El pleno de las Cortes Valencianas, aprobó este jueves con los votos a favor de PP y Vox y en contra del PSOE y de Compromís, las nuevas leyes de Libertad Educativa, de À Punt y de la Agencia Valenciana Antifraude.
Son las tres primeras leyes del paquete legislativo presentado hace tres meses de forma conjunta por los partidos socios del Gobierno valenciano. La previsión es que en el próximo pleno salgan adelante también la de Transparencia y la de Concordia, una de las propuestas que más polémica ha suscitado, ya que sustituye la ley de memoria democrática aprobada por el Consell de Puig por un texto que reconoce a las víctimas desde 1931.
La nueva ley educativa sustituye a la del Plurilingüismo aprobada por el anterior Ejecutivo en 2018 y que marcaba un mínimo del 25% de enseñanza en cada una de las lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana.
El modelo de Mazón, sin embargo, recupera el modelo de líneas, en valenciano o castellano, con la novedad de que serán las propias familias de los alumnos los que podrán elegir en qué idioma quieren que estudien sus hijos.
Además, también permite a los alumnos elegir en qué lengua quieren examinarse de las asignaturas no lingüísticas y certificará el nivel de valenciano de manera automática en función de las notas obtenidas durante la educación secundaria y bachillerato.
Para el PP y Vox, con esta normativa se acaba con las "imposiciones" del anterior conseller de Educación, Vicent Marzà, mientras que para los grupos de la izquierda se trata de "un nuevo ataque directo al valenciano".
Reforma de la radiotelevisión pública
Por otra parte, se aprobó también la ley de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, que unirá la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC).
Esta ley suprime la de 2016 que permitió la creación de À Punt tras el cierre de Canal 9. Supondrá la sustitución del actual Consejo Rector por un Consejo de Administración, elegido mayoritariamente por el Parlamento valenciano.
Este organismo tendrá un total de ocho miembros, siete a elegir en el parlamento valenciano con una mayoría de tres quintas partes y uno en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Su mandato será de cinco años.
En caso de que no se produzca ese gran acuerdo en la cámara, los partidos que conforman el gobierno podrán imponer su mayoría absoluta para la elección de los miembros del consejo de administración de la radiotelevisión pública valenciana.
Agencia Antifraude
La tercera de las reformas legislativas aprobadas fue la Ley de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana.
El nuevo texto cambia la mayoría solicitada para la elección del director del ente en caso de bloqueo. Además, se equipara dicho cargo con el de un director general de la Generalitat Valenciana.
Esta ley fue registrada únicamente por el PP, ya que Vox aboga por eliminar este organismo. En el trámite parlamentario, los populares aceptaron una enmienda de sus socios para que no se crearan dos puestos eventuales en la Agencia.