El juzgado de Instrucción número 12 de Valencia investiga por un presunto delito de prevaricación a María Luisa Martínez, directora general de Puertos durante la pasada legislatura a propuesta del PSOE, por la concesión del aparcamiento público en el puerto de Dénia, en la provincia de Alicante.
La anterior concesionaria, Fomento de Infraestructuras y Proyectos SL, presentó una querella contra Martínez y su subdirectora general por adjudicar de manera "arbitraria" el servicio a una empresa interpuesta, Cementum Verum SL, creada en 2020 y que nunca ha depositado sus cuentas ante el Registro Mercantil.
Posteriormente, la sociedad, cuyo objeto social es el del envasado de cementos, mutó la unipersonalidad dando cabida a tres mercantiles interpuestas más que el juzgado investiga. Sin solvencia técnica ni económica, se hizo con el aparcamiento de uno de los puertos con más tráfico de viajeros de la Costa Blanca.
Martínez es en la actualidad vicealcaldesa de Mislata. Persona de la máxima confianza del alcalde y líder del PSOE de la provincia de Valencia Carlos Fernández Bielsa, fue directora general de Puertos entre 2019 y 2023.
La dirigente socialista declaró en calidad de imputada la semana pasada y negó las irregularidades que se le imputan. Martínez se limitó a manifestar que se enteró de los hechos a través de los medios de comunicación y que no tiene ninguna relación con la empresa supuestamente beneficiada, según confirmaron a EL ESPAÑOL fuentes judiciales.
No obstante, entre la documentación que analiza el juzgado se encuentra un correo electrónico de Cementum Verum SL remitido por una asesoría con sede en Mislata, Asesoramiento y Gestión Económica y Social SL, contratista del Ayuntamiento.
La acusación sospecha que esta asesoría actuó "como canal de búsqueda y comunicación con la empresa que quisiera hacerse cargo de un suculento pastel como es el aparcamiento del puerto de Dénia".
Tras la intervención de esta asesoría, la concesión del aparcamiento se adjudicó sin procedimiento de licitación. Sobre esta asesoría, Martínez admitió que ha obtenido contratos del Ayuntamiento de Mislata, pero puntualiza que tampoco tiene relación con sus administradores.
Fernández Bielsa y María Luisa Martínez en una imagen de archivo.
El proceso
Fomento de Infraestructuras y Proyectos SL era la autorizada para la explotación del aparcamiento público en la zona del Raset del puerto de Dénia, en la comarca alicantina de la Marina Alta, concedida desde el 5 de julio de 2013 y renovada a finales de 2018.
Ante la proximidad de la expiración del plazo de la última renovación de la autorización, la empresa solicitó en el mes de abril de 2021 una nueva renovación, aportando la correspondiente documentación necesaria. El proyecto técnico incluía una inversión programada de más de 400.000 euros.
Tras varios requerimientos para ampliar la información, en mayo de 2022 el Servicio de Gestión y Servicios Portuarios emite informe favorable a la autorización.
Sin embargo, en diciembre de ese mismo años, se emitió un nuevo informe en el que la Generalitat indica la existencia de un "solape" entre la autorización solicitada por la concesionaria y otra del Ayuntamiento de Dénia para la construcción de un Centro Integrado de FP.
"Solapamiento que dicho informe no detallaba, ni ubicaba, ni delimitaba", según consta en la querella inicial que presentó la empresa perjudicada, a la que ha tenido acceso esta redacción.
Tras el supuesto "solapamiento", la dirección general de Puertos de la Generalitat Valenciana rechazó el proyecto.
En paralelo, el 20 de diciembre de 2022, la empresa Cementum Verum SL, domiciliada en el municipio alicantino de Cox y dedicada a la fabricación de cementos, solicitó formalmente la autorización a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para la explotación del aparcamiento público del puerto de Dénia.
Junto con la solicitud, la mercantil Cementum Verum SL aportó un proyecto en el que proponía una inversión de 236.000 euros, frente a los 403.850 euros del concesionario.
Según la documentación aportada por esta empresa, la misma fue constituida el 9 de diciembre de 2020. Posteriormente, la sociedad mutó la unipersonalidad dando cabida a tres mercantiles interpuestas.
Esta mercantil, según consta en el Registro Mercantil, fue inscrita con un objeto social sin relación a la gestión de aparcamientos con un capital social de 3.000 euros.
El 13 de enero de 2022, la dirección General de Puertos del Consell emitió un informe favorable en el que casualmente ya no se habla del solapamiento con la licencia de este aparcamiento.
Por ello, la querella califica de "arbitraria" la decisión de la Generalitat Valenciana.
"Ante la eventual concurrencia de dos mercantiles que solicitan la autorización para la ocupación y explotación de una parcela de titularidad administrativa como aparcamiento, la Administración decide no renovar la autorización ya concedida y adjudicar a dedo a Cementum Verum SL la autorización, prescindiendo de cualquier procedimiento de licitación".
Cambio de denominación
Según la querella, la mercantil Cementum no ha presentado sus cuentas al registro Mercantil desde el inicio de su existencia.
Además, solo dos días después de la solicitud de la autorización a la Conselleria, esto es el 22 de diciembre de 2022, se elevaron a público los "acuerdos para el cambio de su denominación social a Parking de la Costa SL, así como el cambio de su objeto social a actividades relacionadas con la explotación de aparcamiento y el cambio de su administrador".
Por último, el día 22 de enero de 2023, es decir, dos días después de que la Generalitat Valenciana autorizara a Cementum Verum SL el uso como parking de la parcela, se personaron dos vehículos de la nueva empresa y comunicó a uno de los empleados que sería renovado con la nueva contrata.
"No te preocupes que somos los nuevos propietarios del parking y tenemos pensado que conserves tu trabajo", recoge la querella.
El juzgado también investiga la relación entre la nueva empresa concesionaria y una asesoría fiscal con sede en Mislata.
El correo electrónico de contacto de la empresa pertenece a una asesoría, que a su vez forma parte de la sociedad Asesoramiento y Gestión Económica y Social SL.
Esta mercantil no era desconocida de María Luisa Martínez, pues en su condición de primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mislata, "participó en la adjudicación de distintos contratos menores a esta asesoría".
Además, el administrador de la asesoría también ha obtenido del Ayuntamiento de Mislata cuantiosas subvenciones para la Fundación Miquel Navarro, de la que es secretario.
El juzgado retomará en las próximas semanas la investigación con la declaración como investigada de la subdirectora de Puertos.