Frente al reloj de la Puerta del Sol, Carles Puigdemont vuelca su plato de uvas en el del presidente Pedro Sánchez.

Frente al reloj de la Puerta del Sol, Carles Puigdemont vuelca su plato de uvas en el del presidente Pedro Sánchez. Guillermo Serrano

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Las 12 uvas que Puigdemont pretende obligar a tragar a Sánchez: de la foto en Waterloo al referéndum de secesión

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El año 2025 promete convertirse en una montaña rusa, ya que llega el momento de que el presidente Pedro Sánchez salde sus cuentas pendientes con Carles Puigdemont.

En su permanente estrategia de mantener al Gobierno en el alambre, Puigdemont dio el pasado día 9 un golpe sobre la mesa y exigió que Sánchez se someta a una cuestión de confianza, para comprobar si aún tiene el apoyo del Parlamento.

Pero es sólo una de las doce facturas que el expresidente de la Generalitat, harto de los "incumplimientos" del PSOE, quiere cobrar a lo largo del año que ahora se inicia: desde el traspaso de las competencias de inmigración a la Generalitat a la celebración de un referéndum de independencia (que puso sobre la mesa de negociación en Suiza).

ArteEE

Junts pretende conducir a Sánchez a un callejón sin salida, pues no está en su mano cumplir algunas de las promesas que puso por escrito, como el pleno cumplimiento de la ley de amnistía (para que Puigdemont pueda regresar a casa sin riesgo de ser detenido), o el uso del catalán en las instituciones de la Unión Europea. 

Estas son las doce uvas de la ira que Puigdemont pretende que el presidente Pedro Sánchez tome en la noche del 31 de diciembre, ante el inicio del nuevo año:

1. Inmigración

El PSOE prometió el pasado mes de enero transferir a la Generalitat la competencia "integral" sobre inmigración, a cambio de que Junts apoyara en el Congreso tres decretos de medidas contra la crisis. El partido de Puigdemont exige cerrar el acuerdo antes de que concluya este año, algo que parece muy improbable.

Como paso previo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado que los Mossos asumirán las tareas de vigilancia en los puertos y aeropuertos, algo a lo que hasta ahora se había negado el ministro Fernando Grande-Marlaska.

Sin embargo, Puigdemont quiere que la Policía Autonómica se haga cargo también del control de las fronteras. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya ha advertido que esta medida exigiría una reforma de la Constitución, para la que el Gobierno no tiene mayoría suficiente.

La sentencia del Tribunal Constitucional que, en el año 2010, tumbó varios artículos del Estatut de Cataluña estableció que la Generalitat sólo podría asumir en esta materia competencias sobre primera acogida de los inmigrantes (en su aspecto sociosanitario) y de tramitación de los permisos de trabajo.

En cambio, el TC anuló el precepto por el que la Generalitat se atribuía la posibilidad de "participar en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Cataluña", como la determinación del contingente de trabajadores extranjeros. 

Aunque el acuerdo no está cerrado, el Gobierno se propone recurrir al artículo 150.2 de la Constitución, según el cual el Estado "podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".

2. Cuestión de confianza

En una comparecencia desde Bruselas, Carles Puigdemont denunció el pasado día 9 su hartazgo por los incumplimientos del PSOE y exigió que el presidente Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, para comprobar si sigue contando con el apoyo mayoritario del Parlamento.

La portavoz de Junts, Miriam Nogueres, registró el mismo día una iniciativa en el mismo sentido en el Congreso. De momento, el PSOE ha ganado tiempo y ha demorado su tramitación en la Mesa de la Cámara. 

Efe

Junts exige tramitar la iniciativa en la próxima reunión de la Mesa, prevista para el 7 de enero, como requisito para sentarse a negociar los Presupuestos. Aunque, como ha informado EL ESPAÑOL, el Gobierno admite que será muy difícil sacar adelante los de 2025, y juega con la idea de demorar la negociación con todos los grupos hasta el próximo otoño, para elaborar las cuentas de 2026.

Aun cuando el Congreso aprobara la iniciativa de Junts, no tendría carácter vinculante. Sólo si Pedro Sánchez decidiera voluntariamente someterse a una cuestión de confianza y la perdiera, la ley le obligaría a disolver las Cámaras y convocar elecciones. Algo que, de momento, no entra en los planes del presidente del Gobierno. 

3. Sin impuesto a las energéticas

Ya el pasado mes de octubre, Junts exigió al Gobierno la retirada del impuesto a los beneficios de las compañías energéticas, para salvar la inversión de 1.000 millones de euros que Repsol tiene previsto acometer en Tarragona. Sin embargo, el Ejecutivo lo incluyó en su reforma fiscal para cumplir sus compromisos con otros socios del bloque de investidura, como Podemos.

El partido de Puigdemont cumplió su amenaza y se alió con el PP y el PNV para eliminar de la reforma fiscal este tributo el pasado día 19 en el Congreso. El Gobierno ha vuelto a incluirlo en el decreto que aprobó en el último Consejo de Ministros del año, pero todo indica que decaerá, porque no tiene el apoyo de Junts y el PNV.

