La Audiencia Nacional ha absuelto al expresidente valenciano Francisco Camps del caso Gürtel y ha condenado a los 11 acusados del último juicio de la Gürtel valenciana que pactaron con la Fiscalía para no entrar en prisión, entre ellos el denominado grupo Correa.

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha absuelto al que fuera presidente de la Generalitat Valenciana del delito de tráfico de influencias, en concurso ideal con el delito de prevaricación, del que se le acusaba en el juicio del caso Gürtel relacionado con los contratos adjudicados a la empresa Orange Market.

En una sentencia de 232 folios, la Sala condena a los integrantes del denominado grupo Correa, entre ellos Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, al haberse conformado con las penas que acordaron con las acusaciones de hasta dos años y tres meses de cárcel por delitos de prevaricación administrativa, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. 

[Último juicio contra Francisco Camps: la Fiscalía le acusa de ser "el paciente cero" de la trama Gürtel]

 

Además de Camps, el Tribunal también absuelve a varios consellers y funcionarios de la Generalitat Valenciana por las contrataciones públicas que se extendieron durante los años 2004 a 2009, entre las que destacaban las contrataciones por el Open de Tenis y los contratos de los Grandes Eventos de la Generalitat Valenciana para su exposición en la feria Fitur.

Esta sentencia cierra la etapa judicial y Camps ha logrado salir indemne de todas las imputaciones que acumuló pese a las sentencias condenatorias contra altos cargos de su Consell por el caso Gürtel.

En resumen, el Tribunal cree que, pese a su relación con miembros de la trama, no hay pruebas que favoreciera a sus empresas, unas sociedades que ya fueron condenadas en el juicio de la financiación irregular del PP valenciano.

Entre los altos cargos que fueron acusados y que finalmente resultaron absueltos se encuentran Alicia de Miguel, exconsellera de Bienestar Social, y los exconsellers de Sanidad Manuel Cervera y Luis Rosado, además de funcionarios de la Generalitat Valenciana que se negaron a llegar a un acuerdo de conformidad.

"No se ha probado concierto alguno de Francisco Camps para que éste, como máxima autoridad autonómica, dispusiera lo necesario para que el contrato del stand de Grandes Proyectos fuera directamente adjudicado a Orange Market SL, sin que conste que el mismo se inmiscuyera, o diera orden verbal o escrita en la tramitación de procedimiento de contratación alguno de los aquí juzgados", recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Según la sala, "no se puede fundamentar una condena de Camps en la única declaración del Álvaro Pérez Alonso", conocido como El Bigotes, quien reconoció en el juicio los hechos y que obtuvo los contratos por su amistad con el político valenciano.

Pero la sentencia subraya que la declaración "no consta corroborada por otras pruebas o indicios, por más que tuviera una relación de amistad o profesional, como también se ha dicho, que en modo alguno puede servir para deducir en una especie de diabolicus deductio sus responsabilidades por los hechos de un hipotético amigo".

"Debe tenerse en cuenta, como ya se dijo, la necesidad de la existencia de una corroboración objetiva de los hechos, pues como recoge la jurisprudencia ya descrita, que exige la necesidad de una cierta corroboración de los hechos por indicios o pruebas objetivas", recuerda el Tribunal.

"Pero en lo que aquí interesa podemos afirmar que ha resultado palmario que el diseño del stand de grandes eventos, hasta 2009, nunca fue asumido por la Agencia Valenciana de Turismo, antes bien, su diseño y montaje era asumido por cada uno de los expositores".

No es cierto, puntualiza, que, en 2008, "formara parte de la licitación de la Agencia Valenciana de Turismo y que se dejara ese stand para general más ingresos a Orange Market –la abundante prueba testifical practicada evidencia que cada expositor pagaba su stand".

Por otra parte, la sentencia concluye que "no se ha acreditado por prueba alguna válida en Derecho que Camps ejerciera presión, sugestión, recomendación o insinuación alguna en la conducta" de Salvadora Ibars, alto cargo de la Generalitat, "o en los órganos de gestión de las sociedades expositoras en el stand de Grandes Eventos de la Feria de Fitur 2009".

Igualmente, destaca que "no existe documento, correo electrónico, grabación, interceptación de conversación o registro alguno que acredite conversación alguna al respecto con Ibars o cualquier de los organismos y sociedades expositoras".

