La llegada de inmigrantes irregulares a las costas españolas por vía marítima se redujo un 53% en 2019 respecto al año anterior. No hay un aluvión de pateras ni de ‘sin papeles’. Como tampoco existe una avalancha de menores no acompañados (MENAS) en ciudades andaluzas o en Ceuta y Melilla, tal y como han deslizado en los últimos meses algunos dirigentes políticos, en muchas ocasiones a través de las redes sociales.
El 7 de agosto, Pablo Casado, líder del PP, vinculaba la inmigración irregular con un efecto propagador de los contagios por coronavirus. Lo dijo tras producirse varias fugas de 'sin papeles' que se encontraban en centros públicos pasando la cuarentena después de su llegada a España. Es “inaceptable la dejación de funciones" del Gobierno para controlar la inmigración irregular y para contener los rebrotes del coronavirus, afirmó Casado.
Ese mismo día, Santiago Abascal, su homólogo en Vox, dijo que España es la “propiedad privada" de los españoles y que "no tiene sentido" la “locura" en la que considera que ha caído el Gobierno, al que acusó de “llamar a las personas", provocando un “efecto llamada" que aumentaba la llegada de inmigrantes ilegales.
Pero los datos oficiales desmienten estas posturas políticas. Si en 2018 llegaron de manera irregular a España 56.145 personas a bordo de una embarcación, al año siguiente esa cifra se redujo hasta las 26.148, de acuerdo a los datos oficiales que ofrece el Ministerio del Interior.
La tendencia sigue a la baja. Al menos hasta el segundo trimestre de este año, cuando se ha reducido un 27,1% respecto al mismo período del año anterior, según el último balance trimestral publicado por Interior.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2020 llegaron 9.700 personas a España repartidas en 595 pateras. Un año antes, la cifra de inmigrantes fue mayor (13.303, un 27,1% más) pero menor la de embarcaciones (461).
Sin embargo, el flujo migratorio sí ha cambiado el guión vivido en los últimos años. Uno de los puntos donde mejor se refleja esa transformación del fenómeno es el Estrecho de Gibraltar, la franja de mar que separa el sur de Europa del norte de África.
Cádiz, la provincia española más próxima a África, registró el año pasado 5405 personas llegadas por mar, cuando en 2018 la cifra fue de 18.875 (-71%). En cambio, el Levante español registró caídas mucho menos acentuadas. Almería se dejó un 48% (de 12.327 a 6.462) y Murcia un 19% (de 1831 a 1.485), aunque en 2020, pese a la pandemia, se está produciendo un repunte significativo que habrá que comparar con otros años al finalizar éste.
La Subdelegación del Gobierno explica que hasta el 31 de julio de 2020 habían llegado a Almería 2.628 inmigrantes irregulares en 219 pateras. Hasta esa hecha, pero un año antes, llegaron 3.641 pero en menos embarcaciones, 110. Es decir, la frecuencia de viajes está siendo mayor actualmente.
Se debe a que las mafias de la inmigración han desplazado su actividad hacia el este, con epicentro en Argelia. Desde el país vecino -y rival- de Marruecos, en lo que va de año se ha incrementado la salida de potentes embarcaciones hacia las playas de provincias como Almería o Murcia, aunque también se han dado casos en las Islas Baleares y el sur de la Comunidad Valenciana.
Dos fuentes policiales distintas, conocedoras del negocio clandestino del tráfico de seres humanos hacia el sur de Europa a través del Mediterráneo, advierten a EL ESPAÑOL de que el flujo migratorio se ha redirigido hacia el este de África, teniendo como punto de salida playas de localidades argelinas como Corso, Orán, Dellys o Mostagamen.
Llegada de una patera este verano a una playa de Almería.
Esas mismas fuentes señalan que no sólo han cambiado las rutas, también los métodos de las mafias y quienes operan en ellas.
“El trayecto es más peligroso que en el Estrecho, tanto por su distancia -por ejemplo, 207 kilómetros, unas 129 millas, separan a Orán de Almería-, como porque se deja de llamar a Salvamento Marítimo. En cierto sentido son más kamikazes. En el Estrecho, una vez las pateras se alejan de la costa marroquí, algunos de sus integrantes llaman para que España las rescate. Ahora no, salvo que se les divise. Hay embarcaciones que están llegando hasta las mismas playas almerienses o murcianas, cuando eso en Cádiz es noticia. Este verano en el Cabo de Gata ha habido varios ejemplos”.
