La Fiscalía ha presentado querella ante los juzgados de instrucción de Vigo contra 16 personas, investigadas en relación a un supuesto delito contra la ordenación del territorio y otro de prevaricación urbanística, por la ejecución de un vial en Cabo Estai y el otorgamiento de licencias para construir unos chalés en la zona.

Según recoge Europa Press, se trata de los seis hermanos propietarios de las parcelas (uno de ellos trabaja en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento), tres arquitectos de la empresa que elaboró los proyectos vinculados a la parcelación de los terrenos y edificación de los chalés de lujo, el administrador de la constructora que ejecutó la urbanización del vial y seis funcionarios del Concello de Vigo que realizaron informes técnicos y jurídicos para dar luz verde a las actuaciones.

Según el escrito de la Fiscalía, las parcelas fueron adquiridas hace décadas por una familia y se reagruparon una sola finca de 7.189 metros cuadrados, aunque señala que, según un levantamiento topográfico reciente, la superficie sería de 8.285 metros cuadrados. Por otro lado, la finca con la que linda al sur, de titularidad desconocida, ha ido "menguando" de los 7.103 a los 5.839 metros cuadrados, sin que el Catastro aporte "explicación ni tampoco justificación alguna de las variaciones".

Tras repartirse la finca entre los seis hijos, se solicitaron diferentes permisos al Concello de Vigo, como la petición de acta de línea y rasante en 2015, para lo que se aportó documentación para acreditar la titularidad de los terrenos cuatro años también; en ese momento, se interesó que este acta se ajustara al Instrumento de Ordenación Provisional (IOP), que estaba en vigor mientras se tramitaba el nuevo PXOM.

Paralelamente, se solicitó licencia de parcelación para dividir esa finca en seis partes: cinco para construcción de chalés y una para cesión para un vial, que se otorgó en junio de 2020. A partir de ahí, se concedieron otras tres licencias para edificar viviendas unifamiliares, una para subdividir una de las parcelas y otra autorización, concedida en este caso por la Xunta, para hacer obras en zona de dominio público marítimo-terrestre.

Calificación del suelo

Los terrenos, según detalla el ministerio público, figuran como suelo urbano consolidado en el PXOM aprobado en 2008 y que fue anulado en 2015 por el Tribunal Supremo, y que tienen la misma calificación en el Instrumento de Ordenación Provisional. Aunque matiza que, según el nuevo Plan General, aprobado inicialmente en agosto de 2021, hay una parte de las fincas que están en suelo rústico de Protección de Espacios Naturales.

Sobre el vial, la Fiscalía expone que no figura ni en el IOP ni en el PGOM, y sí un camino de tierra que discurre de forma irregular desde la calle Arquitecto Antonio Cominges hasta el borde del mar. Y recoge que dos vecinos denunciaron que se habían ocupado sus fincas para hacer el vial y que, tras sus denuncias y las de la asociación de vecinos de San Miguel de Oia, el Concello emitió un informe avalando las obras y asegurando que no invadían otros terrenos.

En todo caso, y al margen de la querella, Europa Press apunta que el gobierno municipal ha confirmado en los últimos días que la calificación de esos terrenos en el nuevo PXOM, que se llevará a pleno el 28 de diciembre, será la de suelo urbano consolidado, aunque no ha explicado por qué en el aprobado en agosto de 2021 se recogía que una parte es suelo rústico.

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) de la Xunta abrió expediente sancionador por las obras del vial, que concluyó con una sanción de 35.549 euros a los promotores de esas obras, y en abril pasado el gobierno local paralizó la ejecución de los trabajos.

Informes municipales

Por otro lado, la Fiscalía expone las diferencias de criterio entre el secretario municipal, cuyo informe de abril de 2023 concluía que varias de las licencias urbanísticas otorgadas no se ajustan a la legalidad, y los técnicos del Concello, que elaboraron otros tres informes, remitidos en el marco de las diligencias de investigación, en los que discrepaban del primero. De nuevo, en mayo se repitió la réplica a otro informe del alto funcionario.

Por todo ello, ha formalizado ante el juzgado una querella, contra las 16 personas como presuntos responsables de los posibles delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio.