Fidel Narváez, el cónsul que vivió con Assange 7 años y ahora quiere frenar su extradición inminente

Ecuador, con el presidente Rafael Correa a la cabeza y su particular cruzada contra el imperialismo yanqui, se interesó por las filtraciones relativas a Ecuador y pidió a un entonces joven Narváez, recién destinado en Londres, que contactara con Assange para que Wikileaks facilitara al Gobierno ecuatoriano toda la información que tenía.

Narváez se reunió en varias ocasiones con Assange y comenzó entre ellos una amistad. Unos meses después, el 19 de junio de 2012, el activista y periodista australiano pidió asilo en la Embajada de Ecuador en Londres, ante la orden de arresto que había cursado la justicia estadounidense contra él.

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La conexión fue fácil: Assange contaba con la simpatía del Gobierno de Correa y éste no perdió la oportunidad de marcarse un tanto en el tablero internacional que atrajo las miradas de las principales potencias del mundo hacia el país andino.

Han transcurrido 12 años desde aquello. En medio, Assange pasó siete de estos años confinado en el limitado espacio de la representación diplomática ecuatoriana, y desde 2019, cuando el sucesor de Correa, Lenín Moreno, le expulsó de la embajada, permanece en la prisión británica de Belmarsh sin condena, esperando un veredicto judicial. Ahora, parece que éste llega a su fin, pero las opciones de que Assange no sea extraditado a EEUU se agotan. 

El pasado 21 de febrero, los jueces británicos Victoria Sharp y Jeremy Johnson, dieron a las partes hasta este lunes 4 de marzo el último plazo para entregar los documentos que consideren, antes de tomar una resolución final que podría terminar con Assange en una prisión estadounidense de por vida.

"Es la última bala que nos queda", reconoce Narváez en conversación telefónica con EL ESPAÑOL. A través de los años, el ahora excónsul, se comprometió con la causa de su inquilino, abandonó el servicio diplomático cuando la Cancillería ecuatoriana echó a Assange de la Embajada y asumió, desde Londres, su defensa en calidad de activista.

Julian Assange en el balcón de la Embajada ecuatoriana en Londres. EFE

El juicio

Para Narváez, pese a las recientes noticias, poco halagüeñas para Assange, el futuro del editor "estaba decidido desde que el Gobierno ecuatoriano le expulsó de la Embajada". En la primera instancia del juicio, los jueces detuvieron la extradición porque aceptaron uno de los varios puntos que presentó la defensa como argumento para impedirla.

"Los jueces aceptaron el punto de la defensa por el que argumentaba que Julian tenía un alto riesgo de suicidio a raíz su frágil estado de salud emocional. En concreto, padece estrés post-traumático y autismo, condiciones que pueden llegar a multiplicar por seis o por siete el riesgo de suicidio. Más si hablamos del régimen de Medidas Especiales Administrativas que la Justicia estadounidense prevé para delitos contra la Ley de Espionaje de 1917", explica Narváez.

Las Medidas Especiales Administrativas (SAM, por sus siglas en inglés), implican un régimen carcelario en el que el preso está recluido en una celda de aislamiento durante 23 horas seguidas sin un sólo contacto humano: se le impide siquiera mirar al corredor o ver a quien le trae la comida; la hora de recreo para caminar en el patio es, nuevamente, en soledad, las necesidades las hace en la propia celda, lugar donde también recibe atención médica en caso de enfermedad.

Además, según explica Narváez, además de ser limitadas, el condenado no puede tener contacto físico con sus visitas, y "sus comunicaciones están monitoreadas por el FBI". "Debería ser un régimen temporal, pero se han dado casos de reos que han pasado numerosos años en estas condiciones, y de ahí el temor de la defensa", dice Narváez.

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La defensa, además, presentó otros puntos que fueron rechazados. Por ejemplo, que Assange estaba acusado de un delito político basado en una ley anacrónica de espionaje de 1917, el cual no debería ser extraditable. También argumentó que el tratado de extradición entre EEUU y el Reino Unido no estaba ratificado por el parlamento británico y que se basaba en una Ley de Extradición anterior a este tratado.

Para la Fiscalía estadounidense, sin embargo, todo es más sencillo: si Assange asegura no haber cometido ningún delito, que se enfrente a la Justicia, la cual le da garantías para un proceso justo. Pero Narváez insiste en que este argumento tiene una trampa.

"A Assange se le juzga por la Ley de Espionaje, que no admite que lo que él hizo, como argumenta, fue difundir información que los ciudadanos estadounidenses merecen saber sobre su Gobierno. Además, la corte de espionaje, que es la que ha formulado los cargos, tiene su sede en el estado de Virginia, donde se concentra el mayor número de funcionarios de agencias de seguridad e inteligencia de los EEUU. No sería extraño que en cualquier jurado que juzgue a Assange haya personas relacionadas con esa comunidad y que no juzguen este asunto con la neutralidad que requiere", explica Narváez.

La resolución judicial se produjo hace cuatro años, a favor de Assange por el punto del riesgo de suicidio. Pero, como era de esperar, EEUU apeló. Para volver las tornas a su favor, la Fiscalía General dijo que garantizaría que Assange no fuera sometido al régimen de internamiento SAM; que, en caso de ser condenado, no iría a una cárcel de alta seguridad; y que podría cumplir parte de su condena en Australia, su país natal.