El pasado 14 de agosto llegó una patera hasta la playa de Los Muertos, en Carboneras, dentro del parque natural del Cabo de Gata (Almería). Ese día llegaron otras dos pateras más a distintas playas de la provincia. La Guardia Civil detuvo a 30 inmigrantes sólo ese día, un viernes.
Cinco días antes, el 9 de agosto, otra embarcación llegó con una veintena de inmigrantes argelinos a la playa del Lance Nuevo, en el municipio almeriense de Mojácar. De nuevo los bañistas fueron testigos. Al poner los pies en la arena, los ‘sin papeles’ salieron corriendo por los alrededores.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) lleva insistiendo desde hace semanas ante las autoridades políticas en la falta de coordinación existente con organismos sanitarios y de un protocolo específico para la recepción y traslado de estas personas. De la organización explican que algunas de ellas vienen enfermas de Covid-19, por lo que suponen un riesgo de contagio para los agentes, entre los que ya se han registrado varios casos.
1,5 millones de beneficio
En noviembre de 2019, la Policía Nacional desmanteló una organización dedicada a trasladar inmigrantes en lanchas rápidas desde Orán. La operación se desarrolló entre Almería y Alicante. Se produjeron 26 detenciones. Se les acusó de ser responsables de haber facilitado el viaje a 900 personas y de haber ganado con ello al menos 1,5 millones de euros.
“Para no ser acusado de tráfico de personas, el piloto de la patera se suele hacer pasar por inmigrante, si es que lo detenemos porque no ha podido darse la vuelta”, explica un agente del Instituto Armado que trabaja en Almería.
“Los peores meses de este año han sido junio y julio. Hubo días, los menos, todo hay que decirlo, con hasta 12 y 14 pateras en el mar. Algunas llegaban a Almería y otras subían hacia Murcia y más arriba del Levante español. Nos desbordaron”.
La mayoría de los inmigrantes que van a bordo de estas pateras son argelinos. En torno a dos de cada tres, puntualizan las fuentes. Por lo general pagan entre 500 y 2.500 euros, en función del tipo de embarcación.
Una fuente no oficial de Frontex explica a este periódico que la mayoría de los irregulares son varones de entre 16 y 45 años.
“Hay muy pocas mujeres. Este verano hemos tenido a un chico de Líbano. Los subsaharianos no vienen por Argelia, como sí sucede por la ruta del Estrecho. El fenómeno está cambiando. Falta saber si se consolida o en unos meses o en unos años vuelve a reactivarse la ruta del Estrecho”.
La Comisión Europea alertó en un informe reciente de que la previsión es que la presión migratoria desde Argelia continúe siendo notable a corto plazo.
La situación política argelina
Una de las causas podría estar en la inestabilidad política que vive Argelia tras la renuncia de su eterno presidente, Abdelaziz Buteflika, en la primavera del año pasado. Levaba dos décadas en el poder. Abandonó tras semanas de intensas protestas en las calles de las principales ciudades del país.
En diciembre de 2019, los argelinos eligieron a su sucesor. Con un 60% de abstención, salió elegido el ex primer ministro con Buteflika, Abdlemajid Tebboun, hecho que volvió a enfadar a la ciudadanía.
"Si a la falta de democracia que existe en el país le unimos que los jóvenes carecen de oportunidades de ganarse la vida dignamente, nos encontramos que hay chicos que se lanzan a la mar tratando de buscarse una vida mejor en Europa. La mayoría ni siquiera buscan quedarse en España. Es una parada más en su camino hacia Francia, Bélgica...", explica un defensor de los derechos humanos afincado en Argelia. Prefiere no desvelar su identidad por recelo y cierto temor hacia las autoridades locales.
"También hay otra lectura que se hace aquí", añade este activista. "Argelia se ha dado cuenta de que la Unión Europea abre el grifo del dinero con Marruecos para que el país cierre sus fronteras, tanto marítimas como terrestres. Si no lo hace, Marruecos deja de ser tan duro en las vallas de Ceuta y Melilla y hace la vista gorda en el Estrecho. Creo que el Gobierno de mi país se ha dado cuenta de que la presión migratoria es una opción de financiación muy jugosa".
El 24 de octubre de 2018, Pedro Sánchez dijo en el Congreso de los Diputados que Marruecos iba a recibir entre ese año y el siguiente 140 millones de euros procedentes de fondos europeos para la lucha contra la migración irregular y la mejora en el control de fronteras.
La luz verde a la última partida de ese montante total llegó en agosto de 2019, cuando España entregó 32,3 millones al país norteafricano. La cuestión ahora es si Argelia pretende lo mismo descuidando su control migratorio en el Mediterráneo.