4. Regreso de empresas

En el acuerdo de investidura firmado por Santos Cerdán en Bruselas en noviembre de 2023, el PSOE incluyó el compromiso de impulsar un plan para "facilitar y promover" el regreso de las cerca de 8.000 empresas que trasladaron su sede fuera de Cataluña, huyendo del procés.

Junts cree que ha llegado el momento de cumplir esta promesa. Su portavoz, Míriam Nogueras, ha reclamado una reforma de la Ley de Sociedades de Capital, para revertir los cambios introducidos en 2017 por el Gobierno de Rajoy, que facilitaron el traslado de empresas.  

Javier Lizón EFE

Aunque el partido de Puigdemont sabe que esta medida no es suficiente y reclama penalizaciones para las compañías que tengan sus principales centros de actividad en Cataluña, pero mantengan su sede social en otra región.

"Hay que garantizar que se cumpla la ley. Aquellas empresas catalanas que cumplan la ley han de poder tener incentivos fiscales, porque ya toca que se dediquen fondos a las pequeñas y medianas empresas catalanas", explicó Nogueras.

5. El cupo catalán 

ERC se anotó el tanto de arrancar al PSOE un sistema de financiación privilegiado, similar al concierto vasco, como contrapartida para apoyar la investidura de Salvador Illa en la Generalitat.

Aunque Junts ya había incluido esta exigencia en el documento firmado por Santos Cerdán en Bruselas, en el que reclamaba "la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña". El Gobierno asegura que lo hará de forma escalonada, comenzando en 2025 por el IRPF.

Jorge Gil / Europa Press

A Pedro Sánchez tampoco le va a resultar fácil cumplir este compromiso: no sólo cuenta con el rechazo de los principales barones socialistas (encabezados por Emiliano García-Page), sino también de algunos socios parlamentarios como Compromís.

ERC amenaza con tumbar el Govern de Illa, si el Ejecutivo no cumple su promesa, que requiere una mayoría cualificada en las Cortes para reformar varias normas, como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

6. Catalán en la UE

Es otro de los compromisos que el PSOE adquirió con Junts y ERC, a cambio de que apoyaran la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso de los Diputados: lograr que el catalán (y por extensión, el euskera y el gallego) se convierta en lengua oficial de las instituciones de la UE.

Durante la presidencia de turno de la Unión, el Gobierno se empleó a fondo para cumplir este objetivo e incluso se comprometió a que España asuma los 132 millones de euros anuales que costará la medida.

Sin embargo, no logró vencer las reticencias de los 27, que temen sentar un precedente para futuras exigencias de otras minorías. Junts se queja de que Pedro Sánchez no haya puesto tanto empeño en este compromiso como el que demostró, pactado incluso con los partidos de Giorgia Meloni y Viktor Orbán, para colocar a Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea.

No se trata sólo de la lengua. En el pacto de investidura firmado en noviembre de 2023 en Bruselas, el PSOE se comprometió ante Junts a ampliar "la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y demás organismos y entidades internacionales". Se trata de otra promesa que sigue en el aire.

7. Amnistía plena

Cerca de 200 personas se han beneficiado ya de la ley de amnistía, promulgada definitivamente por el Congreso el pasado 30 de mayo. Casi la mitad de ellas son agentes de Policía Nacional y Guardia Civil procesados por las cargas del 1-O.

Sin embargo, en una decisión respaldada por la Sala Penal del Tribunal Supremo, el magistrado Pablo Llarena ha determinado que la ley de amnistía no es aplicable al delito de malversación de fondos públicos imputable a los principales organizadores del referéndum ilegal del 1-O. 

Esta decisión no sólo afecta a los fugitivos de la Justicia que evitaron sentarse en el banquillo (Puigdemont y sus consellers Lluís Puig y Toni Comín), sino a los que ya fueron condenados por este delito en la sentencia del procés que el Supremo dictó en octubre de 2019: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

En virtud de aquella sentencia, Junqueras está inhabilitado para ocupar cargos públicos hasta julio de 2031, Bassa hasta octubre de 2031 y los exconsellers Turull y Romeva hasta julio de 2030.

Carles Puigdemont se impacienta, pues hasta que se resuelva esta cuestión no puede regresar a España sin la "amenaza permanente" de ser conducido a prisión, como denunció en una reciente intervención desde Bruselas.

Como ha informado EL ESPAÑOL, el Gobierno espera tener de aquí al verano una resolución favorable del Tribunal Constitucional, que permita aplicar la amnistía a aquellos casos que han quedado en suspenso. Pero todo indica que la última palabra la tendrá el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), lo que puede demorar el trámite hasta tres años. 

8. El relato del 'lawfare'

El PSOE puso en marcha este 2024 dos comisiones de investigación sobre los atentados yihadistas de Las Ramblas y la llamada Operación Cataluña, tal como le habían exigido Junts y ERC a cambio de apoyar la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso. 

