Este sábado a las 18 horas, las luces de Navidad de Madrid se iluminaron como cada día. Pero con una salvedad: cinco puntos concretos no se prendieron. Eran el abeto luminoso de San Juan de la Cruz y el de la glorieta del Emperador Carlos V, la menina del paseo del Prado, las cadenetas que van de la Plaza de Colón a la glorieta de Emilio Castelar y la bandera de España que hay en el puente de Juan Bravo. Estos lugares habían sufrido un sabotaje. Les habían cortado los cables.
Esta acción ha sido reivindicada por el —hasta ahora desconocido— colectivo Corta Cables, en protesta por la pobreza energética y poniendo especial foco en la Cañada Real de Madrid. Este asentamiento lleva 14 meses sin luz por corte de suministro.
Este periódico ha podido hablar con el colectivo. Preguntados por si se esperan más acciones por su parte, no han querido concretar. "Esperamos acciones de parte de las administraciones contra la pobreza energética. Es inaceptable la situación de miles de familias en sus hogares y lo que están viviendo en la Cañada Real", han asegurado a EL ESPAÑOL.
—¿Por qué han elegido esta forma para protestar?
—Nos inspiramos en los multiples casos de sabotaje a lo largo de la historia que han logrado nuestros derechos, como las sufragistas con el voto femenino, la huelga de la Canadiense para la jornada de ocho horas y, más recientemente, el Earth Liberation Front.
Aunque este colectivo se desliga de cualquier ideología o movimiento político, hay un detalle que hace entrever su ideario: el dominio elegido para su dirección de email. Tras la arroba no se lee Gmail, ni Hotmail, ni ningún servidor habitual. En cambio, el dominio es de riseup.net.
Esta plataforma es de carácter anarquista, tal y como se puede apreciar en la propia página web. “Riseup proporciona herramientas de comunicación online para gente y grupos que trabajan en un cambio social libertario”, asegura la plataforma. Su símbolo es una estrella rojinegra, los colores del anarcosindicalismo, presentes también en la bandera del sindicato CNT.
El grupo ni confirma ni desmiente este detalle. "Con lo único con lo que nos identificamos es con todas las víctimas de la pobreza energética, de las cuales formamos parte".
La Policía Municipal ya se encarga de rastrear esta cuenta de Twitter y el Consistorio tiene intención de cobrar a los responsables el coste de la reparación. "Somos conscientes de las represalias que pueden llegar, pero consideramos que la única forma de la que se pueden llegar a cambiar las cosas es mediante el sabotaje y las acciones no violentas". Este domingo, las luces saboteadas ya funcionaban con normalidad.
Récord y manifestación
Este sabotaje coincide con dos momentos clave. En primer lugar, que el precio de la luz marca otro máximo histórico (339,84 euros/MWh este lunes). En segundo lugar, la manifestación celebrada este domingo en la Puerta del Sol contra los cortes en la Cañada Real.
La Plataforma Cívica de Apoyo a la Luz en Cañada Real se ha concentrado para reclamar la vuelta del suministro eléctrico, contratos para la vecindad y una mesa de seguimiento.
Esta iniciativa, constituida el pasado octubre, está integrada por más de 50 organizaciones de la sociedad civil junto con las asociaciones vecinales de Cañada Real que han unido sus esfuerzos para exigir "el cese de la masiva vulneración de derechos humanos que sufren los vecinos y vecinas de los sectores 5 y 6 de la Cañada Real por el corte de luz desde 2 octubre de 2020.
Como en otras convocatorias, han estado presentes la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid y en la Asamblea de Madrid, Rita Maestre y Mónica García.
Las portavoces de Más Madrid en el Ayuntamiento y la Asamblea, Rita Maestre y Mónica Gracía.
Maestre ha criticado que se sigan sin cumplir los derechos humanos en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid. "La misma situación se repite mientras tanto Almeida como Ayuso no han hecho nada. Los realojos responden a un pacto de la legislatura pasada y no solucionan el problema urgente y es que estamos en diciembre y en Madrid hay 1.800 niños que viven sin agua caliente y sin luz. Hay que acabar con esto ya", ha exigido.
Por su parte, Mónica García ha censurado que se estén vulnerando los derechos de los vecinos de la Cañada, indicando que tanto Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Madrid tienen que poner "más humanidad" a este asunto. "Llevamos un año apoyando a las familias porque es una situación absolutamente intolerable", ha reseñado.
El abogado Javier Rubio, que representa a los vecinos en la causa penal que investiga el cese del suministro eléctrico, ha destacado que "existe la posibilidad legal de restaurar la luz". "Lo que está pidiendo el vecindario de Cañada Real es tener los mismos derechos que los demás", ha señalado.
El colectivo denuncia que tras más de 14 meses "sin solución a la vista", vuelve otro invierno con temperaturas gélidas". El invierno pasado hubo una gran afectación a la salud de los vecinos motivado por las hipotermias, quemaduras creadas por las precarias estufas de leñas, intoxicaciones por el humo y agravamiento de enfermedades crónicas", sostienen.
El interior de una vivienda en la Cañada Real de Madrid, el pasado invierno.
Destacan la incidencia en los enfermos por problemas respiratorios y han remarcado que en la zona afectada por el corte de luz viven 1.812 niños y niñas en "situaciones extremas que pueden tener consecuencias futuras para su salud física y mental".
"Las administraciones responsables están centrando sus acciones en la dotación económica para realizar realojos a las más de 900 familias de la Cañada Real pero, como han reconocido los distintos responsables públicos, estos realojos tardaran en años en llevarse a cabo", han advertido.
La plataforma ha recordado que el Defensor del Pueblo señalaba en un informe fechado en noviembre que la solución pasaba por la celebración de contratos de suministro eléctrico con los vecinos.
Desde esta iniciativa social han querido queremos señalar que el corte de luz "no afecta sólo a los vecinos de la Cañada Real sino a la calidad de la democracia permitiendo una vulneración masiva de derechos humanos que afecta a más de 4.000 personas, entre ellas 1.812 niños, niñas y adolescentes".