Los grupos parlamentarios de PP y Vox en las Cortes Valencianas presentaron este jueves las leyes acordadas por ambos partidos. Entre ellas se encuentran las de la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, y la de la Agencia Valenciana Antifraude.
Y ambas tienen un denominador común: la dirección de los dos organismos, cuando se aprueben estos textos, podrá ser elegida sin acuerdo con la oposición. Si se produce una falta de consenso, bastará con la mayoría absoluta del parlamento autonómico.
En el caso de la radiotelevisión valenciana, la nueva Ley parte de un cambio profundo. Se fusionan las dos sociedades preexistentes: la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC) y la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC).
Esto supondrá la supresión del Consell Rector de la Corporació, que era hasta ahora el máximo órgano de gobierno. Será sustituido por un Consejo de Administración -que será a su vez el que elija al director general de la radiotelevisión-.
Este organismo tendrá un total de ocho miembros, siete a elegir en el parlamento valenciano con una mayoría de tres quintas partes y uno en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Su mandato será de cinco años.
La gran novedad es que, en caso de que no se produzca ese gran acuerdo en la cámara, los partidos que conforman el gobierno podrán imponer su mayoría absoluta para la elección de los miembros del consejo de administración de la radiotelevisión pública valenciana.
Antifraude
Por lo que respecta a la elección del director de la Agencia Valenciana de Prevención y Lucha Contra el Fraude, el procedimiento será idéntico. La nueva ley -presentada solo por el PP, porque Vox aboga por eliminar el organismo- contempla su elección en Les Corts Valencianes por mayoría de tres quintas partes, pero una segunda votación donde valdrá la mayoría simple en caso de que fracase la primera.
Al respecto, fuentes del PP argumentaron que durante la anterior legislatura, en el trámite de información pública del anteproyecto de ley de acompañamiento, ya se planteó una modificación de la ley de creación de la Agencia.
Entre otras cuestiones, ya contemplaba la modificación del apartado 5 del artículo 26, que posibilitaba la elección del director en caso de bloqueo por mayoría absoluta en segunda vuelta. Sin embargo, este cambio no se materializó.
"Con motivo de la renovación del actual director de la Agencia, las entidades sociales han presentado a dos candidatos. Si la elección de dicho candidato se ve afectada por la utilización de minorías de bloqueo para impedir su renovación, estaríamos causando un daño innecesario a la Agencia, sometiendo la elección a los intereses del debate partidista de un cargo que por su naturaleza debe ser técnico e independiente", argumentó al respecto el PP.