El expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra. Europa Press
Abren juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y cinco empresarios
El presidente del Villareal, Fernando Roig, entre los que se sentarán en el banquillo.
Más información: Anticorrupción pide 12 años de cárcel para Carlos Fabra, 7 para su mujer y 4 para Fernando Roig
La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y otras nueve personas en una causa centrada en la posible ocultación de patrimonio del exdirigente del PP.
Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que ha indicado que junto a Fabra figuran como acusados cuatro de sus familiares y cinco empresarios.
Se trata de los siguientes: el presidente del Villarreal, Fernando Roig; su hijo Fernando Roig Negueroles; el dueño de Facsa, Enrique Gimeno; Miguel Pérez, administrador de una de las mercantiles de las que se habría servido el entramado para ocultar patrimonio o fuentes de ingresos opacos; y Alejandro Lorca, quien fuera asesor de Fabra en la Diputación.
La magistrada ha requerido a todos los acusados para que presten una fianza conjunta y solidaria por importe de 1.375.276 euros a fin de asegurar las responsabilidades civiles que se les pudiera imponer en caso de sentencia condenatoria.
El auto señala la Audiencia Provincial de Castellón como órgano para el enjuiciamiento y fallo de esta causa, en la que la Fiscalía y la Abogacía del Estado aprecian inicialmente la comisión de delitos de alzamiento de bienes/insolvenvencia punible, y frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y cohecho.
La investigación que ahora deriva en el juicio se centró en el presunto entramado elaborado por Fabra para ocultar de la acción de la Justicia su patrimonio y determinadas fuentes de ingresos opacos, posiblemente procedentes de su actividad pública.
Todo ello, según consideró el juez de instrucción en su momento, con el objetivo de dificultar la ejecución de la sentencia en la que fue condenado en 2013 por cuatro delitos fiscales y que supuso que mantenga una deuda con la Agencia Tributaria de alrededor de un millón de euros.
Contra esta resolución de la jueza solo cabe recurso de reforma ante el propio juzgado o de queja ante la Audiencia Provincial exclusivamente en relación con la situación personal de los encausados.
Anticorrupción pidió 12 años
La Fiscalía Anticorrupción solicitó en su momento 12 años de prisión para Carlos Fabra en esta causa, al que acusa de insolvencia punible y de frustración de la ejecución, blanqueo de capitales y delito continuado de cohecho.
Además, el ministerio público pide para el exdirigente del PP multas que suman más de 3 millones de euros, así como la suspensión para empleo o cargo público por 3 años.
El fiscal considera cooperadores necesarios del delito de insolvencia punible y de frustración de la ejecución a la mujer de Carlos Fabra, María Desamparados Fernández; a dos de sus hijos -Borja y Claudia-; a su yerno Fernando Castro; y a su testaferro Alejandro Lorca.
También a los empresarios Fernando Roig Alfonso -presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF-, Miguel Pérez Ferrer y Fernando Roig Negueroles, para los que solicita entre 3 años y diez meses y 6 años de prisión.
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Del delito de blanqueo de capitales, la Fiscalía considera también responsables a María Desamparados Fernández, Borja Fabra, Claudia Fabra, Fernando Castro y Alejandro Lorca, por cuyo delito les pide entre 3 y 5 años de prisión.
Finalmente, el ministerio público pide 9 meses de prisión por el delito de cohecho para Fernando Roig Alfonso, Miguel Pérez, Fernando Roig Negueroles y Enrique Gimeno.
La acusación se dirige contra las sociedades Carmacas, Asdecas, Sipcas, Lirinlor, Migumi y Portovan por el delito de insolvencia punible y de frustración de la ejecución cometido por persona jurídica, para las que solicita multas de entre 72.000 y 216.000 euros.
Las cuatro primeras sociedades también están acusadas del delito de blanqueo de capitales, por el que el ministerio público demanda una multa de 72.000 euros a cada una, mientras que acusa a Migumi, Portovan Y Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (FACSA) del delito de cohecho, por el que pide multas de entre 36.000 y 72.000 euros.
