La Agencia Valenciana Antifraude ha concluido que la ONG impulsada por el exministro de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, la fundación Fiadelso, ha incumplido sus obligaciones legales por no presentar sus cuentas, por lo que insta al Gobierno valenciano a exigir responsabilidades a los patronos.
Así se desprende del expediente de resolución de la investigación sobre la presunta ausencia de control por parte del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat Valenciana ante las posibles irregularidades de Fiadelso al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Antifraude corrobora el incumplimiento legal de rendir cuentas y considera acreditado que Fiadelso "ha incumplido todos los plazos previstos en la legislación vigente y en lo estipulado en los propios estatutos fundacionales" en relación a la rendición de las cuentas correspondientes a los años comprendidos entre 1993 y 1999 y entre 2011 y 2022.
Al respecto, señala que "la no presentación de las cuentas anuales en el plazo legalmente establecido puede tener importantes consecuencias" y añade que este hecho "evidencia que los patronos no han desempeñado el cargo con la diligencia de un representante leal".
En esta línea, también prueba el incumplimiento legal de aprobar el Plan de Actuación desde 2012. En este documento, la fundación ha de reflejar los objetivos y actividades que prevea llevar a cabo durante el ejercicio económico siguiente y debe darse cuenta de su cumplimiento en las cuentas anuales.
José Luis Ábalos participó en la creación de la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social en 1992, después de ser director general de Cooperación durante dos años con el Ejecutivo autonómico del socialista valenciano Joan Lerma.
El exministro junto a Puig y otros miembros socialistas en un acto de partido en 2018. EE
Fue presidente de la entidad de febrero de 1998 a octubre de 1999, cuando se apartó de la primera línea. Mantuvo, sin embargo, una estrecha relación con el patronato, pues compartió al 50% la propiedad del bajo de la fundación con Gustavo Casal, el presidente.
Además, entre los vocales se encontraba su discípulo Aarón Cano, exconcejal de Policía del Ayuntamiento de Valencia.
El Gobierno de Ximo Puig exigió a Fiadelso que devolviera las ayudas recibidas por parte de la Generalitat si no era capaz de justificarlas, algo que la fundación no realiza correctamente desde hace una década.
En la página web de la fundación constan las cuentas anuales de doce ejercicios, desde 2004 a 2015. En dicho periodo obtuvo unos cinco millones de euros en subvenciones públicas para llevar a cabo proyectos de cooperación internacional.
Investigación de Antifraude
La Agencia Valenciana Antifraude, "vistas las conductas irregulares detectadas", recomienda a la Conselleria de Justicia e Interior, liderada por Vox, que valore la apertura de los expedientes que proceda para exigir a los patronos las responsabilidades.
Al respecto, critica la falta de actuaciones por parte de la Generalitat ante el "escenario de inactividad continuada de la fundación Fiadelso, con respecto a la falta de rendición de cuentas anuales, presentación de los preceptivos planes de actuación e inatención de requerimientos".
Recuerda que las fundaciones tienen una faceta privada, pero también pública, ya que persiguen fines de interés general, lo que justifica la intervención de los poderes públicos para supervisar su correcto funcionamiento. Esta función de tutela le corresponde al Protectorado.
"De la documentación que obra en poder de esta Agencia se evidencia la ausencia de impulso de actuaciones administrativas por parte del Protectorado hasta el inicio de actuaciones de esta Agencia", añade, al tiempo que denuncia que no se veló porque la entidad cumpliera con sus obligaciones.
El expresidente Ximo Puig con Ábalos en una imagen de archivo.
Al respecto, afea al Consell que no ejerciera, ante este prolongado incumplimiento, la acción de responsabilidad contra los patronos, de forma previa a la adopción del acuerdo de extinción.
El expediente señala que existe la posibilidad de ejercitar estas acciones con posterioridad, aunque considera que las responsabilidades podrían acabar prescribiendo para todos o para alguno de los miembros del Patronato.
Por ello, recomienda al Gobierno autonómico que actúe y le concede un plazo de tres meses para informar al director de la Agencia sobre las actuaciones y la posible incoación de los expedientes.
ONG de cooperación
Esta investigación surge tras una denuncia en el buzón de la Agencia, que alertaba respecto a una ausencia de control por parte del Protectorado de Fundaciones y de incumplimientos e irregularidades por parte de la entidad.
Tras evaluar la verosimilitud de los hechos, Antifraude inició la investigación para averiguar posibles irregularidades administrativas o conductas de fraude por parte del Protectorado, en relación con "la supuesta ausencia de control ante el reiterado incumplimiento por Fiadelso de sus obligaciones legales".
La Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso) se constituyó, con un capital de 12.126 euros, en julio de 1992 y fue clasificada como una entidad benéfica particular de carácter asistencial y cultural.
Según consta en sus propios estatutos fundacionales, su finalidad es sensibilizar sobre los problemas que afectan a los países en vías de desarrollo y apoyarlos en el diseño, la ejecución y la financiación de los programas que se consideren prioritarios.
Entre sus objetivos también destaca la elaboración de estudios e informes en materia de cooperación al desarrollo, la asistencia técnica y asesoramiento a instituciones, empresas públicas y privadas y la formación de especialistas y técnicos en esta materia.
Extinción de la fundación
El informe de Antifraude recuerda que después de que la Agencia efectuara su primer requerimiento de información a la Conselleria de Justicia en 2020, esta envió un escrito al presidente de la fundación para que regularizara la situación de la entidad, que no rendía sus cuentas anuales ni presentaba los planes de actuación.
En diciembre de ese año, el presidente de Fiadelso manifestó la voluntad de extinguir la fundación y se comprometió a remitir la documentación solicitada. Sin embargo, la no facilitó la información, por lo que la Conselleria inició los trámites para solicitar a la justicia que declarara extinta la fundación.
Fue en marzo de 2023 cuando la Generalitat Valenciana acordó inscribir en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana la declaración judicial de extinción y la apertura del procedimiento de liquidación por sentencia.
Rendición de cuentas
La normativa obliga al Patronato de la fundación a aprobar sus cuentas anuales y a presentarlas al Protectorado para que este a su vez las publique en el Registro de Fundaciones.
Al respecto, Antifraude señala que la contabilidad de los años 1993, 1994, 1995, 1997, 1998 y 1999 de la ONG fueron aprobadas por su Patronato, pero no se depositaron en el Registro de Fundaciones. Mientras que las de 1996 no consta que hayan sido aprobadas por el Patronato ni por tanto depositadas en el Registro de Fundaciones.
Las cuentas de entre 2011 y 2015 fueron aprobadas por la fundación, pero no están depositadas en el Registro, habiendo sido objeto de requerimiento de subsanación por parte del Protectorado de Fundaciones, según recoge el expediente.
De los años de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 no consta que las cuentas hubieran sido aprobadas por el Patronato ni por tanto publicadas.