Los dos responsables de una empresa de cementos y hormigones de Redondela, Jorge C.A. y Ana Rosa P.D., acusados de un delito contra el medioambiente por los ruidos que generaba la planta y cuatro de lesiones por los perjuicios causados a los miembros de una familia que vivía al lado, han visto reducidas las penas solicitadas por la Fiscalía tras el pago de indemnizaciones por valor de 80.000 euros y eludirán la cárcel.
En un primer momento, ambos acusados negaron su responsabilidad y se acusaron mutuamente; Jorge C.A. negó tener ninguna capacidad de decisión en la empresa y desconocer los requerimientos hechos por el Ayuntamiento y la Policía, igual que no sabía que la empresa había sido precintada y sancionada ni que se rompían los precintos de manera sistemática para acceder a las instalaciones.
Por su parte, Ana Rosa P.D. descargó la responsabilidad en el acusado, que era su pareja en ese momento, del que afirmó que era el verdadero dueño de la compañía y el que tomaba las decisiones, a pesar de que fuera su tío, residente en Brasil, el que figuraba como administrador.
En la primera sesión del juicio celebrado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, también comparecieron los miembros de la familia denunciante, que confirmaron todos los perjuicios de salud y daños sufridos por la actividad de la empresa, por los ruidos y vibraciones constantes, vertidos y otras molestias, que también corroboraron los testigos policiales.
Acuerdo entre las partes
Este jueves, sin embargo, las partes han alcanzado un acuerdo con el ministerio Fiscal, que introdujo modificaciones en forma de atenuantes de dilaciones indebidas (el procedimiento se incoó en 2015 y la tramitación tuvo varias paralizaciones) y de reparación del daño, ya que los acusados han abonado íntegramente las indemnizaciones a los perjudicados, que suman 80.000 euros.
Así, los acusados han reconocido los hechos, por los que han sido condenados a 2 años de cárcel y multa 633 euros por un delito contra el medio ambiente, la inhabilitación de un año para ejercer una actividad profesional similar y el pago de multas que suman 1.800 euros por cuatro delitos de lesiones, y al pago de las costas procesales.
Inicialmente, la Fiscalía pedía para cada uno de ellos, por esos delitos, 6 años de cárcel, multa de 5.400 euros, e inhabilitación profesional por 2 años y medio. Además, las partes han acordado suspender la ejecución de la pena de cárcel por un período de 3 años, a condición de que se acredite el pago de la responsabilidad civil (ya acreditado por la parte denunciante) y de que los procesados no delincan en ese tiempo.
El tribunal ha dictado sentencia en la sala y la ha declarado firme.