De las niñas de Alcàsser al Prestige: por qué el 13 de noviembre es un día maldito en España

Ya sea por mera coincidencia o por razones que escapan a nuestro entendimiento, el 13 es un número cargado de simbolismo negativo. Y la historia reciente de España deja en especial mal lugar al 13 de noviembre, es decir, el día de hoy. El 13 de noviembre de 1992 tuvieron lugar dos de los episodios más escabrosos de la crónica negra española. En Alcàsser (Valencia), desaparecieron Míriam, Toñi y Desirée, tres jóvenes de 14 y 15 años, mientras iban a una discoteca en Picassent. Sus cuerpos fueron hallados 75 días después de su desaparición. La autopsia revelaría posteriormente el infierno que pasaron antes de morir.

Ese mismo día, en Aravaca (Madrid) fue asesinada Lucrecia Pérez Matos, una inmigrante dominicana de 32 años, en lo que se considera el primer crimen motivado por racismo y xenofobia reconocido en España. El trío de infortunios ocurridos un 13 de noviembre se completa en el año 2002, cuando el petrolero Prestige se hundió frente a las costas de Galicia, en lo que se considera una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia. 13 de noviembre. Estas son las historias que han grabado con sangre y crudo esta fecha en nuestra memoria.

Tres niñas desaparecidas

Míriam García, Toñi Gómez y Desirée Hernández hicieron autoestop —o dedo, como se solía decir entonces— desde la localidad de Alcàsser hasta Picassent en torno a las ocho de la tarde. Se dirigían a la sesión de tarde de la discoteca Coolor, a donde nunca llegaron. En un punto entre la entrada del pueblo y la discoteca, las tres niñas se subieron a un Opel Corsa blanco perteneciente a Miguel Ricart. Fue la última vez que fueron vistas con vida.

Mucho antes de encontrarse los cuerpos, la desaparición de las jóvenes conmocionó a la opinión pública a través de una repercusión en los medios de comunicación sin precedentes. Ninguna desaparición en la actualidad genera tanto eco mediático. El 21 de noviembre, el sábado siguiente a la desaparición, los retratos de las niñas de Alcàsser abrieron el Informe Semanal, uno de los espacios televisivos más importantes de España.

Cartel difundido con los rostros de las jóvenes en los días posteriores a su desaparición.

El 27 de enero de 1993 llegó el fatal desenlace temido por todos. Habían pasado 75 días de la desaparición, cuando dos apicultores encontraron los cadáveres de las tres niñas semienterrados en una fosa en el barranco de la Romana, un paraje de difícil acceso próximo al pantano de Tous. Lo primero que llamó la atención de los hombres fue un brazo humano medio desenterrado que llevaba un reloj de gran tamaño en la muñeca. Ahí yacían las tres jóvenes.

Junto a la fosa también se halló una de las pruebas principales del caso: un volante médico del Hospital La Fe de Valencia a nombre Enrique Anglés Martins, que había sido atendido de sífilis unos meses atrás. Enrique, discapacitrado y esquizofrénico, fue el primer detenido por los hechos, pero las investigaciones concluyeron que su hermano Antonio había suplantado su identidad en el hospital, ya que era prófugo de la justicia. Enrique fue puesto en libertad y se dio una orden de búsqueda y captura de Antonio Anglés. A día de hoy sigue en paradero desconocido.

Un segundo detenido como cómplice necesario y coautor de los hechos fue Miguel Ricart, dueño del Opel blanco que recogió a las jóvenes aquella fatídica tarde del 13 de noviembre. Cerca de la medianoche del 27 de enero, el día que encontraron los cuerpos, hizo una declaración autoinculpatoria. Le unía una amistad con Anglés -quienes les conocían aseguran que Antonio le tenía totalmente sometido- y su coche coincidía con la declaración de la testigo que vio a las niñas por última vez con vida.

El fugado Antonio Anglés y el condenado Miguel Ricart.

Posteriormente, Ricart se desdijo de su descripción de los hechos. En sus primeras declaraciones narró detalladamente como Anglés y él se las llevaron a una caseta abandonada, las violaron repetidas veces, hasta que las dispararon y las enterraron. En el juicio, en cambio, se declaró inocente. El hombre se contradijo en varias declaraciones y aseguró ante el juez que recibió presiones y torturas para contar esa versión de los hechos.

