El 8 de agosto de 2018, los clientes y empleados de la elitista clínica Buchinger de Marbella (Málaga) se quedaron boquiabiertos cuando varios agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) de la Costa del Sol irrumpieron en las instalaciones para llevarse detenido a uno de sus usuarios, Paul Wouter. Cuando se le arrestó, el hombre, nacido en 1965 en Guyana y con nacionalidad de Surinam, excolonia holandesa ubicada entre el norte de Brasil y el sureste de Venezuela, se encontraba en su habitación junto a su joven novia.
Ambos pasaban unos días en la citada clínica, especializada en la pérdida de peso mediante el ayuno controlado por facultativos. Grandes fortunas de medio mundo acuden allí para quitarse unos kilos de encima, hacer deporte en inmensos jardines bajo el tibio sol marbellí, mejorar su salud con tratamientos médicos o relajarse con clases de cocina. La Buchinger sólo está al alcance de pudientes chequeras. La suite más cara cuesta 37.677 euros si se escoge el plan ‘ayuno classic’ para una estancia de 21 días.
Pero para Paul Wouter, con una mansión de dos millones de euros en una urbanización de Marbella y que se movía con avioneta privada por los aeropuertos españoles, el dinero no era una preocupación. Tenía de sobra. Los efectivos de Greco de la Policía Nacional le encontraron 50.000 euros envasados al vacío en la caja fuerte de su habitación. Calderilla para alguien como él, en el fondo.
Hoy, casi dos años y medio después, Paul Wouter está muerto. Su cadáver fue incinerado este pasado verano. Al menos eso dice el parte de defunción y de incineración que su abogado presentó en el juzgado.
Sin embargo, Interpol busca desde hace unos días a un hombre con su mismo rostro y sus mismas huellas. Se llama Sérgio Roberto de Carvalho, un exmilitar brasileño afincado en Europa acusado de liderar una banda que habría enviado anualmente 45.000 kilos de cocaína al continente.
Los investigadores saben que Wouter y De Carvalho son la misma persona. Piensan que el primero fingió su muerte para que un juzgado gallego, como acabó sucediendo, le archivase una causa por un alijo de 1.732 kilos de dama blanca con una pureza del 84,8% interceptado en alta mar frente a las costas de Ribeira (A Coruña) el mismo día que él se sometía a un ayuno controlado en Marbella.
El historial delictivo del Major Carvalho, como se le conoce en Brasil tras pasar por la Policía Militar, es amplísimo. En 1997 fue condenado por el transporte de 237 kilos de cocaína, cuentan distintos medios brasileños. En julio de 2019, conoció que la justicia de su país, del que había huido, le impuso 15 años de prisión por blanqueo de capitales a través de una decena de empresas.
Primera pista
“De 50 a 60 años de edad, 1,80 metros de altura, complexión normal, pelo blanco, gafas de pasta y vestido con jersey negro y pantalón oscuro”. Los efectivos de Greco Galicia vieron por primera vez a Paul Wouter en la primavera de 2018. En ese momento lo describieron físicamente en sus anotaciones porque desconocían la identidad del sospechoso.
Volvieron a verlo pocas semanas más tarde. Aquel hombre acudió a una reunión celebrada el 11 de mayo de 2018 en Meis, un municipio de Pontevedra pegado a Vilanova de Arousa y a Cambados, cuna de contrabandistas y traficantes.
Wouter acudió a la casa de Jacinto Viñas, un histórico narco gallego. Lo hizo en un BMW X6 de color azul junto a Mario Otero Díaz, uno de los organizadores del alijo. Otero Díaz presentó a Wouter ante el resto de presentes en la cita como el hombre capaz de suministrar la cocaína a los traficantes gallegos.
La reunión se produjo para organizar un alijo de 1.732 kilos de cocaína, una droga que acabó incautada en agosto de ese mismo año. Las pesquisas tras aquella cita dieron su fruto: aquel enigmático hombre era -o eso creyeron los policías en ese momento- Paul Wouter, al que detendrían en Marbella tres meses después.
El titular del Juzgado número 4 de Vigo, que instruye la causa, envió a Wouter a prisión. En las diligencias practicadas, Greco lo sitúa como cabecilla de la trama. “Le correspondía el control sobre la carga de cocaína con la que atraviesa el Atlántico el remolcador Titán Tercero, pues de hecho la cocaína se cargó en las inmediaciones de Guyana, donde tiene grandes contactos con organizaciones de la zona”.
Entre rejas, la obsesión de Wouter era salir cuanto antes. Para ello desplegó una artillería sólo al alcance de los grandes capos de la droga. Su abogado presentó varios documentos tratando de acreditar que su cliente se encontraba en Portugal el día que se produjo aquella reunión en casa de Jacinto Viñas.
El letrado de Wouter presentó una factura de alquiler de coche; otra, por el hospedaje entre el 10 y el 13 de mayo de 2018 en el Hotel Altis Belém, en Lisboa; un documento que lo situaba en un notario firmando una escritura, y también una multa de tráfico que coincidía en hora y en fecha con el encuentro que se produjo en Meis para acordar el envío de un alijo valorado en 59,2 millones de euros.
