Si no fuera por el coronavirus, Guillermo Huidobro, sevillano de 23 años, tendría que estar empezando sus prácticas en Marbella, Canarias o Mallorca para completar su grado bilingüe en Dirección de hoteles, que cursa en el centro privado Vatel de Madrid. Pero la pandemia ha dado un giro temporal a su vida y, con los alojamientos turísticos cerrados, en vez de formarse en un cinco estrellas junto al mar está pasando el Primero de Mayo, día de los trabajadores, doblando la espalda como jornalero en una finca de la empresa agrícola Berries Los Mimbrales, en El Rocío (Almonte, Huelva). Aquí, pueden encargarle que recoja fresas, frambuesas, arándanos y moras, pero de momento lo han puesto a cavar zanjas para enterrar las tuberías de regadío y arrancar brotes y hojas para que las plantas crezcan mejor.
Cobra lo estipulado en el convenio agrícola de Huelva para los peones recolectores, al nivel del salario mínimo interprofesional, unos 42 euros netos al día, por una jornada que arranca a las 8 de la mañana y termina a las 3 de la tarde, con media hora de descanso para comer, entre 12 y 12.30. Trabaja de lunes a sábado; el domingo, si quisiera, podría venir también, pero por ahora prefiere dejarlo de descanso para recobrar fuerzas. A veces echa horas extras, a 8 euros cada una.
“Nunca en la vida había pensado que iba a trabajar en el campo”, cuenta a EL ESPAÑOL el joven universitario español y futuro directivo hotelero a la salida de la finca, tras echar al aire libre la peonada del 1 de Mayo. “Es mi primera vez. Llevo 11 días. Sabía que iba a ser un trabajo muy duro, pero no me esperaba que fuera a ser tan duro. Pero no me arrepiento para nada. Este trabajo te curte y estoy aprendiendo mucho sobre agricultura. Y es mejor que estar parado en casa sin hacer nada: aunque sea poco, estoy ganando un sueldo”.
A su lado, su compañero Jorge Vega, de 33 años, que ha encontrado también refugio laboral en el campo tras cerrar el gimnasio donde ejercía de director comercial en Sevilla, añade otra ventaja: “Cuando llegas a casa, ves en el Instagram que los amigos han pasado el día mamoneando, y te sientes orgulloso porque por lo menos no has estado perdiendo el tiempo”.
Guillermo y Jorge consiguieron el empleo enviando sus datos por correo electrónico a la empresa agrícola. Se consideran con suerte, porque a otros amigos que solicitaron trabajo por la misma vía días más tarde ya no les han cogido. Cada amanecer, Jorge sale en coche de Sevilla capital, recoge a Guillermo en su casa en el pueblo de Bormujos y continúan juntos hasta su tajo en El Rocío, en la provincia limítrofe de Huelva, a unos 50 minutos de distancia. Sus compañeros en los cultivos (al descubierto o en invernaderos en forma de túnel) son centenares de mujeres y hombres de España, Rumanía, Marruecos, Argelia, Ghana, Camerún…
Los nuevos migrantes temporales
Huidobro ha observado que hay muchos más extranjeros que españoles y que entre éstos se distingue por un lado a los temporeros veteranos y, por otro, a los recién llegados como ellos: parados de otros sectores que, debido a la crisis económica provocada por la pandemia, se han convertido en nuevos migrantes temporales de interior. “Tenemos un compañero, Iván, de unos 50 años, que ha trabajado de camarero toda su vida, ha tenido que cerrar su bar en Sevilla y se ha venido a la fresa porque tiene dos hijos. Hay gente de todas las edades, desde 18 años a 60, y más”.
Algunos, sin experiencia previa, no aguantan el cambio. “Un amigo mío, Luis, que estaba de estudiante Erasmus en Italia y se tuvo que venir por el coronavirus, fue a trabajar ayer a recoger fresas. Era su primer día. Luego me llamó y me dijo: ‘Yo no vuelvo a ir. No sé cómo puedes aguantar’”. Pero aclara que entre sus conocidos son más los que quieren ir a trabajar al campo y quedarse, y están enviando sus solicitudes para que los contraten. En otra explotación de frutos rojos, en la costa occidental de Huelva, su propietaria (que pide permanecer en el anonimato) corrobora la tendencia y menciona que este año se han sumado a su plantilla perfiles casi inéditos de españoles: opositores de magisterio, estudiantes, camareros de playa en paro.