Esto, unido a la caótica instrucción del caso y a una supuesta destrucción de pruebas, alimentó una teoría de la conspiración paralela a la oficial, instigada especialmente por Fernando García, el padre de Miriam, junto al periodista y criminólogo Juan Ignacio Blanco. Estos llegaron a acusar sin pruebas a altos cargos del estado de haber sido investigados por lo sucedido. El discurso de que había fuerzas poderosas detrás de lo ocurrido caló en buena parte de la sociedad española y dividió a la opinión pública.

Fernando García y José Ignacio Blanco en el programa de televisión Esta noche cruzamos el Mississippi, presentado por Pepe Navarro, donde desgranaron su teoría paralela.

Pese a que no hay ninguna prueba tangible de la implicación de otras personas aparte de Anglés y Ricart en estos terribles crímenes, sí que hay algunas lagunas en la versión oficial que hacen sospechar. ¿Cómo es posible que Anglés conservara un volante de meses atrás y lo perdiera justo en la escena del crimen? ¿Cómo es posible que el viento no se llevara esos papeles en dos meses y medio? ¿Por qué había pelos de hasta cinco personas en los cuerpos de las niñas? ¿Por qué se lavaron los cuerpos de las jóvenes antes de la segunda autopsia? ¿Por qué no se encontraron restos de sangre ni de semen en la casa abandonada donde se produjo el suceso?

Miguel Ricart fue condenado a 170 años de prisión por rapto, violación y asesinato, de los que terminó cumpliendo 21. Salió libre en 2011 con la aplicación de la doctrina Parot. Anglés consiguió huir antes de su detención. Lo último que se sabe es que se embarcó como polizón en el buque City of Plymouth y se tiró al agua en un chaleco salvavidas cuando le descubrieron. Su rastro desapareció para siempre y actualmente es una de las personas más buscadas del mundo por la Interpol. Fernando García, el padre de Miriam, sigue defendiendo la inocencia de ambos.

Tiroteada mientras dormía en ruinas

Lucrecia Pérez Matos nació en 1959 en la República Dominicana. Cuando tuvo uso de razón, se lanzó a buscarse la vida lejos de la isla. Desde Vicente Noble a Santo Domingo, pasando por Nueva York, París o Bilbao hasta llegar a Madrid. En la capital encontró trabajo como empleada del hogar, aunque sin contrato y sin estar dada de alta en la Seguridad Social como muchas de sus compañeras.

Al ser despedida y sin amparo alguno, tuvo que vivir en la calle junto a otras compañeras dominicanas, en una situación de pobreza, sin ayudas de ningún tipo, y con un racismo palpitante en la sociedad hacia la comunidad migrante, que sufría una fuerte persecución. Muchas de estas mujeres se reunían en una plaza de Aravaca, para charlar de su situación y crear vínculos, aunque en este espacio también se estaban creando tensiones entre estos colectivos y los vecinos de la zona.

Retrato de Lucrecia Pérez Matos, asesinada a tiros en Aravaca (Madrid) el 13 de noviembre de 1992.

La tensión iba cada vez más en aumento, hasta el punto de que muchos vecinos denunciaron que en aquella plaza se producía de tráfico de drogas y prostitución, y reinaba la inseguridad. No tardó en llegar el conflicto abierto. El domingo 1 de noviembre de 1992 hubo un choque entre agentes de la Policía Municipal e inmigrantes, con cinco heridos y ocho vehículos dañados. Doscientas mujeres dominicanas reunidas en la plaza de Aravaca apedrearon a la Policía Municipal cuando querían introducir en el coche a dos de ellas, que carecían de permiso legal de residencia en España.

Lucrecia tenía entonces solo 32 años y vivía en las ruinas de la Discoteca Four Roses a las afueras de Madrid. Es allí donde fue asesinada el 13 de noviembre de 1992 por dos disparos del guardia civil José Luis Merino Pérez. Fue el mismo día que desaparecieron las niñas de Alcàsser.

Los asaltantes que iban con la cara tapada junto al asesino de Lucrecia dispararon indiscriminadamente contra los dominicanos que se encontraban allí cenando sopa a la luz de una vela. Algunas fuentes vincularon al asesino con grupos de ideología fascista y neonazi y afirmaban que ese día salió junto a unos compañeros para "darle una lección a los negros". Estos datos son los que facilitaron calificar este crimen como el primero racista en España, aunque son muchos los casos que no fueron calificados como tal, pero que sí tuvieron lugar anteriormente en el país.

Mural en conmemoración de Lucrecia en Aravaca.

