La comunidad educativa, comunidades autónomas y algunos sindicatos comienzan a mover ficha tras la aprobación del Real Decreto que regula las reválidas de ESO y Bachillerato. Consideran que un Gobierno en funciones, como el de Mariano Rajoy, no tiene "legitimidad jurídica ni política" al dictar la norma que establece pruebas estandarizadas al final de cada etapa educativa a partir del curso 2017/18.

CCOO considera que el Gobierno de Rajoy volverá "a hacer el ridículo, como ocurrió con la aplicación caótica de la reválida de 6º de primaria". "El Partido Popular concurrió a las elecciones con una propuesta de Pacto Educativo, pero sigue gobernando en funciones, unilateralmente y sin legitimidad política ni jurídica para hacerlo, sin pactar con nadie, e incumpliendo sus promesas electorales desde el minuto cero", explican desde el sindicato.

Para Comisiones Obreras, el Real Decreto 310/2016 "desarrolla unas pruebas largas, costosas, injustas y completamente inútiles para la educación que necesitan nuestros jóvenes".

En la misma línea, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública ha anunciado que iniciará actuaciones para conseguir "la anulación" del real decreto y ha urgido a los grupos parlamentarios a hacer lo mismo para tratar de frenarlo en el plazo "más breve posible".

La Plataforma, a través de un comunicado, asegura que la actual situación política y jurídica "deslegitima" al Gobierno en funciones para continuar con el desarrollo de la Lomce y subraya que el real decreto "no responde a los objetivos que una normativa sobre dicho asunto debería proponer".

Para los defensores de la escuela pública, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se desentiende del alumnado que no supere la evaluación final, en ESO y en Bachillerato y añade que "la medida visible" que propone es la repetición del examen en sucesivas convocatorias. De hecho, los estudiantes de 4º de Educación Secundaria que no alcancen el cinco en la prueba final, sólo podrán matricularse, si desean seguir estudiando, en la Formación Profesional Básica.

Cataluña recurrirá el decreto

La consellera de Enseñanza, Meritxell Ruiz, en declaraciones a TV3, ha afirmado que Cataluña no aplicará estas reválidas el próximo curso escolar 2016-2017 y que los estudiantes que finalicen el Bachillerato harán la selectividad como hasta ahora.

Por su parte, el sindicato de docentes USTEC-STEs ha propuesto que el departamento de Enseñanza desobedezca el real decreto ya que "no tiene presente la situación de partida del alumnado ni su evolución individual, básica en cualquier proceso de evaluación".

USTEC-STEs reclama también a las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados que "en ningún caso permitan la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, que se ha permitido publicar este decreto de repercusiones sociales aún imprevisibles", y anima a docentes y padres a oponerse a la LOMCE.

Asturias y Baleares piden Conferencia Sectorial "urgente"

Asturias ha anunciado que solicitará a Méndez de Vigo la celebración con carácter urgente de la Conferencia sectorial de Educación, el máximo órgano de interlocución entre el Ministerio y las comunidades autónomas en materia educativa, para tratar las evaluaciones: "Ni las queremos, ni benefician a nadie, ni nos hacen falta", ha subrayado el consejero asturiano, Genaro Alonso. 

El responsable de Educación regional ha mostrado su sorpresa por la publicación del real decreto: "Pensábamos que un Gobierno en funciones no iba a dar ese paso, toda vez que las reválidas son el elemento más contestado y más perverso de la LOMCE. Yo sigo confiando ingenuamente en que no las lleguemos a aplicar", ha añadido en declaraciones recogidas por Europa Press. 

También pide la celebración de la Sectorial la Consejería de Educación de Baleares porque la norma aprobada en el pasado Consejo de Ministros "condena"  a los estudiantes que no pasen la evaluación final de 4º de ESO a matricularse únicamente en ciclos de Formación Profesional Básica y a los que no superen la reválida de Bachillerato, a no poder acceder a la Universidad ni a enseñanzas artísticas superiores.

El consejero Martí March considera que estas reválidas "lejos de mejorar la calidad del sistema lo que harán es incrementar el número de alumnos sin titulación puesto que no ofrecen alternativas a los alumnos que no las aprueban".