Ejemplos como los de Guillermo y Jorge evidencian que, empujados por la repentina recesión, que golpea especialmente a la hostelería y el turismo, los parados españoles vuelven a querer trabajar en el campo, aunque sea por el salario mínimo. Para muchos, no hay otra cosa. Y no son pocos. La demanda de trabajo agrícola es ya masiva y permite prever que no habrá problemas para recoger las cosechas de primavera y verano, según revelan los datos recogidos por la patronal Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores) a través de las bolsas para demandantes y ofertantes de empleo que ha creado en internet, y a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
Se necesitarán 150.000 jornaleros
Asaja calculó a principios de abril que harán falta entre 100.000 y 150.000 personas para las actuales y próximas recolecciones hasta septiembre, desde los mencionados frutos rojos de Huelva a las frutas de hueso (melocotón, ciruelas, nectarina, paraguayo) de Huesca o Lérida, pasando por el ajo de Córdoba, Cuenca o Albacete, el espárrago de Guadalajara o Granada, las endivias del País Vasco o las frutas de pepita (pera, manzana) de Aragón, Cataluña o Asturias.
El cierre de las fronteras internacionales, que impide venir a contingentes temporeros de Marruecos (sólo dio tiempo a que llegaran 6.500 jornaleras de las 19.000 autorizadas para Huelva) o Rumanía, las restricciones iniciales a la movilidad dentro de España y el temor de muchos a viajar fuera de casa hacía temer a los agricultores que parte de la producción se quedara sin recoger por falta de mano de obra, como de hecho ha ocurrido ya puntualmente en algunos lugares, como con la cereza en Huesca.
Para evitarlo, el Gobierno, a través del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, sobre “medidas urgentes en materia de empleo agrario”, ha incentivado que parados españoles, o residentes legales de otras nacionalidades, se metan a jornaleros, al permitir que sea compatible su salario con la percepción de prestaciones, subsidios y ayudas sociales. Quedan excluidos en el Real Decreto los trabajadores sujetos a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), aunque un empleado de este grupo reconoce a este periódico que se ha saltado la limitación y ha buscado y encontrado trabajo en la fresa: “Necesito dinero ya. No puedo esperar a que cuando me paguen por el ERTE”.
En cuanto se publicó el Real Decreto, Asaja puso en marcha la bolsa de empleo en internet para poner en contacto a demandantes y empleadores, para lo que recurrió a los servicios de la delegación en España de ESRI, líder mundial en gestión de datos geolocalizados. Se trata de “un proyecto colaborativo” en el que la asociación agrícola “no cobra a nadie por su mediación”, subraya el coordinador general de Asaja, Juan Almansa. “La respuesta nos sorprendió: esperábamos algo más de mil para cubrir las primeras necesidades, y ya van más de 111.000. Sólo en Madrid, se han registrado 12.000 demandantes”.
Cuatro de cada 10, sin experiencia
Los datos de demandantes y de ofertantes de empleo, clasificados por municipios, que ha cosechado Asaja componen una elocuente radiografía laboral de la España de hoy bajo la recesión del coronavirus, y uno de los mapas más útiles del momento. Hasta este jueves, 30 de abril, la bolsa registra 111.004 demandantes en España, de los que la gran mayoría, el 77,56% (86.091 personas), declara que está dispuesta a trabajar en cualquier campaña del país.
Las provincias con más demandantes son Madrid, con 11.970 (10,78%); Alicante, 9.486 (8,55%); Sevilla, 9.115 (8,21%); Málaga, 9.064 (8,17%); Valencia, 8.202 (7,39%); Granada, 6.262 (5,64%); Córdoba, 6.022 (5,43%) y Cádiz, con 5.176 (4,66%). Los demandantes residentes en Huelva, 1.053 (0,95% del total), son insuficientes para cubrir la necesidad de la provincia.
Llama la atención que cuatro de cada diez demandantes (39,88%) reconoce que no tiene experiencia previa en el trabajo agrícola.
A la pregunta de si percibe alguna prestación, subsidio o ayuda social (cuyo cobro, de forma excepcional este año, es compatible con el trabajo agrícola), responden que no 37.006 personas (33,34%), que sí 12.974 (11,69) y el resto, 61.024, omite la respuesta.
Entre los registrados, 3.840 (el 3,46%) son migrantes extranjeros a los que se les acaba el permiso de trabajo antes del 30 de junio de este año, y que se benefician de la prórroga gubernamental. (Otro organismo empresarial, Asociafruit, ha pedido que se regularice de forma excepcional a los temporeros extranjeros sin permiso de trabajo, como los centenares, sobre todo africanos, que viven en campamentos de chabolas en los campos freseros de Lepe o Moguer, en Huelva).
El formulario de Asaja no pregunta por la nacionalidad, por lo que su base de datos no desglosa cuántos de los demandantes son españoles y cuántos de otros países residentes en España, aunque la asociación patronal agraria da por hecho que hay una gran demanda de nativos. Sólo el 18,31% desarrolló su último trabajo en la agricultura o la ganadería, mientras que el resto, más de ocho de cada diez personas, procede de otros sectores: el número uno es el de la hostelería y el turismo, con 22.171 demandantes (19,97%). Hay también 2.231 personas (2,01%) que han trabajado antes en la educación y 1.519 (1,37%), en la sanidad, y no faltan profesionales del sector de la información, la comunicación y las artes gráficas, con 906 (0,82%).
