La Audiencia Nacional ha reanudo este lunes el último juicio del caso Gürtel contra el expresidente valenciano Francisco Camps, una jornada en la que la Fiscalía Anticorrupción ha apuntalado su acusación a través de su informe final.



Anticorrupción solicitaba dos años y medio de prisión y diez de inhabilitación para el también expresidente del PP valenciano por delitos de fraude y prevaricación, si bien en la última sesión del juicio Anticorrupción rebajó su acusación contra él.



Tras escuchar a los acusados, testigos y peritos, la Fiscalía decidió retirar al expresidente de la Generalitat Valenciana el delito de fraude y solicitar para él un año de prisión, seis de inhabilitación y una multa de 250.000 euros por tráfico de influencias en concurso ideal con prevaricación.

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Además de Camps, a quien las acusaciones atribuyen haber dado instrucciones para adjudicar un contrato relacionado con la feria de Fitur de 2009 a una empresa de la trama Gürtel, también se sientan en el banquillo tres de sus exconsellers y exaltos cargos como el exdiputado autonómico del PP, David Serra.

Anticorrupción ha condenado la corrupción que se juzga en este juicio, el octavo de la trama Gürtel, y ha advertido que los acusados impulsaron un proceso de "parasitación de las instituciones" de la Comunitat Valenciana.

En este sentido, ha destacado que Camps fue "el paciente 0" de la trama, pues invitó al empresario madrileño y a sus colaboradores a instalarse en Valencia.

A juicio del ministerio fiscal, la red de Correa impulsó una "conolización" del sector público y ha asegurado que comportamientos como el de Camps atentaron contra los principios básicos de la Administración pública y los valores constitucionales.

"Estos comportamientos son aquellos que hacen saltar por los aires los principios de igualdad, transparencia, concurrencia y legalidad", ha señalado la Fiscalía. Por ello, ha rechazado "minimizar" los hechos, como han intentado las defensas, por tratarse de "contratos menores".

La Fiscalía ha propuesto que el tribunal contemple las atenuantes muy cualificadas de confesión para la decena de acusados que reconocieron los hechos, entre los que se encuentran los considerados tres cabecillas de Gürtel -Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes- que ya cumplen elevadas condenas.



Entre esa decena de acusados que llegó a un acuerdo con Fiscalía también figuran ex altos cargos de la Generalitat como Silvia Caballer, Vicente Farnós, Enrique Navarro o Enrique Bort.

La Fiscalía ha subrayado que son pactos "absolutamente válidos y transparentes" y que representan una fuente de prueba perfectamente válida.

"No es la única prueba y hay una corroboración absoluta con la documental", ha recordado la fiscal.

Anticorrupción ha concluido que "la realidad se ha puesto de manifiesto forma contundentes". "Camps conocía las empresas de Correa y es algo que ha quedado desde el principio, algo naturalmente reconocido por Nuria Romeral" y otros testigos.

Este juicio llega a su fin tras 10 meses de sesiones y 15 años de investigación.