Miguel Ángel y Mercedes pretendían suicidarse en El Prado: 40 años de agonía por el aceite de colza

“Pedimos una reunión con el presidente del Gobierno, que es tan solidario con tantas otras víctimas. No contesta a nuestros correos ni a nuestras cartas…. Somos víctimas de tercera. No servimos para nada”, ha protestado Miguel Ángel tras su encierro. Otras dos personas no han podido comparecer ya que han sido detenidos por la Policía Nacional. Hacia las tres de la tarde les han soltado, según informa un miembro de la plataforma. 

Los manifestantes encerrados han amenazado con “tomar pastillas” y acabar con sus vidas si en seis horas no se abría una vía de comunicación directa con el Gobierno. Varios agentes de policía han tenido que quitar esas pastillas a la fuerza a los dos detenidos, entre los que estaba Carmen Cortés, la portavoz y coordinadora de la plataforma Seguimos Viviendo, que ha organizado la protesta.

Los afectados por el síndrome tóxico del aceite de colza, este martes, encerrados en el Museo del Prado. Cedida

Hacia las 10:30 de la mañana de este martes, los seis manifestantes han desplegado la pancarta frente a Las Meninas y ha saltado la noticia. Seguimos Viviendo ha elegido el 19 de octubre por ser cuadragésimo aniversario de la publicación en el BOE del Real Decreto que reconocía a las víctimas de este aceite tóxico. 40 años después, los manifestantes aseguran que el Gobierno no ha cumplido con sus obligaciones.

“Yo no tengo esperanza de los políticos. Me han pasado la mano por la chepa muchas veces. He estado en el Congreso, allí saben nuestra situación. No espero nada de los políticos”, asegura Miguel Ángel.

Ni pensión ni ayudas

Mercedes tenía 21 años cuando consumió aceite de colza intoxicado con anilina, una sustancia que causa envenenamiento masivo en el cuerpo. Su familia y ella son del madrileño municipio de Móstoles. “Empecé con insomnio y muchísimos dolores. No podía apenas andar… Cambió mi vida por completo”, explica. Su madre y una tía suya también sufrieron este mal. Afortunadamente, a ninguna de las tres le costó la vida en ese instante. La madre de Miguel Ángel no tuvo esa suerte y murió por consumir este aceite.

“Queremos que, 40 años después, ese Real Decreto cambie. No se puede tener a unas víctimas viviendo en el año 81”, cuenta. Mercedes tiene ahora 61 años y no recibe ningún tipo de subsidio ni de pensión. “Nunca me he podido incorporar al mercado laboral. Yo soy una de las personas que no ha cotizado en este país y que no tengo derecho a nada”.

Mercedes García tras su salida del encierro en el Museo del Prado. Jaime Susanna

La mujer explica, visiblemente emocionada, que su vida es una lucha constante contra el dolor. El simple hecho de salir de la cama es un suplicio para las personas con el síndrome tóxico del aceite de colza. “Tomo 16 pastillas al día”, afirma. “Hay que llevar la vida con mucha paciencia, cosa que hoy me estoy saltando”.

—¿Están satisfechos con la repercusión de su manifestación?

—No. Nuestra meta era un interlocutor con la presidencia del Gobierno. Nos hemos cansado ya de hablar con tres ministerios distintos y que nos cierren todas las puertas.

“Un bichito”

La intoxicación por aceite de colza comenzó en la primavera de 1981, apenas un mes después del 23-F. Era una época en la que España se encontraba en plena apertura comercial hacia el resto del mundo tras el fin de la dictadura y los Gobiernos de la UCD (Suárez y Calvo-Sotelo) habían abierto la puerta por las bravas. El descontrol era notable. 

En medio de este guateque comercial, un grupo de empresarios aceiteros puso en las estanterías de las tiendas españolas el aceite de colza. Decían que estaba muy rico, que sabía como el de oliva de verdad, pero a un precio mucho menor. Varias partidas de ese producto llegaron de Francia a España con anilina en su interior, una sustancia extremadamente tóxica que afecta a todo el cuerpo.

