Antes de convertirse en presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón se marcó tres objetivos prioritarios para su mandato: bajar los impuestos, garantizar la libertad en la educación y aprobar una ley de Señas de Identidad que proteja a la Comunitat Valenciana frente a injerencias catalanistas.
Con las dos primeras promesas cumplidas o en marcha, el Ejecutivo autonómico trabaja ya en la normativa que defienda la cultura y tradiciones valencianas y que impida ayudas públicas a entidades pancatalanistas.
La idea es actualizar la ley anterior, derogada en 2016 por el PSOE valenciano, Compromís, Podemos y la mitad de los diputados de Ciudadanos. El PP, que se opuso frontalmente, se comprometió a recuperarla si llegaban al Consell al considerar que esta ley "no iba contra nadie", sino que "reconocía al pueblo valenciano".
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De hecho, el tercer punto del pacto de gobierno entre PP y Vox, promete una nueva Ley de Señas de Identidad "que proteja los valores y costumbres y tradiciones de la Comunitat Valenciana como parte esencial de la plural riqueza de España".
Además, añade que se eliminarán "las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los 'països catalans'".
El objetivo de los populares es que la nueva ley sirva para "defender los símbolos, la bandera, la denominación, las tradiciones y las señas de identidad propias". Sin embargo, para que salga adelante, el PP está obligado a pactar el texto con Vox, que podría introducir algún cambio.
El presidente Carlos Mazón en su despacho
En cualquier caso, en el programa electoral del PP de la Comunitat Valenciana se recoge el compromiso de proteger y promocionar la bandera, el himno, la denominación oficial, el Día de la Comunitat Valenciana y las dos lenguas, tanto el español como el valenciano.
También reconoce el patrimonio histórico y cultural, el derecho foral y la música y la danza. Respecto a las fiestas y tradiciones, defiende a todas aquellas "manifestaciones artísticas como la creación de monumentos o la pirotecnia" y también "los ritos, creencias y manifestaciones religiosas arraigadas en la tradición de nuestros municipios y barrios".
Además, pone en valor "los festejos taurinos de largo arraigo en nuestros municipios y comarcas", entre otras cuestiones, como la gastronomía, las personalidades ilustres o la ciencia y creatividad valencianas.
¿En qué consistirá?
Mazón protagonizó un acto en octubre de 2022 para presentar las líneas principales de esta futura ley. En ese momento ya se comprometió a que esta norma sería una de las primeras que propondría como presidente.
"Esta Ley potencia la convivencia y el orgullo de ser valencianos, ya que la Comunitat Valenciana que defendemos es la que lidere España. Nosotros tenemos claro lo que somos y lo que no queremos ser y eso hay que defenderlo", afirmó entonces.
En este sentido, hizo hincapié en que el objetivo no era "confrontar", sino "fomentar la cultura arraigada en lo propio, desde el respeto, la tolerancia y la diversidad".
"Lo que no podemos hacer es mirar hacia otro lado cuando nos encontramos cada vez con más frecuencia con injerencias y ataques a la identidad y la autonomía de los valencianos", aseguró.
Carlos Mazón presentó una norma con diez puntos. El primero de ellos, el reconocimiento de las señas de identidad y el segundo, la "protección institucional efectiva de nuestra autonomía", es decir, la obligatoriedad de las instituciones públicas de defender estas señas ante los tribunales en caso de ataques.
Los diputados del PP con la Senyera en el pleno que se derogó la ley
Además, el documento precisa la imposibilidad de que las instituciones "puedan financiar con fondos públicos de los valencianos a entidades, manifestaciones, actividades o cualquier tipo de actos que persigan objetivos directamente contrarios a la Constitución o hagan apología del separatismo o menoscaben la autonomía de la Comunitat Valenciana en cuanto a la denominación de su territorio, bandera, himno y lengua propia que, según declara el Estatuto de Autonomía, es el valenciano".
En este sentido, avanzó que habría un apartado específico para el valenciano en el que se establezca que la Generalitat ha de velar por su "protección, conservación y promoción como elemento integrador y no excluyente".
Al respecto, señala que tiene que valorarse como mérito, sin "imposición", "dentro del marco de libertad y cordialidad lingüística entre las dos lenguas oficiales".
La ley de 2015
La ley 6/2015, de 2 de abril, de Reconocimiento, Protección y Promoción de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano que aprobó el PP en solitario poco antes de las elecciones autonómicas que le dieron el gobierno a Ximo Puig, creó el Observatorio de las Señas de Identidad del Pueblo Valenciano.
Se trataba de un órgano colegiado de carácter consultivo entre cuyos objetivos estaba controlar que las subvenciones que se otorgaran no supieran "un agravio o menosprecio" contra las señas de identidad valencianas.
Concretamente, la ley permitía a esta entidad reclamar el inicio del procedimiento para que una persona física o jurídica pudiera perder el derecho a cobro de una subvención en dicho supuesto.
Además, dicha norma reconocía la capacidad docente de la Real Academia de Cultura Valenciana y la asociación cultural Lo Rat Penat.
Acelerón legislativo de PP y Vox
Las Cortes Valencianas admitieron a trámite en el último pleno las cinco proposiciones de ley de PP y Vox que supondrán importantes reformas en ámbitos como la educación, los medios de comunicación o la memoria histórica.
La intención de los socios es aprobar estas cinco normas antes del verano, cuando finalizará el periodo de sesiones.
El presidente Carlos Mazón y los diputados del PP aplauden tras la admisión a trámite de las cinco leyes
Se trata de cinco iniciativas: libertad educativa, Concordia, À Punt, Transparencia y Antifraude. La primera recuperará en la educación valenciana el sistema de líneas y serán las familias quienes elegirán si sus hijos estudian en castellano o en valenciano.
La de Concordia derogará la ley de memoria democrática de Puig y otorgará condición de víctimas a todas "las víctimas de la violencia social, política, del terrorismo o de persecución ideológica y religiosa desde el año 1931".
Respecto a la televisión pública valenciana, la propuesta es fusionar la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) y la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC). Además, se crea un consejo de administración que podrá ser elegido en segunda vuelta sin necesidad de acuerdo con la oposición.