Sobre las sillas de los colegios e institutos de España todavía no están colgadas las mochilas de los alumnos. Estudiantes y profesores disfrutan de sus vacaciones de verano mientras que en los despachos del Ministerio de Educación y en las consejerías del rango de las comunidades autónomas se fragua una contienda que amenaza con acaparar muchas casillas del calendario escolar.

El Gobierno, a la vez que pide consenso para lograr un pacto en Educación, ha dado luz verde a las nuevas reválidas de ESO y Bachillerato, el único punto que ha generado total desacuerdo en la comunidad educativa. Algo por lo que las regiones no gobernadas por el Partido Popular no están dispuestas a pasar: reunión urgente con el ministro, conatos de recursos o, directamente, insumisión.

Con la la ley para la mejora de la calidad educativa (Lomce) el Gobierno y los tiempos de implantación de esta, el Gobierno en funciones se veía obligado a desarrollar las pruebas finales de evaluación que deberán aprobar los alumnos de 15 y 16 años en la ESO y 17 y 18 años en Bachillerato a partir del curso 2017/2108 si quieren obtener el título. Pero antes, el próximo curso ya se realizarán estas pruebas aunque sin carácter académico. En el caso de la de 2º de Bachillerato sustituirá a la Selectividad y en vez de ser realizada por las universidades, correrá a cargo de los departamentos de Educación de las diferentes regiones.

De ahí, que las comunidades de distinto signo político al que sustenta al Gobierno en funciones hayan tomado posición pidiendo la anulación de las reválidas. Los consejeros de Educación de aquellas regiones gobernadas por el PSOE (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia) han pedido a Rajoy que derogue “de forma inmediata” el Real Decreto aprobado la semana pasada.

En un documento conjunto los consejeros socialistas piden así una convocatoria “urgente” de una Conferencia Sectorial de Educación -el máximo órgano de interlocución entre las comunidades y el Ejecutivo central en la materia- para “pedir explicaciones al ministro sobre esta forma de proceder”. Y advierte: esta convocatoria debería celebrarse “como muy tarde la primera semana de septiembre”, coincidiendo con el inicio del curso académico.

En Cataluña y País Vasco, selectividad

La única región del PSOE hasta este viernes que ha dado un paso más allá de las advertencias ha sido Baleares. El Consell de Govern aprobaba este día encomendar a la Abogacía de la comunidad autónoma iniciar las acciones necesarias para impugnar la norma aprobada por el Gobierno central. El conseller Martí March aseguró que esta normativa orgánica tiene “tintes franquistas”. También la calificó de “elitista”, “segregadora” y de ser una ley que “no necesita España para afrontar los retos del siglo XXI”.

Pero no será el único recurso que llegue ante el Tribunal Constitucional. Cataluña recurrirá el decreto, pese a que ya han advertido que los alumnos que comiencen en una semana el último curso de Bachillerato no se examinarán de la reválida que recoge la Lomce, sino que lo seguirán haciendo, al menos según los planes del Govern, como hasta este pasado curso: con la Prueba de Acceso a la Universidad.

En esta misma línea ya se pronunció el gobierno del País Vasco en la última Sectorial de Educación celebrada en mayo. En aquella reunión se debatió principalmente la prueba final de 6º de Primaria, pero Méndez de Vigo también presentó a los consejeros sus planes en los próximos meses. Así, Cristiana Uriarte anunció que en el País Vasco desarrollaría su “propio sistema de evaluación”, de acuerdo con el “modelo y necesidades” de su sistema.

“Sorprendete” aprobación

“Es sorprendente que en un momento de inestabilidad política, con un Gobierno en funciones se apruebe este decreto”, afirma a EL ESPAÑOL un alto cargo de Educación del Gobierno navarro. Desde el Ejecutivo de Geroa Bai hacen una valoración “completamente negativa” de la luz verde a las reválidas por lo que también reclaman de forma “absolutamente necesaria” la reunión con Méndez de Vigo para abordar el asunto.

Este cargo asegura que al no tener la regulación específica de cómo será el examen de Bachillerato -el Gobierno se ha dado de plazo hasta el 30 de noviembre para aprobarlo-, el curso comenzará sin los materiales adaptados a la nueva prueba. “Desde Navarra queremos tranquilizar a los alumnos porque vamos a paliar los efectos para que el alumnado no se vea afectado en lo más mínimo”, analiza.

“El uno de septiembre vamos a tener la línea colapsada porque las salas de profesores volverán a llenarse y querrán saber qué tiene que hacer con respecto a la prueba”, adelante el directivo. “No es la situación idea”, sentencia.

Las comunidades autónomas que no se han pronunciado en contra son las lideradas por el Partido Popular -Galicia, Castilla y León, La Rioja y Madrid- y Ceuta y Melilla. El diputado por Murcia y responsable en esta región en materia de Educación, Víctor Martínez-Carrasco, aseguró este viernes que su comunidad cumplirá “una vez más” la Lomce y que el real decreto de la discordia “es un paso más en el cumplimiento de la ley”.

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