Además, afirma que "tampoco existe prueba o indicio alguno en relación con el señor Álvaro Pérez o cualquiera de los acusados relacionados con el grupo de empresas del señor Correa, que justifique su participación en la contratación y adjudicación los eventos en que hubiera concurrido".

"Por todo lo anterior, procede su libre absolución con todos los pronunciamientos favorables" para el histórico dirigente valenciano.

Camps fue juzgado en la Audiencia Nacional diez años después del juicio de los trajes y 16 años después de que estallara el caso -empezó la investigación en 2008-. 

El dirigente valenciano resultó absuelto por un jurado popular, pero en este tiempo distintos tribunales condenaron a sus colaboradores más cercanos, como el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa o el exdirector de Canal 9 Pedro García.

Anticorrupción solicitaba dos años y medio de prisión y diez de inhabilitación para el expresidente del PP valenciano por delitos de fraude y prevaricación, si bien en la última sesión del juicio Anticorrupción rebajó su acusación contra él.

Tras escuchar a los acusados, testigos y peritos, la Fiscalía decidió retirar al expresidente el delito de fraude y solicitar para él un año de prisión, seis de inhabilitación y una multa de 250.000 euros por tráfico de influencias en concurso ideal con prevaricación.

Además de Camps, a quien las acusaciones atribuyeron haber dado instrucciones para adjudicar un contrato relacionado con la feria de Fitur de 2009 a una empresa de la trama Gürtel, también se sentaron en el banquillo tres de sus exconsellers y ex altos cargos como el exdiputado autonómico del PP, David Serra, quien también ha sido absuelto.

La sentencia recoge en su parte final que "la presunción de inocencia es un principio constitucional reconocido como derecho fundamental".

Además de la doctrina del Tribunal Constitucional, la Sala recuerda que el Tribunal Supremo también ha querido referirse en su jurisprudencia a la presunción de inocencia como "un convencimiento subjetivo del órgano judicial", de forma que nadie podrá ser declarado culpable mientras no se demuestre.

"La presunción de inocencia es la garantía constitucional con la que cuenta el acusado al enfrentarse al proceso en el que se ejercita una pretensión punitiva frente a él, y cuya quaestio facti ha de versar sobre su enervación, que ha de resultar cuidadosamente otivada por el Tribunal sentenciador".

Y añade: "Pues como escribió Benjamín Franklin en 1875, es preferible que cien personas culpables puedan escapar, a que una solo inocente sufra".

El resultado de este juicio ha sido similar al del asunto de los trajes: solo han sido condenados los que reconocieron los hechos, el resto han sido absueltos.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación.

Acusación

Anticorrupción censuró la corrupción que se juzgó en este juicio, el octavo de la trama Gürtel, y advirtió de que los acusados impulsaron un proceso de "parasitación de las instituciones" de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, destacó que Camps fue "el paciente 0" de la trama, pues invitó al empresario madrileño y a sus colaboradores a instalarse en Valencia.

A juicio del ministerio fiscal, la red de Correa impulsó una "conolización" del sector público y aseguró que comportamientos como el de Camps atentaron contra los principios básicos de la Administración pública y los valores constitucionales.

"Estos comportamientos son aquellos que hacen saltar por los aires los principios de igualdad, transparencia, concurrencia y legalidad", ha señalado la Fiscalía. Por ello, ha rechazado "minimizar" los hechos, como han intentado las defensas, por tratarse de "contratos menores".

La Fiscalía propuso que el tribunal contemplara las atenuantes muy cualificadas de confesión para la decena de acusados que reconocieron los hechos, entre los que se encuentran los considerados tres cabecillas de Gürtel -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes- que ya cumplen elevadas condenas.

Entre esa decena de acusados que llegó a un acuerdo con Fiscalía también estaban ex altos cargos de la Generalitat como Silvia Caballer, Vicente Farnós, Enrique Navarro o Enrique Bort. Todos ellos han sido condenados.

La Fiscalía subrayó que son pactos "absolutamente válidos y transparentes" y que representan una fuente de prueba perfectamente válida.

"No es la única prueba y hay una corroboración absoluta con la documental", recordó la fiscal.

No obstante, la sentencia destaca que las confesiones no han sido corroboradas finalmente con otros datos, de ahí la abolsución del expresidente.

La defensa de Camps