La condena del grupo quedó en 54 años de cárcel para el guardia civil Luis Merino -30 por el delito de asesinato de Lucrecia Pérez y 24 por el de asesinato frustrado de su compatriota Augusto César Vargas- y 24 años de reclusión a los menores Felipe Carlos Martín Bravo, Víctor Julián Flores y Javier Quílez Martínez (15 años por el delito de asesinato y nueve por el de asesinato frustrado, al apreciarse la atenuante de "edad juvenil" en el juicio). Este crimen despertó la indignación de numerosas personas y propició manifestaciones contra el racismo en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Córdoba, Sevilla o Zaragoza.

Una marea negra

A las 15:10 horas del 13 de noviembre de 2002 el capitán del Prestige oyó un fuerte golpe, “como una explosión”, y notó como el barco comenzaba a escorar rápidamente y la salida de fuel por las escotillas de cubierta. Una vía de agua afectó a dos tanques de lastre de estribor. Al temer que el barco se hundiera, solicitó a las 15:15 horas ayuda a los servicios de rescate españoles para poder refugiarse en un puerto. La Costa de la Muerte estaba azotada por un fuerte temporal, con rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y olas de hasta ocho metros de altura.

El buque Prestige, propiedad de una empresa de Liberia con bandera de Bahamas y operado por una naviera griega, transportaba 76 972 toneladas de fuelóleo de alta densidad y viscosidad. La carga era propiedad de una sociedad rusa radicada en Suiza.

Tras casi una semana de idas y venidas y maniobras para alejarlo de la costa gallega, el barco acabó partiéndose por la mitad y hundiéndose a 250 kilómetros de ella. El Prestige y sus 77.000 toneladas de fuel pesado acabaron esparciéndose por más de 2.000 kilómetros de costa, de Galicia al sur de Francia, pasando por Asturias, Cantabria o el País Vasco, y hasta Portugal.

El Prestige en su hundimeinto frente a las costas gallegas.

Los "hilillos de plastilina" del expresidente Mariano Rajoy, por aquel entonces portavoz del Ejecutivo de José María Aznar y ministro de la Presidencia, son una de las repercusiones políticas del desastre del Prestige que han pasado a la posteridad.

Las palabras concretas del expresidente del Gobierno fueron: "Salen unos pequeños hilitos, hay cuatro en concreto que se han visto, cuatro regueros, me dicen, regueros solidificados con aspecto de plastilina en estiramiento vertical, deben de salir de algunas de las grietas unos hilos…".

Más allá de las polémicas –y ya históricas– palabras de Rajoy, el desastre del Prestige golpeó de lleno al PP en Galicia, presidido en aquel momento por Manuel Fraga. A Fraga, por ejemplo, la gestión de esta catástrofe medioambiental le costó la sexta mayoría absoluta en la Xunta, tres años después.

En los seis meses después de que se hundiese el barco, los voluntarios encontraron 23.000 aves cubiertas de chapapote o crudo. El vertido provocó, en total, la muerte de cerca de 230.000 aves marinas y de cientos de animales marinos. Durante el primer año de limpieza, se sacaron cerca de 100.000 toneladas de arena y petróleo de las playas gallegas.

Un ave cubierta de chapapote en una playa gallega.

Los datos oficiales elevan el derrame a 63.000 toneladas y a 170.700 toneladas de desechos. El petróleo acabó cubriendo 2.000 kilómetros de costa. En total, 1.137 playas y 450.000 metros cuadrados de roca se vieron afectadas.

Una de las principales críticas por aquel momento al presidente gallego de entonces fue que no visitase las localidades afectadas hasta ocho días después del derramamiento. Al presidente del Gobierno del momento, José María Aznar, se le reprochó que no visitase la costa gallega hasta casi 40 días después de que el buque sufriese el accidente.

Desde la sociedad civil se acusó al Gobierno de un intento de "manipulación" y de "minimizar" las consecuencias de la tragedia. Las movilizaciones y el descontento fueron continuas. Bajo el grito "nunca máis", la plataforma homónima –formada por intelectuales gallegos y dirigentes del BNG– convocó una manifestación el 1 de diciembre que desbordó las expectativas de los organizadores.

Fue precisamente la plataforma Nunca Máis la encargada, desde 2014, del proceso judicial que pedía responsabilidades por la gestión del desastre del Prestige. Casi 20 años después, el presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, admitía que pudo haber "errores" en la gestión del hundimiento del Prestige.