Respecto a las empresas agrícolas ofertantes, que se inscriben en una segunda bolsa publicada la semana pasada, se han registrado de momento 585 hasta el 30 de abril, que ofrecen más de 32.000 puestos de trabajo (eran 29.304 puestos el 28 de abril, a los que se han añadido más de 3.000 desde entonces, matiza Almansa).
De las empresas registradas, la mayoría (346) no precisan aún dónde y en qué campaña necesitarán empleados, pero entre las que sí responden, la oferta se concentra en la categoría de ‘otras campañas’ (132), fruta de hueso (33), frutos rojos (30), fruta de pepita (21) y ajo (17). La provincia con más firmas registradas es la comunidad de La Rioja, con 113.
Movilidad “en condiciones seguras”
Una vez que empresas y candidatos lleguen a un acuerdo, el coordinador general de Asaja reclama que los servicios públicos de empleo tramiten sus contratos con rapidez. Y que los gobiernos central y autonómicos faciliten la movilidad “en condiciones seguras” entre provincias y regiones, para permitir que, por ejemplo, los 12.000 madrileños dispuestos a trabajar, pero que viven en un territorio con poco empleo agrícola, puedan ir a las zonas donde no hay suficiente mano de obra local.
La clave para asegurar y organizar ese trasvase migratorio interior está en que las empresas ofertantes proporcionen alojamiento y transporte a los contratados. De éstos, el 45% precisa que necesitaría alojamiento en el destino. Entre las empresas ofertantes, ofrecen alojamiento 86 (16,9%), no lo ofrecen 77 (15,13%) y el resto no contesta aún. A la pregunta de si se harían cargo del transporte de los contratados, responden que sí 95 empresas (18,66%), 68 dicen que no (13,36%) y el resto, 346, no se pronuncia aún.
En el mapa que dibujan estos datos se aprecia a simple vista la España del desierto demográfico: hay demandantes en todo el país salvo en franjas y manchas en espacios montañosos del interior, que coinciden con las áreas menos pobladas.
Desde Asaja en Sevilla, su director de comunicación, Quiliano Jaraíz, señala a este periódico que para comprender bien la geografía de las campañas agrícolas y los movimientos de los temporeros hay que estudiar caso por caso. “No queremos crear un efecto llamada”, explica, hacia provincias donde la falta coyuntural de mano de obra por el cierre de fronteras se va a cubrir fácilmente con parados de los mismos pueblos procedentes de otros sectores, muchos de ellos familiares de los propietarios o de las cuadrillas habituales.
Es lo que ocurre en la fértil comarca de la Vega del Guadalquivir en torno a Sevilla capital, en pueblos como La Rinconada. Uno de sus principales empresarios agrícolas, Manuel Vargas, de Exportaciones Extremeñas, explica al periodista en uno de sus naranjales, mientras una cuadrilla de veteranos poda ramas tras acabar la cosecha de cítricos, que aquí no sólo no va a hacer falta mano de obra, sino que ya “hay de sobra” por efecto del paro acumulado en otros oficios. Él contrata a unas 50 personas, según la temporada, que trabajan recolectando (50% españoles y 50% de otras nacionalidades, principalmente rumanos que viven en la zona desde hace años) y envasando en el almacén (mujeres casi todas, 80% españolas). Tras terminar la naranja, empezará en mayo con unas pocas hectáreas de nectarina y, sobre todo, patatas, melones y sandías.
“Es un trabajo esclavo”
Avisa el experimentado empresario, de 68 años, a quien quiera venir a buscar trabajo en el campo: “Es muy duro; es un trabajo esclavo”. Su cuadrilla fija de podadores, vecinos todos de La Rinconada, tipos bregados desde la infancia, termina por hoy la faena, como Juan Sánchez Ortega (55 años), Juan Arias Aguilar (52) y Antonio Aranda (60). Empieza a sonar el runrún de conocidos y familiares en paro que piden que, si hay hueco, los metan en la cuadrilla haciendo lo que sea. Otro Antonio, el yerno de 40 años de Aranda, relata por teléfono que ya le ha pedido a su suegro que se acuerde de él, porque es vendedor ambulante y no sabe cuándo podrá volver al mercado: “Trabajé hace 15 o 20 años una vez en la fresa. Ahora, como está la cosa, no puedes elegir. Te agarras a un clavo ardiendo”, dice el vendedor ambulante en paro.
Con sus grandes tijeras sujetas entre sus manos, endurecidas a lo largo de toda una vida de peón, el podador Antonio Aranda sonríe con cierta ironía al comprobar el paradójico triunfo laboral que ha conseguido por culpa del virus: “Ahora somos unos privilegiados”. El privilegio de trabajar en el campo en tiempos de pandemia, aunque sea a 45 euros la peoná.