La primera víctima mortal oficial llegó el 1 de mayo de 1981. Fue un niño de ocho años de Torrejón de Ardoz (Madrid), pero en ese momento no se sabía con certeza la causa de su muerte. Jesús Sancho Rof, el ministro de Sanidad de entonces, se refirió a la enfermedad como "un bichito que, si se cae de la mesa, se mata". Luego se habló de la "enfermedad del legionario" y, más tarde, de una "neumonía atípica".

Los pies de Miguel Ángel Sánchez, atrofiados por la anilina. Jorge Barreno El Español

No fue hasta un mes más tarde, en junio, cuando se encontró la clave de esta dolencia que acechaba a miles de españoles: el consumo de aceite de colza desnaturalizado. Pero para cuando se estableció la causalidad, el mal ya estaba hecho y los afectados se contaban por miles. 

En marzo de 1987 se celebró el primer macrojuicio en España, que sentó en el banquillo a 38 empresarios aceiteros. Dos años depués, el Tribunal Supremo dictó sentencia para 13 de los 38 acusados. La mayoría se declararon insolventes, por lo que no podían hacerse cargo de las millonarias indemnizaciones. Las víctimas señalaron entonces las negligencias de las autoridades. Eso derivó, en 1997, en que el Estado fuera juzgado y condenado como responsable civil subsidiario. Habían pasado ya 16 años desde el inicio esta tragedia sanitaria. 

De 42 kilos a 17

Para cuando llegaron las sentencias, Miguel Ángel llevaba ya mucho tiempo postrado en su silla de ruedas. Aquella fatídica primavera de 1981, Miguel Ángel tenía solo 11 años y vivía en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca). De los cinco niños que entraron en el Clínico de Salamanca intoxicados por el aceite, solo él sobrevivió. “Mi madre falleció cuando necesitaba sus cuidados. En 15 días pasé de 42 kilos a 17, como una momia”, recuerda. “A mi padre le dijeron. ‘Llévese a su hijo a casa que se va a morir igual que su mujer’”.

Hoy tiene 51 años, está casado y tiene hijos y, milagrosamente, vive para contarlo. Pero sus últimos 40 años los ha pasado en una silla de ruedas, con los brazos arqueados y los pies atrofiados. Miguel Ángel contó su experiencia a EL ESPAÑOL en abril de este año, cuando se cumplían 40 años del envenenamiento que no consiguió acabar con él.

Una de las primera fotografías de un joven Miguel Ángel tras su envenenamiento. El Español

Su madre, Carmina, murió entonces. “Ella se empezó a encontrar mal y fue al médico del pueblo. Le dijo que tenía problemas de estrés, de nervios, y la mandó a casa. Luego caímos mi hermana y yo, luego otros dos hermanos, y entonces ya vimos que era algo más”, contó Miguel Ángel a este periódico hace seis meses. “Estuvimos meses ingresados, y nuestro cuerpo reaccionó contra el veneno de una forma exagerada. No toleraba ninguna comida, no podía casi moverme y el tratamiento era a veces más doloroso que la propia enfermedad”.

Miguel Ángel no pudo seguir yendo al colegio. “Me pusieron un profesor porque yo no podía ni levantarme para ir al colegio. ¿Y sabe usted lo que hizo el Gobierno? Cuando me pagó la indemnización me descontó el coste de ese profesor, me descontó el coste de la silla… Cuando ejecutaron la sentencia, 20 años después, me descontaron todo”, ha explicado este martes ante los medios de comunicación.

Tras estos 40 años, la plataforma Seguimos Viviendo tiene una serie de exignecias hacia el Gobierno que pasan por "la reparación moral", el reconocimiento como víctimas a las familias de los afectados, incluir su enfermedad en el baremo para el grado de discapacidad e incluir a los que nunca pudieron trabajar (como Miguel Ángel y Mercedes) como perceptores de una incapacidad reconocida.