Pero la mentira se pudo desmontar. La multa resultó ser falsa. Tras una comprobación con las autoridades policiales lusas, el juez instructor supo que el número de agente que la tramitó no existía y que la denuncia no aparecía en ningún registro.
El juez señaló: “Por lo que se refiere a la presencia de Wouter en la notaría portuguesa, se desconoce a qué hora se verificó dicha adveración de firmas, pero debe indicarse que entre Guimarães [donde se encontraba la notaría] y la casa de Jacinto Viñas apenas hay una hora y media de carretera, por lo que no es incompatible la presencia en ambos lugares en diferentes horas del mismo día”.
Las huellas dactilares
Durante dos años, Paul Wouter fue, tanto para el juez, la Fiscalía como los investigadores, un narco escondido bajo la imagen de un empresario con sociedades de importación de mariscos radicadas en Marruecos y en Dubái.
La sorpresa llegó este pasado verano, con la pandemia desatada en España y con Wouter en la calle tras haber pagado fianza unos meses antes. Al juzgado de Vigo llegó una nota de un juzgado de Curitiba, capital del estado de Paraná, una ciudad al sur de Brasil con un importante puerto industrial con salida a las aguas del océano Atlántico.
La documentación decía que Paul Wouter era, en realidad, Sérgio Roberto de Carvalho, un exmilitar nacido en 1958 y perseguido por la justicia de su país desde 2009 por narcotráfico. Se decía de él que era el “gran mentor y líder de la organización criminal” que envió 1.732 kilos a Galicia en agosto de 2018.
El juez añadía que a su clan ya se le había decomisado anteriormente una tonelada de cocaína en Portugal, y que había hecho entregas a través de los puertos de Amberes (Bélgica), Hamburgo (Alemania), Róterdam (Holanda) y Algeciras.
Las autoridades judiciales brasileñas lo ubican como uno de los tres líderes de la organización, "junto con Shurendy Adelson Quant y Marcelo Maguenzani”, quienes posiblemente controlaban el flujo financiero y el mercado de drogas desde Dubái.
Un cotejo de las huellas dactilares enviadas desde Brasil con las obtenidas tras la detención de Wouter concluyó que, en efecto, él y Sérgio Roberto de Carvalho eran la misma persona. Greco Galicia se los trasladó al juez el 27 de mayo de 2020. El pasaporte que tenía era verdadero, pero la persona que en él decía ser no existía. Se piensa que lo obtuvo sobornando a funcionarios de Surinam.
Pero a esta historia todavía le faltaban varios giros de guión. El 30 de noviembre de 2020, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra archivó la causa en la que aparecía como acusado Paul Wouter.
En un auto al que también ha tenido este periódico, señala que el presunto narcotraficante, “quien aparece en las bases policiales como Sérgio Roberto de Carvalho, según consta en el certificado de defunción unido a autos, ha fallecido”.
“Se declara extinguida la acción penal por muerte”, añadía la Audiencia después de que el abogado del acusado aportara a la causa un parte de fallecimiento de su cliente procedente del registro civil de Marbella.
Supuestamente, Paul Wouter había muerto a finales de agosto de 2020 por la COVID-19. Sólo unos días antes, la Fiscalía de Pontevedra había presentado su escrito de acusación. Pidió para él 13 años y seis meses de cárcel, además de una multa de 170 millones de euros, como presunto líder de la organización que envió 1.732 kilos de cocaína en agosto de 2018 a Galicia.
Banda desarticulada
El lunes de la semana pasada, agentes de la Policía Nacional participaron en una macrooperación internacional coordinada por EUROPOL que permitió desmantelar la organización coliderada por De Carvalho.
En España, se detuvo a una persona en Motril (Granada) y se realizaron tres registros de domicilios en Málaga. También se intervinieron dos inmuebles valorados en cuatro millones de euros, cinco vehículos de alta gama y se bloquearon numerosas cuentas y productos bancarios.
Los investigadores estiman que la red desmantelada introducía en Europa unas 45 toneladas de cocaína al año, por las que habría obtenido un beneficio económico que rondaría los 100 millones de euros en los últimos seis meses.
En total, se realizaron 179 registros domiciliarios con la detención de 45 personas -en Brasil, Bélgica, España y Dubái-, y se intervinieron 167 viviendas, 12 millones de euros en efectivo y 70 vehículos de lujo, entre otros efectos.
Pero entre los arrestados no estaba De Carvalho. Sin embargo, la Policía Nacional no se cree que esté muerto. La Interpol ha activado recientemente una orden de busca y captura. Mientras, los efectivos de Greco investigan cómo se consiguió registrar oficialmente la muerte del acusado. Lo que los investigadores tienen claro es que, si se quemó un cuerpo, no era el del verdadero narcotraficante.
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