Y en el último Consejo de Ministros del año, el Gobierno ha pagado otra factura al desclasificar ocho documentos secretos para remitirlos a la comisión. Entre ellos, los que aluden a los intentos del CNI de captar como confidente al cerebro de los atentados s del 17-1A, el imán Abdelbaki Es Satty, cuando se encontraba en prisión por narcotráfico.

Javier Lizón EFE

El partido de Puigdemont utilizó unas declaraciones del comisario Villarejo para alimentar la tesis de que Es Satty seguía actuando a las órdenes del CNI cuando adoctrinó a la célula de Ripoll que asesinó a 16 personas y dejó 300 heridos.

A lo largo de 2025, Junts va a utilizar las conclusiones de ambas comisiones de investigación con un doble objetivo. Por un lado, para poner en tela de juicio la actuación de las instituciones del Estado, a las que presenta como responsables de la "represión" contra el movimiento independentista.

Pero además, logró imponer en la ley de amnistía que se beneficiarán de la medida de gracia aquellos independentistas que hayan sido víctimas de lawfare. Esto permitiría luego a Junts exigir, por ejemplo, que la familia Pujol se vea liberada de las causas que tiene pendientes con la Justicia, alegando que (según las conclusiones de la comisión sobre la Operación Cataluña) ha sido perseguida de forma injusta por la Policía patriótica.

9. Inversiones no ejecutadas

Si ERC arrancó a Sánchez la promesa de condonar 15.000 millones de euros de la deuda de la Generalitat, Puigdemont centró su campaña a las elecciones catalanas en denunciar que el Gobierno incumple sistemáticamente las inversiones previstas en los Presupuestos del Estado para Cataluña.

Junts planteó en el Congreso el pasado 4 de noviembre la primera factura, al registrar una iniciativa para exigir que el Gobierno transfiera de golpe a la Generalitat 35.000 millones de euros. Cifra en esta cuantía el déficit de inversiones del Estado en el mantenimiento de los servicios ferroviarios de cercanías de Cataluña entre 2009 y 2023. De nuevo, Junts condiciona su apoyo a los Presupuestos a que se apruebe esta medida.

10. Escoltas de Puigdemont

Es una cuestión que preocupa especialmente a Carles Puigdemont, pues cree que su seguridad está amenazada en el exterior. Como informó EL ESPAÑOL, fuentes de Junts sostienen que la nueva consellera de Interior de la Generalitat, la socialista Núria Parlon, está dispuesta a autorizar el envío de agentes de los Mossos a Bruselas para proteger a Puigdemont de forma permanente como escoltas.

Sin embargo, el ministro Fernando Grande-Marlaska ha parado la operación, debido a las dudas legales que plantea.

De hecho, entre los primeros beneficiarios de la ley de amnistía se encuentra el exconseller de Interior Miquel Buch, que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Barcelona a 20 años de inhabilitación, como autor de sendos delitos de prevaricación y malversación, por autorizar el desplazamiento de un mosso a Bruselas para proteger a Puigdemont.

11. Foto en Waterloo

Peregrinar hasta Waterloo para fotografiarse junto al prófugo de la Justicia ya se ha convertido en todo un ritual. Lo hizo primero la vicepresidenta Yolanda Díaz, en octubre de 2023, para allanar el camino a la investidura de Sánchez. Y más recientemente, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, para pedir el apoyo de Junts a los Presupuestos.

El presidente Pedro Sánchez confirmó el pasado lunes su voluntad de reunirse con Puigdemont en Bruselas: "A efectos políticos, la amnistía ya se aplica", afirmó, "hemos pasado página". Como ha informado EL ESPAÑOL, Moncloa admite que esa foto podría producirse a finales del próximo mes de enero o principios de febrero.

En un principio, estaba previsto que el encuentro en Bruselas se celebrara el pasado mes de marzo, pero el PSOE decidió aplazarlo para evitar que la polémica imagen enturbiara la campaña de Illa en las elecciones catalanas.

También Junts admite que la foto llena de simbolismo entre Sánchez y Puigdemont ya está "pactada", a falta de fijar la fecha. Pero el expresidente de la Generalitat no quiere que sea un simple gesto o un "paripé", sino que sirva para sellar un acuerdo de mayor calado.

12. El referéndum

Es la estación final del camino que quiere recorrer Puigdemont. En el pacto de investidura suscrito en noviembre de 2023, Junts dejó por escrito que pretende negociar en Suiza "la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución".

Este precepto de la Constitución establece que "las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados".

EP

El otro "socio preferente" del Gobierno, ERC, persigue el mismo objetivo: desde la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonés convocó en 2023 a un grupo de expertos, que propusieron distintas fórmulas de referéndum de independencia, basadas en el pacto de claridad de Quebec (Canadá).   

El Tribunal Constitucional declaró ilegal el referéndum de independencia convocado por Puigdemont el 1-O de 2017, por vulnerar el artículo 2 de la Carta Magna, que protege "la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles".

Pero el PP teme que Pedro Sánchez acabe cediendo a la presión de sus socios y convoque una consulta sobre el modelo de Estado, para avanzar hacia la España "federal".