Un activista sostiene un cartel de apoyo a Julian Assange. Reuters

Ante esta predisposición, el tribunal británico entendió que dejaba de existir el riesgo de suicidio por el cual había parado la extradición en una primera instancia. La defensa, de nuevo apeló la decisión pidiendo que se revisaran los demás puntos que habían sido desestimados en cuando sí se aceptó el del riesgo de suicidio.

Además, la defensa argumentó que las garantías de la Fiscalía de EEUU estaban sujetas a cambios si Assange "cometía cualquier indisciplina", en palabras de Narváez. La respuesta del tribunal, hace un año, fue negar el derecho de apelación, porque esos puntos ya habían sido desestimados en la primera instancia.

Pero la defensa logró que los jueces Sharp y Johnson accedieran a revisar la apelación. De esta forma, los abogados del fundador de Wikileaks pueden conseguir unos meses más, en caso de que los magistrados decidan que hay posibilidad de revisar uno o más argumentos de la defensa –es decir, si procede la apelación– o, por el contrario, desestimarla definitivamente y proceder a la extradición.

En caso de producirse la última situación, el último recurso de la defensa de Assange es recurrir al Tribunal de Estrasburgo y que éste dicte una medida cautelar para impedir la extradición mientras la corte de Derechos Humanos europea revisa el caso.

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"Mientras tanto, Julian sigue en la cárcel de máxima seguridad de Belmarsh, pero no ha sido juzgado ni, hasta que se demuestre lo contrario, ha sido declarado culpable. La incertidumbre sobre cuánto va a durar este proceso ha minado su estado de salud: la mayoría de presos pueden hacerse una idea de cuánto tiempo estarán entre rejas; Julian, no", lamenta Narváez.

Estado de salud

Según explica el excónsul, las condiciones de Assange en Belmarsh no son muy diferentes de si estuviera sometido al régimen SAM en una cárcel estadounidense. "Está solo en una celda la mayor parte del día. La pandemia de Covid, además, le añadió nuevas restricciones durante unos meses. Ahora ya puede acceder a una biblioteca y a consejo espiritual, pero el contacto con sus abogados sigue siendo muy limitado e incluso llegó a tener un ordenador con el teclado sellado en el que no podía escribir nada. Durante unos meses, no tenía ni una radio, o unos lentes para leer", dice Narváez, conocedor de su situación.

Las circunstancias de Assange desde febrero de 2019, cuando fue expulsado de la Embajada, tampoco difieren demasiado de los últimos años que pasó en la Embajada ecuatoriana en Londres. Allí vivía en un espacio reducido "sin apenas acceso a la luz solar o al aire fresco", según detalla Narváez, que en aquellos años compartió espacio de trabajo con Assange y convivió con él.

La situación de Assange dentro de la Embajada comenzó a cambiar paulatinamente con el cambio de Gobierno en Ecuador, quien le consideró un estorbo. Para Narváez, el acercamiento de posiciones entre el Ejecutivo de Lenín Moreno y el de Donald Trump en Washington fue la piedra de toque que daría inicio a un "acoso sistemático" de Ecuador a Assange para que abandonara la sede diplomática por su propio pie.

La prisión de Belmarsh, Reino Unido. Roche Security

"Más allá de las complicaciones que podía tener una convivencia de este tipo, nunca tuvo problemas con el personal de la Embajada, pero sí con la empresa de seguridad que se encargaba del edificio. Se le cortó la conexión a Internet, se le impidieron las visitas, se le instalaron inhibidores de señal para que no pudiera comunicarse por teléfono: se intentó todo para que saliera de allí pero, ni aún así lo lograron", dice el excónsul.

Por la empresa de seguridad, Narváez se refiere a la española UC Global, contratista del Gobierno de Ecuador y que ya prestaba servicio en la Embajada durante la etapa de Correa. Sin embargo, y según juzga un tribunal de Madrid, la empresa adquirió contratos en EEUU y está acusada de haber espiado a Assange para el Gobierno de ese país.

"Durante los primeros seis años, Julian recibió a más de 1.000 personas: activistas, trabajadores de Wikileaks, abogados, periodistas, a su familia… Su padre pasaba con él la Navidad y el Año Nuevo en la Embajada. Luego le limitaron las visitas a su equipo legal", dice Narváez.

El excónsul resistió un año más en el servicio diplomático ecuatoriano tras la llegada de Moreno al poder. Pero al no estar de acuerdo con el rumbo que tomaron los acontecimientos, decidió abandonar su puesto. Desde entonces, se comprometió con Assange de manera personal. Fue la experiencia que más le marcó en su carrera, y por la que terminaría comprometiéndose.

Su prospecto sobre la decisión de los jueces Sharp y Johnson no es el más esperanzador. Pero todavía confía en poder impedir la extradición que pondría fin a la pesadilla de Assange en Londres para abrir una nueva en EEUU. "Sería un gran retroceso para los Derechos Humanos y para la libertad del periodismo", concluye.