una pista de 30 por 20 metros para principiantes y otra de 300 metros por 50 metros de ancho para los más avanzados.

El Consejo de Administración de Sodeva aprobaba, el 27 de marzo de 2006 y por unanimidad, la redacción del proyecto técnico de ejecución, dirección de las obras y ejecución de las mismas, por dos años y en Villavieja del Cerro, por importe máximo de 4.060.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Sería en abril cuando se solicitó al Ayuntamiento de Villavieja del Cerro la cesión gratuita de terrenos para la construcción primero y la explotación después.

La Fiscalía apunta que el presupuesto “superaba con creces el capital de Sodeva, sin que conste acuerdo alguno de la Diputación que amparara el notable exceso en el coste previsto del proyecto” adjudicado finalmente el 12 de junio a Corsan-Corviam Construcciones S.A., que “percibiría unos ingresos por el abono de gastos de la obra de 4.060.267 euros” y “unos ingresos, por dos años, de la explotación de servicios de 2.257.122 euros”.

El escrito apunta que, en lugar de arrancar con los trabajos, tras ser adjudicado el proyecto, “a instancias de Alfonso Centeno, se propuso reconsiderar la opción de longitud y superficie elegidas para el complejo, sin que conste informe alguno que justifique la necesidad” para construir una pista de 9.600 metros, con una longitud mínima de 280 metros más otra pista de 900 para principiantes” incrementándose el coste a los 7.498.962,74 euros.

La Fiscalía, en su escrito, apunta además que “los trabajos se iniciaros sin ajustarse al proyecto ofertado y adjudicado” sino “conforme al nuevo proyecto solicitado a la constructora” y “sin que fuera tenido en cuenta a la hora de obtener licencias urbanísticas y medioambientales” y “sin la aprobación el Consejo de Administración de Sodeva que no emitió voto favorable hasta el 17 de noviembre de 2006”.

Las obras serían suspendidas, de forma cautelar en noviembre de 2006 por el Ayuntamiento de Tordesillas. Se reanudaron a finales del mes de enero de 2007. Ahí comenzaron los problemas con las licencias de la obra de construcción que dieron lugar a expedientes sancionadores y a la apertura del procedimiento judicial en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid. Se paralizaron cautelarmente los trabajos.

A principios de 2009 se dictaba sentencia anulando la concesión de licencia ambiental y de obras en una decisión ratificada en abril de 2010 y en verano de ese mismo año se desestimó la autorización de uso excepcional en suelo rústico.

Se declaró su inconstitucionalidad y nulidad el 7 de octubre de 2014 y en 2018 las obras fueron parcialmente demolidas para dar cumplimiento a la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Valladolid.

Ahora, los cuatro encausados se enfrentan al juicio, desde el lunes.